Por: Andrés Villota
Cuando Colombia empezó su trámite para ser aceptado como país miembro de la OCDE, recibió varias recomendaciones para adoptar buenas prácticas y, allanar así, el camino para su futuro ingreso a la organización. Por ejemplo, le recomendó al Gobierno de ese momento, retirar a los funcionarios públicos de las juntas directivas de las empresas en las que el Estado mantenía participación accionaria. Hasta ese momento en Colombia era una práctica generalizada nombrar a los Ministros de la cartera relacionada con el objeto social de la compañía, en el máximo órgano directivo de las empresas de propiedad del Estado. La respuesta del gobierno nacional, fue cambiar a los Ministros por los Vice Ministros como miembros de las juntas directivas en las que tenia asiento el Estado.
Tiempo después, la OCDE, volvió a pronunciarse y llamó la atención del gobierno colombiano que, aparentemente, entendió el sentido de la recomendación y nombró como sus representantes a personas conocedoras y con experiencia en la industria a la que pertenecía la Empresa. Sin embargo, nombró de Presidente de la petrolera Ecopetrol a Juan Carlos Echeverry ex Ministro de Hacienda del mismo gobierno.
Los meses que estuvo el ex Ministro a cargo de la Presidencia de Ecopetrol, coinciden con el periodo en el que el precio de la acción estuvo en los niveles históricos más bajos. Removió a los Vicepresidentes más experimentados y conocedores de la actividad de la empresa, para reemplazarlos por personas sin experiencia ni idoneidad para ocupar cargos tan exigentes.
La ausencia total de experiencia de Echeverry en la dirección de una empresa (de cualquier tipo) por tratarse de un economista que había dedicado su vida laboral a la docencia y al servicio público, tuvo como consecuencia la generación de expectativas negativas, dentro de sus accionistas, sobre el futuro de la empresa, y creó grandes interrogantes sobre el cumplimiento de su objeto social y de su promesa de valor.
Eso es, precisamente, lo que trata de evitar la OCDE. Que la compañía (aunque tenga al Estado de socio) deje de cumplir con su objeto social, que empiece a ser usada como la caja menor del gobernante de turno, que se convierta en una extensión de la burocracia oficial, y que deje de ser competitiva y eficiente para terminar en la quiebra. PDVSA es un ejemplo de todo lo que digo. Una de las mejores y más grandes empresas del mundo. Ejemplo para otras empresas de la industria de oil & gas, hoy se encuentra al borde de la quiebra.
La dictadura del Socialismo del Siglo XXI reemplazó a todos los empleados experimentados, por militantes del PSUV cuya única virtud para ocupar un cargo en la empresa era su filiación política. Los ingresos de PDVSA, ante la quiebra de la economía nacional por la implantación del comunismo, se empezaron a usar para tapar el inmenso hueco fiscal y pasó a ser la única fuente de ingresos significativa para la economía venezolana. Las utilidades de la empresa dejaron de ser reinvertidas y por eso, entre otras consecuencias funestas, las refinerías se quedaron sin mantenimiento, la empresa se descapitalizó y empezó a incumplir con sus obligaciones financieras.
Se acaba de anunciar el nombramiento de Juan Ricardo Ortega Gómez en la Presidencia del Grupo de Energía de Bogotá (GEB). Economista, profesor y funcionario público de profesión. Ortega Gómez es recordado por vestirse igual a Mao Tse tung cuando fue nombrado Secretario de Hacienda por el entonces Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas del partido de extrema izquierda Polo Democrático Alternativo. Ortega Gómez fue Director de la DIAN durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y ha ocupado múltiples cargos en la burocracia nacional e internacional. Pero jamás a desempeñado cargo alguno en empresas del sector real de la economía.
Caso parecido al de Álvaro Guillermo Rendón López, abogado, profesor y funcionario público experimentado que incluso ha sido Auditor General de la Nación que, fue nombrado Presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sin acreditar experiencia alguna dirigiendo a una empresa. Su gestión la inició, removiendo a los Vicepresidentes más experimentados que habían sido nombrados en sus cargos por criterio técnico y venían desempeñando sus cargos, incluso, desde alcaldías anteriores.
Sin entrar en teorías complejas sobre administración de portafolios de inversión, y solo basándonos en el sentido común, el nombramiento de Ortega Gómez y Rendón López, para cualquier accionista, inversionista o miembro de los grupos de interés, es determinante para saber y entender el rumbo que va a tomar la compañía, porque ellos serán los encargados del timón de la empresa.
La experiencia y el conocimiento del Presidente (CEO) y de los miembros de la Junta Directiva, son determinantes para formar las expectativas de lo que será el futuro de la compañía. La asignación de los precios en el mercado financiero, se basa en el riesgo. Se asume que aumenta el riesgo de la empresa cuando es dirigida por alguien sin conocimiento en la industria o experiencia previa en el manejo de una compañía de gran envergadura. Lo que trae como consecuencia lógica, la caída en el precio de la acción porque el inversionista está dispuesto a pagar menos por la acción de una empresa que le representa un riesgo mayor.
En los instrumentos de deuda, el costo financiero para la compañía aumenta, porque esa es la forma que tiene el Banco (tratándose de un crédito) o del inversionista (tratándose de un bono), para cubrirse del riesgo mayor que se asume en el largo plazo. Lo que se verá reflejado en una menor utilidad en el caso del aumento del costo financiero al momento de contraer un crédito o realizar la emisión de un bono. Y en un menor valor de la compañía en el mercado, por una caída en el precio de la acción.
La administración de una empresa hecha por políticos, y con un criterio “político” y no técnico, es una mala práctica. No solo porque la OCDE lo diga, sino porque los intereses y los resultados de los políticos no son los mismos de los stakeholders privados de las empresas. Ese descalce en los intereses ha generado distorsiones e ineficiencias en los mercados que, llevaron a cuestionar el papel del Estado como empresario, y alentó la ola de privatizaciones que se inició desde el siglo pasado y que aún no para.
La confianza y la credibilidad de la sociedad global en los empresarios es tan alta, porque muestran resultados, son eficientes, cumplen con la promesa de valor hecha por sus empresas y, en muchos casos, llenan los vacíos dejados por el Estado en salud, educación o infraestructura. Eso explicaría la tendencia global que se está presentando de escoger como Presidentes de los países a empresarios y no a políticos.
Solo nos queda esperar que los cambios realizados en la dirección de estas empresas, tan importantes para la economía nacional, no vayan a tener el mismo destino que tuvo PDVSA. Y que el interés general de la sociedad prime sobre los intereses de los gobernantes de turno.
