Por: Jazmin Balaguer
La naturaleza de la existencia del Estado es la seguridad de las personas. Esa es su principal función. En palabras de Max Weber, es quien mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, solo así se puede garantizar la paz y libertad. Como sociedad lo entendimos y diseñamos para no ocupar nuestro tiempo y energía protegiéndonos unos de otros, ante la amenaza permanente que significa un hombre para el otro en estado natural, como lo diría Hobbes, “homo hominis lupus”. Solucionado esto, podríamos concentrarnos en otros aspectos y dimensiones humanas como el disfrute de los derechos, el desarrollo económico y social, la familia, el conocimiento.
Por esta razón, la Fuerza Pública es la principal institución política de una democracia, porque la seguridad es un requisito sine qua non para lograr cualquier tipo de bienestar.
Colombia es un referente a nivel mundial por sus capacidades estratégicas, por tener una Fuerza Pública poderosa y una Inteligencia que logra prevenir crímenes salvando miles de vidas anualmente, manteniendo la seguridad y el orden en la mayoría del territorio. Por lo anterior, somos socios estratégicos de decenas de países que importan nuestro conocimiento en el tema, y que nos llevó a ser parte de la OTAN.
Por entender estos logros y capacidades, es que la ciudadanía demanda más Policía cerca de ellos, según todas las encuestas. También porque hay un déficit. Para cumplir con su función, el Banco Mundial estima que debe haber una tasa de 350 policías por 100 mil habitantes. Bogotá tiene 240, una de las tasas más bajas de las ciudades de América Latina. Esto representa problemas de operatividad y estrés ante el exceso de trabajo, y poco descanso por los turnos diarios y nivel de responsabilidad. Esto principalmente pasa en el área de la Policía de Vigilancia. Algo que sin duda, es un problema que debe solucionarse.
Por su parte, las especialidades de Antinarcóticos, Gaula, ESMAD, DIPOL, COPES cuentan con los mayores y mejores recursos provenientes tanto del presupuesto nacional como de la Cooperación Internacional, así como los hombres con mayor formación y entrenamiento.
El miércoles 9 de septiembre, cuando vecinos del Barrio Villa Luz de Bogotá llamarón a la Policía de Vigilancia porque el señor Javier Ordoñez (QEPD), volvía a interrumpir la tranquilidad de los vecinos con sus acostumbrados escándalos en estado de alicoramiento, se desencadena una escena trágica junto a los policías que atienden el llamado de la comunidad, en la cual, el Sr. Ordoñez pierde la vida. Hechos que son aún materia de investigación. No obstante, por lo poco que se pudo ver un video sin mayor contexto de esta situación, fue suficiente para que hubiera un generalizado sentimiento de repudio de los hechos.
Diferentes sectores convocaron por lo mismo una marcha, pero a pesar de la indignación, la ciudadanía no se volcó masivamente a las calles. No porque no les importara lo ocurrido, sino porque entienden que son casos excepcionales, reconocen el valor de la institución y han sido testigos de la violencia histórica hacia los policías. Los que lo hicieron, prendieron velas frente a los CAI, marcharon o hicieron plantones en paz. Lo cual si es un mensaje poderoso. Sin embargo, un segundo grupo, más nutrido y lejos de querer algo bueno para la sociedad y de representar su sentir, aprovechó la oportunidad para violentar a la policía en conjunto, como suelen hacer siempre que pueden. Según las investigaciones adelantadas, pertenecientes a milicias del ELN y grupos de anarquistas, que por definición no reconocen ninguna autoridad.
El ataque sistemático hacia la policía esa noche, no fue hacia el ESMAD, una unidad preparada para estas circunstancias, y que fue insuficiente para cubrir todos los CAI. Por lo que en su mayoría fue hacia Policía de Vigilancia y la Plana Mayor de esta, es decir, personal más administrativo; esa policía que por los problemas expuestos, no tiene el entrenamiento del ESMAD, y hace que su capacidad de contención sea inferior. Si fuéramos una dictadura estaríamos hablando de 500 civiles en una sola noche, como ocurrió en 1989 en Tiananmén, China, cuando el Gobierno mató a estudiantes que reclamaban sus derechos y saco a la prensa internacional para que no siguiera los hechos y los conteos. Nada raro, si mataron 78 millones de los suyos por imponer el socialismo, la utopía de la colectivización de la tierra, y la destrucción de la oligarquía.
Estas milicias y delincuentes organizados en Bogotá, se equivocaron ingenuamente al enfrentar a la misma policía que dio de baja a Pablo Escobar, la que puso la inteligencia para batir los blancos estratégicos del Secretariado de las FARC, la que hizo pasar a Medellín de tener un Cartel a tener los mejores índices de seguridad del país; la que desmantelo el Cartel del Norte del Valle y tiene sitiado al Clan del Golfo. Esta Policía y la de Bogotá particularmente conoce muy bien el hampa que combate, y ante ese ataque, reaccionó protegiendo su vida y la de la comunidad. En donde lamentablemente cayeron víctimas inocentes.
La gravedad de las circunstancias hizo inevitable el abuso policial, sin embargo, es un hecho anormal que hace parte de una minoría de casos. Actuación individual que cuando se presenta debe ser sancionada, porque va en contra de su función. Eso lo sabe la ciudadanía, por eso no nutrió las calles ni ahora ni las del año pasado. (Leer al respecto en el artículo, ¿Por qué están fracasando las marchas en Colombia?)
El borrador del proyecto de Ley del Partido Verde, que propone reformar a la Policía, al leer se concluye que todo lo ahí propuesto ya está en el Código penal, en el de procedimiento de la Policía, y en la Política Macro de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2019. Entonces, o es un completo desconocimiento sobre esta institución o se quiere intentar generalizar hechos aislados como sistematicidad, asumiendo que actúa en contra de la población civil, obedeciendo órdenes del Gobierno, y seguir tratando de vender esa narrativa, que es la misma que han tenido los grupos al margen de la ley sobre la Fuerza Pública, que tanta muerte ha causado.
Ese juego a la criminalidad es un costo que asumen, ante la imposibilidad de tener un proyecto político sólido que les permita ganar en las urnas, por lo que pretenden, al debilitar la Fuerza Pública y poner a la comunidad en contra, desaparecer el logro político más importante que ha tenido el sector conservador del país, principalmente el Uribismo, en los últimos 20 años, avanzar hacia el fin último del Estado, la seguridad. Haciendo creer que nunca existió. Y, una vez ellos gobernando, volver a los oídos sordos de las victimas del crimen, como pasó durante los dos años siguientes a la firma del acuerdo con las FARC, necesario para continuar con la narrativa, que lograron la paz sin las armas, pero en la realidad, si, con milicianos como sus ejércitos personales, tipo la Guardia Revolucionaria Iraní, que por ahora practican destruyendo los CAI.
