Por: Germán Senna Pico
Las narrativas adoptadas por ex militares encartados en delitos de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, no son propias de una persona que genuinamente pide perdón a la sociedad por crímenes cometidos, eso obedece a un libreto de la izquierda para direccionar la culpabilidad de estos hechos al gobierno de turno.
En este caso sólo al gobierno de Álvaro Uribe, pues por la adecuación de la mal llamada jurisdicción de paz (JEP), sólo se suscribió a la investigación de estos hechos a la línea del tiempo del gobierno Uribe, dejando por fuera todos los falsos positivos de los gobiernos de Samper y Pastrana que podrían triplicar a los cometidos entre 2002 y 2010.
Los militares se escudan en esa narrativa que desde luego hace parte de los libretos de la izquierda lapidaria, que ahora quiere reescribir la historia de violencia en Colombia para sacar réditos políticos de ello y, de esa manera salir airosos de las culpas de sus miles de crímenes. En nuestra condición de ex actores armados y, cómo uno de los primeros denunciantes de los temas de falsos positivos ante los estrados judiciales en los tribunales de Justicia y Paz, puedo corroborar que el tema de falsos positivos no fueron crímenes cometidos para complacer a determinado gobierno; en verdad esto obedeció más a hechos de corrupción que a una rendición de cuentas por bajas.
Los militares que han confesado hechos de esta magnitud, sólo se han limitado a confesar el crimen contra una persona en total estado de indefensión, pero no confiesan nada sobre el dinero que recibían por parte de jefes de grupos armados o de jefes del narcotráfico en las zonas de influencia. Los oficiales y sub oficiales de fuerzas comprometidos en estos crímenes, todos estaban en nóminas de los grupos armados y de jefes de estructuras del narcotráfico.
Todos los comandantes de batallón, brigadas y de compañías en las áreas donde se cometieron estos delitos, necesitaban justificar la operatividad simulando hechos de combates que incluían muertos o incautaciones de alijos de cocaína, insumos para el procesamiento de narcóticos, vehículos con explosivos, armas y drogas, esto se hacía para demostrar operatividad en la zona y todos los que intervenían en estos hechos en cualquier grado y fuerza, recibían una paga por parte del grupo armado que estuviera en la zona y del jefe narco que tuviera laboratorios en las zonas.
No se ha dicho que muchos comandantes de unidades operativas de Ejercito y Policía con conocimiento de la ubicación de laboratorios de procesamiento de cocaína en las zonas de injerencia, exigían que aparte de los dineros que se les pagaba, el jefe de grupo armado o narcotraficante, debía entregar mínimo dos muertos por mes y entregar material para la incautación de alijos de coca o determinada sustancia para no despertar sospecha ante el mando superior.
Eso no lo han aclarado los militares que ahora confiesan en la JEP, los hechos de lesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), que es en realidad los hechos que juzga la mal llamada jurisdicción creada por las FARC y sus socios la familia Santos Calderón.
Luego me parece un espectáculo patético y deshonroso para la gran mayoría de militares que respetan a la institución y portan su uniforme e insignias con honor, valentía y respeto; lo que hacen los ex militares encartados ante la JEP para exculparse de los crímenes cometidos, esconde un trasfondo que desde luego sólo pretende direccionar las culpas de estos hechos a un gobierno, quedando ellos como simples servidores que cumplieron ordenes, pero en verdad están escondiendo o maquillando sus propias culpas.
Sería bueno saber quién, o quienes están detrás de las narrativas de los ex militares que hoy direccionan la culpabilidad de sus crímenes a un superior abstracto, les aseguro que encontraran a los mismos que se inventaron la narrativa de “víctimas del conflicto” para esconder a los verdaderos criminales de FARC que cometieron miles de crímenes peores que las ejecuciones extrajudiciales.
La familia Santos Calderón, en compañía de Enrique Santiago, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo en concilio con sus pares de FARC, determinaron que para esconder a los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC que en este caso tienen nombre y apellido, debería aparecer con la mampara de “víctimas del conflicto”, pero para direccionar los crímenes abominables cometidos por ex militares, inventan la narrativa de “órdenes superiores”.
La insurgencia política no sólo está representada en aquellos defensores a ultranza de Santrich, Iván Márquez o a los que defienden a los terroristas urbanos de la mal llamada primera línea, también están infiltrados en los medios de comunicación o mal llamada prensa independiente, que desde luego están fletados para crear contenidos que deslegitimen a nuestros soldados y policías o a determinados funcionarios.
Así lo vimos la semana pasada cuando llegaron a la vereda el Remanso en Puerto Leguízamo Putumayo, después de una operación legitima contra estructuras de las FARC, un grupo de “periodistas independientes” de Bogotá que, al parecer sólo pretenden deslegitimar la acción legitima de la fuerza pública donde dieron de baja a once (11) miembros de esta estructura armada y hacer creer que la operación fue un falso positivo contra personas inocentes.
No tuvieron en cuenta ni por un instante, la actividad de inteligencia desplegada por Ejército y Policía durante varios meses para poder llevar a cabo esa operación, descalificaron las evidencias en videos tomadas semanas antes por soldados y policías expertos en infiltración que expusieron sus propias vidas para localizar e identificar a los miembros de esta estructura para poder neutralizarlos como evidentemente sucedió con el operativo.
Cuando llegaron los “periodistas independientes” al remanso en putumayo, enseguida fueron recibidos por miembros de ONGs que todo mundo sabe con y para quien trabajan, donde lógicamente con el libreto aprendido direccionan testimonios para después al estilo posverdad de los que quieren reescribir la historia, dar a conocer una actuación muy diferente a la que en verdad sucede en estas zonas.
Aluden que entró un grupo armado vestido de negro, como si las operaciones a cubierta tuvieran que ser informadas a los objetivos a neutralizar.
Sería bueno que estos periodistas que se hacen llamar “independientes”, investigaran sobre los más de 200 menores indígenas y campesinos reclutados durante los últimos tres meses en Cauca y Putumayo por las disidencias de las FARC, donde se evidencia que muchos gobernadores indígenas en estas zonas, son cómplices y en muchos casos, determinadores de los reclutamientos en zonas veredales y resguardos indígenas. Pero no esperaremos tanta bondad y criterio investigativo del “periodismo independiente” que, según ellos, son los únicos dueños de la verdad verdadera.
