Por: Zaida Piñeros
El pasado martes, fuentes cercanas me confirmaron que Yanlicer Pérez Hernández es el más fuerte candidato del Gobierno de Gustavo Petro para convertirse en el nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios durante los próximos cuatro años, cargo que, por norma, es de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.
Hasta hace tres años Yanlicer Pérez Hernández fue el subdirector de recolección, barrido y limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), cargo que ejerció desde el año 2016 y hasta finales de 2019, por lo que en 2017 colaboró en la estructuración del esquema actual del servicio público de aseo en Bogotá (licitación pública Nº UAESP-LP-02-2017 del 11 de agosto de 2017), el cual se presta a través de áreas de servicio exclusivo (artículo 40 de la Ley 142 de 1994) y, además ejerció esa labor en parte de la ejecución de los contratos de concesión de los cinco operadores de Bogotá (Área Limpia, Bogotá Limpia, Ciudad Limpia, Promoambiental Distrito y Lime).
Actualmente, Pérez se desempeña como asesor externo de Corabastos (de economía mixta y con acciones públicas que pertenece a la Rama Ejecutiva) por lo que, de acuerdo con las actas de reuniones y comunicaciones que firmó, Yanlicer participó en el proceso de la convocatoria pública Nº 005 de 2022 de la que hace días denuncié, en este mismo medio, el carácter inconstitucional de sus condiciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas de los pliegos y su anexo técnico al excluir a los recicladores de oficio dado que únicamente se permitió la participación de las “empresas de servicios públicos domiciliarios, autorizadas para prestar el servicio público domiciliario de aseo o recogida de residuos sólidos urbanos (…)”, por lo que la actividad de aprovechamiento también sería prestada por una empresa privada, sin que esta población, históricamente discriminada, tuviera la posibilidad de acceder al material del que varias familias obtienen sus ingresos para su subsistencia diaria.
Al respecto, cabe recordar que, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro fue la protección de la población recicladora de oficio mediante acciones afirmativas, por esa razón, en garantía al cumplimiento de este compromiso y adicionalmente a lo que el plan de desarrollo y las reformas legislativas quieran implementar para cumplir las propuestas que apostó la campaña presidencial ‘súmate al cambio’ de Gustavo Petro, los funcionarios que nombre o tenga en su lista de elegibles para acompañarlo durante cuatro años también deberían cumplir e ir en el mismo camino con lo que se pensó y prometió en su campaña.
De esta manera, al ser Yanlicer Pérez el más opcionado a convertirse en el nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios, es una paradoja que, cómo futuro líder de este ente de control y vigilancia haya marginado la participación de los recicladores en la convocatoria pública de Corabastos, una población a la que la ‘Bogotá Humana’, liderada por Gustavo Petro cuando fue alcalde de la capital, le dio prioridad y luchó contra viento y marea por proteger y salvaguardar sus derechos fundamentales mediante su inclusión en el esquema de aseo que, para ese entonces se prestaba en Bogotá.
Igualmente, vale la pena precisar que la jurisprudencia constitucional propende por la garantía de los derechos fundamentales en la labor de los recicladores de oficio frente al ejercicio libre y sin barreras injustificadas de la actividad de aprovechamiento como empresarios de la basura que son, la cual hace parte del servicio público de aseo, por lo que es vigilada por la superservicios.
Asimismo, fuentes cercanas me confirmaron que Yanlicer Pérez se reunió varias veces con personal de Interaseo de propiedad de William Vélez o el conocido “zar de las basuras”, en el desarrollo del proceso de la convocatoria pública Nº 005 de 2022 de Corabastos, curiosamente la única empresa de servicios públicos que participó; la única que cumplió con los requisitos de los pliegos de condiciones y su anexo técnico y, a la que finalmente le fue adjudicado el contrato.
Por su parte, el 15 de enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Yanlicer Pérez Hernández por presuntas irregularidades en la recolección de basuras e implementación del nuevo servicio de aseo en Bogotá, en febrero de 2018. Pues al parecer, Yanlicer Pérez incumplió sus funciones en la estructuración, estudio, análisis y evaluación para adjudicar los contratos al no incluir como obligación contractual la recolección y transporte de residuos de demolición, construcción o voluminosos abandonados en el espacio público.
