Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
Hace 35 años, recién egresado de la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’, tuve el privilegio de comandar una compañía de la naciente Dirección de Antinarcóticos de nuestra Policía Nacional.
Nos internábamos en las selvas del Chocó en búsqueda de alijos de drogas mimetizados en chalupas, las cuales intentaban llegar a Panamá. Tiempo después contribuí a combatir el flagelo del narcotráfico en los Llanos Orientales, donde los delincuentes utilizaban la vasta sabana para construir pistas clandestinas, utilizadas por pilotos comerciales al servicio de la mafia.
Desde tiempos tan pretéritos comenzó a escribirse la épica historia de la Dirección de Antinarcóticos, cuyo festejo de aniversario, el pasado miércoles, pasó prácticamente inadvertido para la mayoría de colombianos. Sin embargo, para quienes conocemos las gestas de esta especialidad, fue un día para rendirle tributo a la memoria de hombres tan valiosos como el brigadier general Jaime Ramírez Gómez, uno de su mejores directores, asesinado por el cartel de Medellín en 1986 en retaliación por haberle destruido dos años atrás ‘Tranquilandia’, el complejo cocainero más grande en la historia de la mafia, situado en los Llanos del Yarí, operación que les dejó a los narcos pérdidas por más de mil millones de dólares.
La génesis de la Policía Antinarcóticos se remonta a los años 70, cuando valientes policías combatieron sin tregua la bonanza marimbera. Luego, el 28 de abril de 1981, se creó el Servicio Especializado de Antinarcóticos, elevado a la categoría de Dirección en 1986, con el irrestricto apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Sus capacidades fueron determinantes para desmantelar, en los años 80 y 90, los más poderosos carteles de la droga, y continuar su titánica misión en los albores del nuevo siglo, hasta hoy, contribuyendo a contener una de las peores amenazas contra la salud pública y las instituciones.
Conocí de primera mano la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico, mediante la cual se busca reducir las áreas de cultivos de coca; diezmar los núcleos de producción, tráfico de drogas y sustancias químicas; atacar los nuevos actores dinamizadores del problema y sus rentas criminales; orientar la prevención integral en comunidades y territorios afectados por el Sistema de Drogas Ilícitas y actuar con enfoque multidimensional, de la mano de las distintas autoridades comprometidas en esta difícil tarea.
En tan solo la década comprendida entre 2008 y 2018, la Policía Nacional erradicó más de 800.000 hectáreas de cultivos ilícitos, destruyó 19.357 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes e incautó más de 6000 toneladas de drogas ilícitas, incluidas 1830 toneladas de cocaína, de las cuales 319 fueron decomisadas en 2017, una cifra récord en la batalla contra los emporios económicos del crimen organizado.
Esta tendencia se ha mantenido hasta el presente, no solo para seguir aprehendiendo grandes cargamentos y develar nuevas formas de mimetizar las drogas, sino también para capturar a capos de la talla de ‘Otoniel’.
Son más de 7000 héroes que a diario se juegan la vida misma, por tierra, mar y aire, para librar a la humanidad de este fenómeno que carcome los cinco continentes y contribuye a desestabilizar los más preciados valores individuales y colectivos de nuestra sociedad.
Su trabajo armónico con otras Direcciones de la Policía Nacional, con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades del Estado, aunado al apoyo de miles de labriegos y gracias a una fluida y creciente cooperación internacional de Estados Unidos y varios países europeos, le han permitido a nuestro país ser líder global en la lucha contra esta problemática transnacional.
Ya lo he dicho en este espacio y otros escenarios, nunca compartiré la ligera afirmación de que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Eso sería una afrenta a nuestra historia y a la memoria de miles de estoicos colombianos, desde candidatos presidenciales, ministros, jueces, militares, policías, hasta periodistas, humildes erradicadores y ciudadanos anónimos, que entregaron sus vidas para enfrentar esta plaga y salvaguardar nuestra democracia y libertades.
Pero ya es hora de avanzar y construir una visionaria e innovadora estrategia antidrogas, que vaya más allá de la repetitiva discusión sobre el uso del glifosato para fumigar cultivos de coca, la erradicación forzosa, el derrumbe de ranchos que sirven de expendios y la penalización de la dosis mínima.
Este plan debe ser uno de los pilares de la Nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático, capaz de abordar incluso temas tan controversiales como la despenalización o legalización de las drogas.
Es impensable que una decisión de este nivel pueda ser el resultado de la iniciativa unilateral de Colombia o de cualquier otro Estado. Debe ser producto del consenso internacional. Pero nuestro país sí tiene la suficiente autoridad moral para diseñar, en especial junto con Estados Unidos y México, una propuesta en ese sentido, que sea debatida en el seno de las Naciones Unidas, con amplia participación de la Unión Europea y el resto de países comprometidos en encontrar salidas a este flagelo transnacional.
Sea esta la oportunidad para rendirles un sentido homenaje a nuestros héroes policías que han perdido la vida o resultado heridos combatiendo los distintos eslabones del tráfico de drogas, lo mismo que a sus familias. Su sacrificio jamás fue en vano, pero, por eso mismo, tenemos que avanzar en la búsqueda de soluciones integrales que permitan quitarle el poder corruptor a esa subcultura criminal, que todavía atrae a muchos jóvenes deseosos de dinero supuestamente fácil, doblegar su capacidad de intimidación y, ante todo, tratar el consumo como lo que es: un problema de salud pública.
