Ppr: Jorge Cárdenas
Dice el adagio popular “Mas rápido cae un mentiroso que un cojo” y en las últimas semanas eso se ha visto confirmado de manera palpable en nuestro país.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez; quien empezó denunciando a Iván Cepeda por una evidente manipulación de testigos y terminó siendo él quien injustamente fuera privado de la libertad bajo el mismo cargo mientras el manipulador senador de las FARC fue exonerado por la Corte suprema de justicia; dio un giro inesperado tras la renuncia por parte del expresidente a su fuero como congresista lo que permitió acceder al material que la corte, en clara confabulación con Cepeda y los conspiradores, mantenía en reserva al público con la excepción de periodistas afines a sus malévolos planes quienes filtraban solo lo que pudiera sonar condenatorio para el sindicado. Daniel Coronell fungió como jefe de prensa de los enemigos de Uribe manipulando las grabaciones a su antojo y publicándolas para hacerlo parecer culpable ante la opinión pública y que, aún sin derecho a defenderse, ya el veredicto lo hubiera condenado.
Vicky Dávila y la Revista Semana han publicado sin ninguna edición los interrogatorios a paramilitares y testigos de las verdaderas razones por las cuales el senador del Polo Democrático, el mismo partido del robo llamado carrusel de la contratación de Bogotá, visitó cientos de veces a gran cantidad de presos recluidos en cárceles de Colombia y el extranjero buscando quienes se entusiasmaban a atestiguar en contra de quien más ha combatido los carteles del narcotráfico quienes han utilizado su mal llamado carácter de beligerancia para someter a los ciudadanos a toda clase de vejaciones.
El senador Cepeda, hijo de quien le diera nombre a uno de los más violentos frentes de las FARC; quien ha negado ser miembro de esa organización pero que solo le faltó hacer huelga de hambre para interceder por la liberación de Jesús Santrich capturado tras haber sido grabado negociando un cargamento de droga con destino a EE. UU.; ha liderado durante años la persecución al gran colombiano
Aún con el testimonio del sobrino de Iván Márquez, también capturado y quien hacía parte del video, la JEP lo dejó en libertad y la corte suprema exigió que debía tomar posesión como senador. Unos pocos días después de semejante insulto al país el ciego con mayor visión del universo logro fugarse en una cinematográfica historia, solo y en la mitad de la noche, para aparecer luego junto a Márquez y otros hampones en un amenazante video ratificando lo que ya se sabía, que no van a dejar de traficar con drogas ni de atentar contra la seguridad de la ciudadanía inerme.
Escuchar los testimonios que ha reproducido Semana produce una profunda indignación porque cualquier persona sin el menor conocimiento del derecho habría tomado en cuenta lo que tantos han dicho para abrir, por lo menos, una investigación formal contra Cepeda y Monsalve; el testigo estrella a quien le regalaron una millonaria finca a cambio de su acomodado testimonio.
Todo lo que rodea a ese testigo es más que sospechoso. Tanto como la actitud de la corte. La historia de su esposa, el precio de la finca, su intento de retractación, su relación con Cepeda Castro, todo da claras muestras de una confabulación que solo la corte no reconoce.
También es muy sospechoso el cambio de posición de los alcaldes de izquierda que pasaron de una postura delirante de protección durante la cuarentena por la crisis del Covid a autorizar marchas aún con el conocimiento de que estarían infiltradas por las FARC y el ELN, como se supo que sucedió con Claudia López en Bogotá.
El frontal apoyo de la alcaldesa, Quintero Calle y Jorge Iván Ospina (hijo de otro líder de un grupo narcoterrorista) a los manifestantes que acabaron con CAIs, buses y propiedades públicas y privadas, sobrepasó sus funciones como primeras autoridades de policía para convertirse en parte de quienes, con desmanes, quieren imponer su autoridad.
Durante más de un siglo la Policía Nacional ha combatido frentes criminales que resultan inimaginables en otros países. Durante la década de los 90s y principios del 2000 enfrentaron ataques perpetrados por cientos de “guerrilleros” a pequeñas poblaciones defendidas apenas por un puñado de ellos. Muchos fueron asesinados y otros convertidos en rehenes y llevados a campos de concentración en la mitad de la selva donde eran tratados como animales durante años de cautiverio.
La cantidad de agentes y oficiales asesinados de múltiples maneras por cualquiera de los grupos delincuenciales del país deben ser contados por miles y ni que hablar de quienes han resultado heridos y mutilados por ellos.
Por supuesto que entre más de 167.000 efectivos habrá quienes manchen la labor de la mayoría y no cabe duda de que deben ser tratados con todo el rigor de la ley, pero pedir que sea desarticulada la que es considerada una de las mejores fuerzas del orden del mundo solo se puede explicar como una concesión al deseo de los delincuentes pactada en La Habana.
Nuestras fuerzas armadas cumplen una labor tremendamente importante en un país plagado de delincuentes que cuentan además con fondos ilimitados producto de lo rentable que resulta ser el mayor productor de cocaína del mundo.
Si permitimos que triunfen sus intenciones llegaremos a ser un estado fallido, peor aún que lo vivido en los 80s y 90s.
Cada vez se ve más claramente la participación tras bambalinas del expresidente Juan Manuel Santos. Sus reuniones con Cepeda y la cúpula de las FARC, sus “profecías” sobre el retorno de las marchas, pero, sobre todo, el apoyo que debió darle a Cepeda en su labor de compra de testigos es más que manifiesta. ¿De qué otra manera puede explicarse que un senador tenga acceso a cárceles, a traslado de presos, a promesas de protección a familiares en el extranjero si no estaba soportado por el gobierno nacional? Más aún cuando ese senador, en teoría, hacia parte de la oposición a ese gobierno.
Quienes nos oponemos a esas oscuras intenciones debemos organizarnos y marchar a nuestra manera. Sin vandalizar, sin agredir a otros ciudadanos, sin impedir la libre movilización, pero haciéndonos sentir de alguna manera porque somos más y porque no estamos dispuestos a dejar el país en mano de quienes han sido sus verdugos.
Debemos estar más unidos que nunca porque si no lo hacemos ahora vamos a terminar todos secuestrados dentro de nuestro propio país o exiliados para siempre huyendo de la persecución de unos hampones que jamás han hecho nada por Colombia.
El llamado de algunos políticos a que continúe la destrucción y el vandalismo muestra que ellos están más organizados y que solo es cuestión de tiempo para que consigan sus objetivos.
Las verdaderas marchas deben ser por la unidad, la defensa de las instituciones y el rechazo a esos falsos lideres que quieren acabar con el país.
