Por: El Expediente – Gustavo Rugeles
Durante más de dos años, una acusación ha recorrido pasillos políticos, titulares intermitentes y expedientes que no avanzan: la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Audios, testimonios cruzados, denuncias formales y solicitudes de investigación han convivido con un hecho incómodo: la Fiscalía colombiana no ha producido resultados concluyentes.
Esa inacción —real o percibida— adquiere hoy una dimensión distinta tras la captura de Nicolás Maduro y la reactivación de un proceso federal en Estados Unidos. Porque cuando un caso penal transnacional se activa, la omisión local deja de ser neutral.
I. El punto de partida: una Fiscalía acusada de mirar hacia otro lado
Desde la aparición de los audios de Armando Benedetti y la cifra de los “15.000 millones”, la expectativa razonable era una investigación penal robusta sobre origen, trazabilidad y uso de recursos de campaña. Hubo anuncios, compulsas, declaraciones públicas. Pero no hubo imputaciones, ni reconstrucción financiera exhaustiva, ni una narrativa procesal que despejara dudas.
En el debate público, esa ausencia se tradujo en una acusación directa: la Fiscalía no quiso investigar un asunto que comprometía al poder.
En un Estado de derecho, la inacción puede ser tan elocuente como una decisión. Y cuando esa inacción se prolonga, genera consecuencias jurídicas propias.
II. El cambio de contexto: cuando el expediente se escribe en Nueva York
La captura de Maduro transforma el tablero. Un proceso penal federal en EE. UU. —con incentivos de cooperación, plea bargains y enfoque en flujos financieros— no se limita a juzgar a un individuo: reconstruye redes.
En ese escenario, Colombia deja de ser un país “interesado” para convertirse en una jurisdicción relevante. Y la pregunta inevitable aparece: ¿qué hizo la autoridad penal colombiana cuando tuvo información, alertas y denuncias sobre posibles flujos irregulares?
En el lenguaje del derecho internacional penal y de la cooperación judicial, esa pregunta no es retórica. Es una línea de análisis.
III. La omisión como problema jurídico, no político
Conviene ser precisos. Nadie afirma —sin prueba— que la Fiscalía colombiana haya encubierto delitos. Pero el estándar que se activa en escenarios transnacionales es otro: el deber de diligencia.
Cuando existen indicios públicos, denuncias reiteradas y posibles vínculos con redes hoy investigadas como criminales por EE. UU., la falta de investigación efectiva puede ser leída como:
• Falla en el deber de investigar (obligación positiva del Estado).
• Riesgo de obstrucción por omisión, si se demuestra que la pasividad facilitó la pérdida de prueba.
• Debilitamiento de la cooperación internacional, por no activar mecanismos a tiempo.En otras palabras: no hacer nada también produce efectos jurídicos.
IV. El foco personal: la Fiscal General bajo lupa internacional
Aquí aparece un punto delicado. La responsabilidad institucional puede, en ciertos escenarios, adquirir nombre propio. Hoy, la cabeza de la entidad es Luz Adriana Camargo.
Si el proceso de Maduro en EE. UU. avanza hacia la cooperación y emergen referencias a Colombia —financiación política, intermediarios, apoyos regionales—, los fiscales estadounidenses no se limitarán a preguntar por Petro o Benedetti. Preguntarán algo más comprometedor:
¿Por qué la Fiscalía colombiana no investigó con profundidad cuando tuvo la oportunidad?
Para la Fiscal General, los riesgos no son imaginarios ni inmediatos, pero sí concretos:
1. Pérdida mayor de credibilidad internacional: las fiscalías se miden entre pares. Una que “no actuó” queda marcada.
2. Cuestionamientos en cooperación judicial: EE. UU. puede optar por no compartir información sensible con una entidad percibida como pasiva o politizada.
3. Riesgo reputacional personal: en foros internacionales, informes de compliance, e incluso audiencias del Congreso estadounidense, los nombres de los fiscales generales aparecen cuando se evalúa cooperación o negligencia.
4. Exposición a investigaciones administrativas o políticas internas, si se demuestra que hubo advertencias ignoradas.No se trata de sanciones automáticas. Se trata de costos acumulativos que, en el mundo del derecho penal internacional, pesan.
V. El efecto búmeran: cuando el expediente externo reabre el interno
Una paradoja del caso es esta: la Fiscalía colombiana puede terminar investigando tarde lo que decidió no investigar a tiempo, empujada por hallazgos externos.
Si un cooperante en EE. UU. menciona flujos, apoyos o intermediarios con impacto electoral en Colombia, el Estado colombiano quedará obligado —por presión jurídica y política— a reabrir o profundizar investigaciones. Y entonces la pregunta ya no será “¿hubo delito?”, sino:
¿por qué no se investigó antes, cuando la evidencia estaba más fresca?
Ese es el punto en el que la omisión se convierte en problema personal para quien dirigía la entidad.
VI. Petro, la Fiscalía y el riesgo de una narrativa común
Para Petro, el riesgo es evidente: que un proceso externo reactive dudas internas y erosione legitimidad.
Para la Fiscalía, el riesgo es distinto pero conectado: quedar asociada a la idea de protección, pasividad o cálculo político.
Y en derecho penal internacional, las narrativas importan. Porque orientan decisiones: a quién se investiga, a quién se coopera, a quién se le cree.
VII. Conclusión: el silencio ya no es una estrategia
Hasta ahora, la falta de acción de la Fiscalía colombiana fue un tema de debate político interno. Con el caso Maduro en marcha en EE. UU., ese silencio adquiere una dimensión jurídica internacional.
No porque alguien lo haya decidido así en Colombia, sino porque los procesos federales no respetan los tiempos ni las comodidades de la política local.
La pregunta final, incómoda pero inevitable, queda planteada para la historia judicial del país:
Cuando el expediente se escribía en Colombia, la Fiscalía calló.
Ahora que se escribe en Nueva York, ¿quién tendrá que explicar ese silencio?