Esta omisión provocó una grave afectación al servicio público de aseo en Bogotá desde el 12 de febrero y hasta el 21 de marzo de 2018 al no tener un contrato firmado para esas fechas con el objeto de ejecutar la actividad de recolección de los residuos mixtos.
Por otro lado, el 21 de julio de 2022 la Contraloría de Bogotá D.C. le abrió a Yanlicer Pérez un proceso de responsabilidad fiscal por un posible detrimento patrimonial de $4.832.948.020 millones debido a las irregularidades en la ejecución de los contratos de concesión de Promoambiental Distrito, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia suscritos con la UAESP por la compra de las cestas públicas M-121, las cuales se encuentran instaladas en espacio público, cuyo valor fue aprobado y pagado por la UAESP incluyendo IVA, el cual no debió ser facturado ni avalado por la interventoría Consorcio Proyección Capital, según el órgano de control fiscal, ya que en concepto de la Dian, estas tienen el carácter de excluido al hacer parte de los componentes accesorios para la prestación del servicio público de aseo y recolección de basuras, y el artículo 476 del estatuto tributario en el punto 12 también establece que el servicio público de aseo es excluido del IVA., por lo que, de acuerdo con la Contraloría, se pagó un mayor valor en el precio que se tenía regulado y estimado para estas canecas.
Pues previo a la apertura de este proceso, en julio de 2019, ya se había desatado una polémica por la cantidad excesiva de canecas de basura instaladas en Bogotá, situación que fue criticada y cuestionada en redes sociales por varios usuarios que publicaron fotos de ciertas vías de la ciudad en la que se instalaron al menos 12 cestas en menos de 100 metros, cuya justificación de Pérez para ese momento fue que las canecas se colocaron de acuerdo al censo poblacional y que, por cada 90 a 100 habitantes existiera una cesta disponible.
Ahora bien, en el tema político, fuentes confirmaron que Yanlicer Pérez apoyó la campaña del representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero y, al senador por el mismo partido, Miguel Uribe en las parlamentarias de 2022 -2026 y, para la presidencia del mismo periodo le colaboró a Enrique Peñalosa y seguido a ello, trabajó de la mano con Federico Gutiérrez, entonces vale la pena preguntarse ¿Cómo puede ser el nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios un aspirante que en la campaña parlamentaria y presidencial apoyó a los candidatos del único partido político (Centro Democrático) que le declaró abiertamente la oposición al actual Gobierno?
Finalmente y para que saquen sus conclusiones, valdría la pena pensar que si Yanlicer Pérez se convierte en el nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios no tendría la legitimidad para vigilar, controlar o sancionar, si se da el caso, a las cinco empresas concesionarias del servicio público de aseo de Bogotá al configurarse posibles conflictos de interés dado que hizo parte de la estructuración del esquema de prestación, aunque muchos pensarían que bastaría con nombrar un reemplazo en su lugar para que ejerza esta función, que legalmente es posible, pero:
1. Algunas de las empresas que prestan el servicio público de aseo en Bogotá también lo hacen en varias ciudades del país.
2. Se incurría en gastos de nómina adicionales y mayor carga laboral al nombrar un reemplazo o superintendente ad hoc, cómo técnicamente se llama, para tratar todos los asuntos del servicio público de aseo en Bogotá, más aún cuando está en curso el conflicto entre Promoambiental distrito y el resto de los prestadores por los kilómetros de barrido cobrados demás y que no deberían incluirse en la tarifa.
3. No evitó la restricción injustificada de los recicladores de oficio en la convocatoria pública de Corabastos, por lo que estos derechos que debieron ser reclamados a través de una tutela cuyo fallo fue a favor de esta población, y en la cual se inició un desacato al no incluírseles en los pliegos de condiciones y anexo técnico, como el deber ser de inclusión y materialización de eficientes acciones afirmativas.
Pues a la fecha, esta corporación todavía no cumple con un fallo judicial cuyo contrato le fue adjudicado a Interaseo. Además, se conoció por fuentes judiciales que Corabastos firmó con Interaseo un presunto contrato, resultado de la convocatoria pública Nº 005 de 2022 que contó con la asesoría de Yanlicer Pérez, sin embargo, el documento todavía no se conoce y tampoco está publicado en la página web.
Al momento de publicación de este artículo, Corabastos no ha incluido las acciones afirmativas a favor de los recicladores en la citada convocatoria bajo condiciones de igualdad, tal como lo señaló el fallo de tutela.