julio 17, 2017

Uno de los mayores accionistas de la holding Interbolsa, el empresario Víctor Maldonado, interpuso una demanda en contra del Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con pretensiones económicas por USD150 millones de dólares, alegando presuntas violaciones a una serie de derechos, entre estos, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad y el derecho a la integridad personal. Su blanco principal es el ex superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.

La acción ya fue admitida por la Corte Interamericana y el actual director de la Agencia Jurídica del Estado y funcionario de confianza el presidente Juan Manuel Santos, tendrá que responder por el cuestionado papel de los órganos de control durante la debacle de Interbolsa en un proceso en el que el Estado tendría que pagarle la millonaria suma a Maldonado.

La acción judicial asegura que Luis Guillermo Vélez, en calidad de Supersociedades, vulneró el debido proceso administrativo, al sancionar a Maldonado a 10 años de prohibición para ejercer su profesión, levantar de manera arbitraria e ilegal el velo corporativo e incautarle empresas y bienes personales, sin haber determinado ninguna conducta culposa del empresario. Hoy no hay claridad de que ha ocurrido con los bienes incautados al expresidente de Interbolsa.

Victor Maldonado fue acusado en noviembre del 2012 por las autoridades colombianas, de ser el responsable de la caída de InterBolsa. Usando el famoso decreto de emergencia emitido en el 2008 para resolver el gran esquema piramidal DMG, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, bajo el liderazgo en ese entonces de Luis Guillermo Vélez, le confiscó todos los bienes a diferencia de lo que ha ocurrido con los demás responsables, entre ellos sus entonces socios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz, amigos de Vélez, y quienes no han respondido con su patrimonio.

Pero el papel de Luis Guillermo Vélez siempre ha sido cuestionado por su cercanía con Interbolsa y los socios directivos de la firma. El 12 de diciembre de 2013, La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, agregaron a su lista de pruebas las imágenes de Vélez con los responsables de la estafa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz.

Además de reflejar la íntima relación entre ellos, las fotos sirvieron como prueba de la “grave conducta” del ex Supersociedades y sus fallas como supervisor de la mayor correduría de bolsa en el país. Los Jaramillo afirmaron en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la amistad con Luis Guillermo Vélez había empezado 10 años atrás, cuando supuestamente Vélez adelantó para ellos gestiones de lobby ante el Congreso de la República.

 

La pregunta es: ¿por qué Luis Guillermo Vélez no se declaró impedido como Supersociedades al confirmar que sí había tenido una relación de amistad con los cerebros de InterBolsa? Las fotos publicadas por Noticias RCN, generaron todo tipo de controversia al punto que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Vélez por las omisiones en las que habría incurrido en el caso.

Se supo que en dicha investigación se practicaron las pruebas testimoniales y rindió testimonio Mary Luz Ruano, esposa de Tomás Jaramillo, quien certificó los encuentros que hubo entre los Jaramillo y Vélez, y la supuesta asesoría que éste último habría hecho a esta familia con el aparente compromiso de postergar cualquier actuación contra la holding.

Vélez aseguró que “fue una amistad social casual como la que tengo con centenares de personas. Y claro ha habido eventos sociales, como con cualquier otra persona”. Sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento del estado de este proceso disciplinario en su contra.
El Expediente tuvo acceso a la demanda instaurada por Ignacio Álvarez, abogado de Maldonado ante la CIDH, quien pertenece al bufete Álvarez Martínez con sede en Washington D.C.C, en donde señala que ”se violó el derecho a la propiedad privada al haber levantado el velo corporativo de sus compañías, con el fin de perseguir su patrimonio personal y obligarlo a pagar a las más de 1000 víctimas, cuando hay más de 120 deudores que actualmente se encuentran en libertad y sin responder económicamente”.

La demanda, que ya está radicada en la CIDH, cuestiona por qué las autoridades colombianas comenzaron una cacería de brujas para buscar un culpable del descalabro persiguiendo resultados financieros inmediatos para responder a los cientos de inversionistas que habrían sido perjudicados: Sin mayores elementos de juicio la Supersociedades le endosó toda la responsabilidad a Víctor Maldonado previendo que era la persona con más solvencia financiera y dirigieron todo su poder para perseguir sus bienes.

“Sin ninguna consideración a las leyes ni a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados ratificados por Colombia, la Supersociedades echó mano a un decreto de emergencia económica (4334) y, en una interpretación completamente arbitraria, en un proceso sin respeto de las garantías del debido proceso y sin acceso a revisión, sancionó al señor Víctor Maldonado”, afirman en el documento oficial.

Al parecer, Vélez habría omitido dentro de su investigación, un documento de la Superintendencia Financiera de radicación número 2013-01-257726 dirigido a su nombre y firmado por la Superintendente Delegada para Intermediarios Financieros, Luz Ángela Barahona, en donde se constata que las sociedades de Maldonado no estaban realizando operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

Como ex Supersociedades,Luis Guillermo Vélez nombró al liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, duramente criticado por las víctimas del Fondo Premium, por haber realizado subastas privadas con algunos de sus amigos y vender el patrimonio de Maldonado a precios muy bajos. También realizó avalúos con firmas novatas, pidió comisiones millonarias con IVA y regaló la liquidación a una fiducia.

La CIDH envió una carta a la canciller colombiana María Ángela Holguín, en la que le da plazo hasta el 25 de julio para responder a la demanda, al igual que 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado: “Solicito respetuosamente al gobierno de su excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, dice la comunicación suscrita por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed.

De ser declarada finalmente la responsabilidad internacional de Colombia, el Estado podría verse obligado a indemnizar a Maldonado y su familia, y podría verse obligado a modificar su legislación. Lo anterior, por las omisiones y actuaciones de Luis Guillermo Vélez como Supersociedades.

Sigue causando curiosidad que el presidente Santos lo haya nombrado Secretario Privado de Presidencia, después de haberse conocido estos hechos y peor aún, lo nombró hace un par de meses, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en donde tendrá que evitar que los colombianos paguen por sus presuntas omisiones y posibles violaciones como Supersociedades.