Por: Alejandro Ramírez
Lo que viene sucediendo en la Agencia Nacional de Minería bajo la dirección de la Dra. Silvana Habib Daza, debería llamar la atención del país no sólo por la importancia de la actividad minera, cuyas regalías le permiten al fisco inversión, sino porque asegura la sostenibilidad de un negocio en medio de un “trade off” complejo: asegurar el flujo de recursos a la Nación, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la vida de quienes se involucran en ella.
No menos importante, por lo grave que resulta, es que la Dra Habib hubiese contratado de forma directa como representante de la Agencia, a su pareja, Dr Felipe De Vivero, como lo demuestran contratos firmados en el último trimestre de 2019, por valor superior a los 2.100 millones de pesos, anexados a esta columna.
A quienes me voy a referir en esta columna, llevan ya dos años usufructuando un gobierno sin haber sido promotores de las causas que llevaron al Presidente Duque a la casa de Nariño. Algunos de ellos hicieron nicho en una red sofisticada de contrataciones que hoy continúan, a pesar de los grandes cuestionamientos que, en su momento, les hizo el país.
Se conoce el caso de la Ex ministra María Lorena Gutiérrez, quien aún mantiene gran influencia sobre el sector minero a través de quienes conformaron su gabinete ministerial, y como presidente de una importante firma de banca de inversión en Colombia en la actualidad, guarda importantes secretos de capítulos que marcaron el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que ha venido sucediendo en la cartera de Minas, en tránsito a cartera de “Energía”, es uno de estos sorprendentes casos.
La ex ministra -“Super ministra” del gobierno de Juan Manuel Santos- tuvo como su cercana asesora, a Silvana Habib Daza. Y en el gobierno de Santos, la Dra Habib fue nombrada directora de la Agencia Nacional de Minería. Cargo en que ha sido ratificada por el actual gobierno.
La fiscalización minera es una actividad determinante para el desarrollo del sector, especialmente para la minería de socavón, o subterránea, por la necesidad de asegurar la vida de los mineros y, al haber flexibilizado sus controles – en ejercicio de la delegación del Ministerio de Minas en resolución 876 de 2012- la actual Agencia Nacional de Minería, puede terminar siendo responsable de un resultado tan triste como es la muerte de 70 mineros en un solo semestre. Para hacer una comparación, en todo el año 2019, esta cifra fue de 88 lamentables muertes, esperando un grave aumento este año.
En extrañas circunstancias, no hay una alarma social que refleje lo grave de esta cifra. Y es que mientras antes se requerían 2 visitas de fiscalización, hoy sólo se requiere 1. El cambio que produjo la Agencia Nacional de Minería en las visitas de fiscalización, es aún más grave hoy, en épocas de COVID19. Igualmente grave, y contribuye a esta elevada cifra de muertos, que se levantaran las suspensiones pendientes sobre varios títulos mineros, aún cuando sus titulares no ofrezcan condiciones de seguridad, bajo graves cuestionamientos de corrupción.
Una indebida gestión de la fiscalización incentiva un negocio nefasto, que en tantas entrevistas a personas de las zonas en conflicto hoy, se reconoce más rentable que el narcotrafico. Hablo por supuesto de la minería ilegal: no existe un enemigo más grande para la capa vegetal y gran enemigo del orden público, puesto que son los combos delincuenciales y los GAOR quienes la promueven como fuente de elevadas ganancias. El año pasado, el presidente de la compañía Mineros S.A., Andrés Restrepo, advertía que la minería ilegal de oro movía al año aproximadamente 1.200 millones de dólares. La fiscalización de la minería es tan importante, en consecuencia, que puede evitar volver esta actividad objeto de quienes persiguen rentas ilegales y logran blanquear cuantiosos capitales, por ejemplo del narcotráfico.
No menos importante, la fiscalización de la minería evita que se aumente el número de hectáreas de bosques que desaparecen al año, habiendo alcanzado una cifra de 197 mil hectáreas de bosques en el año 2018, cuando se atribuye a la minería ilegal el destrozo de 100 mil hectáreas en los últimos años, cifra que no se puede subestimar y demuestra los graves efectos de prorrogar estos errores en este gobierno.
Por último, en la fiscalización de la minería convergen esfuerzos de otras instituciones, como los de nuestras fuerzas militares. Fue muy grave que el gobierno de Juan Manuel Santos también flexibilizara estos controles, como resulta claro de los informes de Revista de Inspección General del Ejército Nacional, sobre los cuales nada dice “Bastón” en cuanto a graves hallazgos en los servicios de seguridad y escoltas que nuestro Ejército prestaba a las compañías mineras en diferentes regiones del país.
Los casos de flexibilizar los controles del Estado en la Minería, dejan al actual gobierno en una grave disyuntiva: la continuidad de la directora de la Agencia, a pesar de la pobre gestión que deja la fiscalización minera, con todo y la inconformidad que genera en la bancada oficial esta funcionaria.
