Carlos Felipe Córdoba está concentrado en hacer una buena Contraloría. No hay duda que si tiene futuras aspiraciones políticas la mejor carta de presentación es la de una entidad eficaz, pero sobre todo independiente a la hora de sancionar corruptos que desde el Estado y el sector privado hacen mal uso de los dineros públicos. Pipe, como le dicen sus amigos y asesores más cercamos, es político y tiene representación de distintos sectores en la entidad, pero también se ha metido, sin distinción, con todos los poderosos a los que su equipo élite anticorrupción le ha puesto el ojo.
Desde que llegó al cargo en agosto de 2018 elegido por las mayorías del Congreso de la República dio una pelea por lograr una reforma en la entidad y la ganó. Con el acto legislativo 004 de 2019 consiguió robustecer la entidad en materia presupuestal y darle más dientes a la hora de cuidar los recursos públicos con notables resultados.
El 29 de julio de 2019 la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $26.274 millones en una decisión en la que el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave, por $1.205 millones. El fallo también cobijó a tres funcionarios de su administración y a la Fundación Ciénaga de la Virgen en calidad de contratista; a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud –Asistegral y a Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué.
La entidad también profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra el exgobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.
Otro de los grandes casos que asumido personalmente la cabeza de la entidad es el de Hidrohituango. La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billones, por fallas en planeación y ejecución del proyecto Hidroituango vinculando a 34 presuntos responsables fiscales.
Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representantes legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 Gobernadores de Antioquia y varios contratistas con un detrimento patrimonial discriminado así:
Dos billones novecientos setenta y un mil cuatroscientos millones de pesos ($2.971.400.000.000), a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto; y un billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
En materia de obras publicas la entidad también encargó a un equipo especial con varios hallazgos: un inventario de 1.193 “elefantes blancos”, obras inconclusas y proyectos críticos en el país, que suman $8,7 billones. El 60% de ellos está situado en la Costa Caribe. La mayoría son obras físicas en colegios, hospitales y proyectos de infraestructura vial.
Frente al caso de Electricaribe la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $187.227 millones contra esa empresa por la indebida aplicación de recursos del Fondo de Energía Social -FOES- destinados a la población más pobre de la Región Caribe.
También identificaron hallazgos fiscales por $89.899 millones en controles excepcionales a 13 hospitales departamentales públicos.
55 hallazgos fiscales por $11.399 millones en convenios suscritos por Coldeportes entre 2015 y 2018, para infraestructura deportiva.
Hallazgos fiscales por más de $63.000 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG.
*El Despacho del Contralor General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $91.133 millones contra dos exsuperintendentes de Salud y tres agentes interventores, por el pago de operaciones no autorizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.
La Contraloría también encontró más de $13 mil millones en irregularidades con recursos de regalías, en 10 proyectos de vivienda rural indígena en el Meta.
Sobrefacturación por más de $7 mil millones en compra de tiquetes aéreos, en la Policía, el Ejército y el INPEC, encontró la Contraloría.
La Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos fiscales por $197.963 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de Saludcoop EPS, liderado por el Agente Especial Guillermo Grosso Sandoval; y pudo verificar, el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la sociedad subordinada Corporación IPS Saludcoop, en la cual el grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67%.
La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones, por manejo irregular de recursos públicos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE. Vinculados 65 presuntos responsables fiscales, entre ellos dos exministras de Educación y otros miembros de la Junta Administradora del FFIE, 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias.
CON INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
