En el departamento de Caldas, tres importantes contratos públicos presentan serias irregularidades según documentos radicados ante la Fiscalía. Se trata de las obras de Vías del Hermanamiento, el programa Mil Viviendas y la ampliación del Hospital Santa Sofía. En los tres casos se entregaron anticipos por miles de millones de pesos a consorcios que, según las evidencias preliminares, mostraban bajo avance de obra o no justificaban el uso de los recursos.
Los procesos involucran a exfuncionarios de la Gobernación de Caldas y han generado radicados en diferentes despachos fiscales. Aunque las investigaciones siguen en curso, los documentos consultados por El Expediente revelan un patrón preocupante: anticipos sustanciales y ejecución limitada de las obras.
Todo comenzó en septiembre de 2022, durante la administración del entonces gobernador Luis Carlos Velásquez Cardona. Ese mes se adjudicaron dos contratos clave. El primero, por más de 33.462 millones de pesos, correspondía a las mejoras de las Vías del Hermanamiento en municipios como Samaná.
Se firmó con el Consorcio ELEIN Samaná y se giró un anticipo cercano a los 10.038 millones de pesos. Según peritajes técnicos que obran en la Fiscalía Seccional, bajo el radicado NUNC 170016000256202316134, el avance real de las obras no correspondería al monto desembolsado.
El mismo 14 de septiembre se firmó el segundo gran contrato: 25.000 millones de pesos para construir cerca de 980 soluciones habitacionales en 15 municipios del departamento. El Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas recibió un anticipo de 10.000 millones. Peritajes financieros y visitas de campo, según los documentos del radicado NUNC 170016600256202512127, indicarían que una parte importante de esos recursos no se habría ejecutado conforme al objeto contractual.
El tercer caso, aún en desarrollo, es la ampliación del Hospital Departamental Santa Sofía. El contrato, firmado en 2024, supera los 124.000 millones de pesos en su primera etapa y ha recibido anticipos superiores a los 36.000 millones, con adiciones posteriores. Este proceso fue remitido a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción.
Los expedientes incluyen peritajes de ingeniería civil, inspecciones judiciales, entrevistas a testigos, declaraciones juradas e interceptaciones telefónicas autorizadas por juez de garantías. En los documentos se menciona el nombre de la exsecretaria de Vivienda Natalia Gutiérrez Arcos como persona que habría participado activamente en los procesos contractuales.
Hasta el momento, las investigaciones avanzan con relativa lentitud según las fuentes consultadas. Se han solicitado medidas como órdenes de captura, allanamientos e inspecciones contables a varias empresas involucradas, pero varias de estas peticiones aún no se han materializado por completo.
Los tres casos comparten características similares: adjudicación a consorcios con aparente bajo respaldo patrimonial, entrega de anticipos importantes y ejecución que, según las evidencias técnicas, no correspondería a los recursos girados.
Los posibles delitos que se analizan en los radicados incluyen peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y concierto para delinquir.
Estos procesos ponen en evidencia la necesidad de que las autoridades avancen con celeridad. Miles de millones de pesos de recursos públicos, provenientes de impuestos y regalías, están en entredicho, mientras las obras que la ciudadanía espera siguen sin concretarse.
El Expediente seguirá monitoreando el curso de estas investigaciones. Este medio respeta el principio de presunción de inocencia de todas las personas mencionadas y pone a disposición de las autoridades cualquier información adicional que obre en su poder. Invitamos a los involucrados a ejercer su derecho de réplica si lo consideran necesario.