En Barranquilla ya es famosa la larga pelea que ante los estrados judiciales han mantenido integrantes de la familia Acosta. Todos los meses hay un fallo judicial que beneficia a una o a la otra parte que busca hacer valer sus derechos El último capítulo tiene que ver con el control del Hospital Universitario Metropolitano, que tiene una seria crisis contable y administrativa y la inédita intervención en el caso de la Gobernación del Atlántico.
La larga pelea por la herencia que dejó el exsenador Gabriel Acosta Bendeck enfrenta a dos ramas de la familia: la encabezada por la hija del excongresista, Ivón Acosta Acero, y la liderada por el primo de la mujer, Luis Fernando Acosta Osío, que se disputan el control de la Fundación Acosta Bendeck, que a su vez maneja dos jugosos negocios: el Hospital y la Universidad Metropolitana.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla con funciones de conocimiento resolvió el pasado 4 de agosto una serie de peticiones en torno de su auto de segunda instancia fechado el pasado 21 de julio, en el que como juez de control de garantías de segunda instancia decidió favorablemente sobre los recursos de apelación interpuestos por Luis Fernando Acosta Osío y Antonio Acosta Moreno para retomar las riendas el centro asistencial.
El fallo tenía que ver con una decisión de primera instancia del Juzgado Trece Penal Municipal del 13 de septiembre de 2018 que accedió en principio a las solicitudes de restablecimiento de derecho presentadas por Ivonne Acosta Acero, su esposo Carlos Jaller Raad, Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis.
Así las cosas, la juez Segunda Penal Claudia Patricia Consuegra determinó revocar la medida de restablecimiento del derecho previamente otorgada y que le permitió a Ivonne Acosta inscribir el 2 de agosto de 2016 “en forma provisional” como representante legal y director administrativo de la Fundación Hospital Metropolitano a Javier Cuartas Jaller. Con ello se echa para atrás este acto y todos los que se deriven del mismo.
Hasta acá el usual ping-pong judicial que ha hecho correr ríos de tinta en la prensa local en un cuento de nunca acabar. Sin embargo, en esta ocasión, la jueza Consuegra envió un fuerte jalón de orejas a la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, y a la gobernadora Elsa Noguera, por no cumplir sus ordenes.
Ello en medio de la penosa situación de decenas de trabajadores del hospital que desde hace meses vienen protestando por el no pago de sus salarios, primas, cesantías y liquidaciones, en el caso de aquellos cuyos servicios fueron prescindidos.
En primera instancia, la togada señala que “no es de recibo, Aceptar por parte de este despacho que el señor Javier Cuartas Jaller, conjuntamente con la secretaría de Salud del departamento del Atlántico, conviertan en definitiva una orden de restablecimiento del derecho provisional”.
Seguidamente, la jueza señala que “la orden dada a la gobernación del Atlántico es absolutamente expresa y clara, y ella se le vuelve a poner de presente a la máxima autoridad de este territorial, doctora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, a efecto de qué la compra de manera inmediata, tal como se le ha ordenado desde un principio”.
Añade que “es evidente que la secretaria de Salud, doctora Alma Johana Solano Sánchez, presenta una posición que ha impedido su cumplimiento, so pretexto de no haberse proferido la decisión judicial en los términos que en su criterio debió haberse pronunciado el despacho, siendo que jamás puede menoscabar la autonomía judicial y la decisión de los jueces de la República por el querer caprichoso de los intervinientes de la actuación».
“Se hace necesario, frente a la tozudez y posturas contrarias de la gobernación del Atlántico y la Secretaría de salud departamental para el cumplimiento de las órdenes del despacho frente a lo cual esta funcionaria no insistiré además, no me desgastaré en discusiones que cada vez tendrán un pero, un no es así, yo no entendí, aclare, redacte que yo entienda, revoque, etc., cualquiera de las partes, cuando los fundamentos de las órdenes del juzgado son claras”, manifestó la operadora judicial.
De ahí que el despacho pasó ordenar a la gobernadora del Atlántico y a su secretaria de Salud para que de manera inmediata a la comunicación de la decisión cumplan las «órdenes preferidas por el despacho en el auto del 21 de julio de 2020 respecto de ese ente territorial, que actúen de conformidad, asumiendo las consecuencias de sus actuaciones y decisiones, de igual manera, que se sirva remitir constancia de su decisión final, ya sea de no cumplimiento de las mismas o de expedición de los actos jurídicos y administrativos respectivos para ejecutar el cumplimiento de las órdenes».
Hoy lunes 24 de agosto, la pelota aún está en manos de la Gobernación y la Secretaría de Salud del Atlántico, quedando por irse si las responsables de ambas instituciones están por encima de un fallo judicial.
