Por: Abelardo De La Espriella
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Desde el primer momento de la “concepción” de ese engendro demoniaco de la JEP, advertí de los peligros que entrañaba para la institucionalidad darle vida a un leviatán, que terminará (si no lo acabamos antes) por devorar los cimientos de la democracia. Y no es fácil insistir en la necesidad de eliminar la JEP de nuestro ordenamiento jurídico, cuando muchos se han dado por vencidos y se acomodaron a las circunstancias. Incluso para un gran número de votantes del NO, la JEP se volvió paisaje o, como se dice coloquialmente, “es clavo pasao”. Ese seudotribunal, erigido por encima de la voluntad popular mayoritaria que lo improbó, carece de legitimidad hoy y siempre. Se trata de un axioma irrefutable que nadie medianamente razonable debería obviar.
Hace unos días (antes del último pronunciamiento impresentable de la JEP en relación con alias “la Matahari”), me reuní con un par de amigos congresistas (muy serios y buenos parlamentarios por demás) y les hablé de mi persistente preocupación por el daño que la JEP está causando a la salud de la República; al unísono, dichos interlocutores respondieron: “Nada que hacer ante eso; hay que pasar la página y hablarle al país de otros temas”. En esa tenida estaba también Herbin Hoyos, quien desde el principio la ha tenido muy clara, al punto de promover un referéndum para acabar con la JEP. Los dos quedamos atónitos, pero resueltos a seguir en el combate por la Patria. Obviamente, nuestros contertulios pasaron por cándidos, porque, si ese esperpento continúa vivo, no habrá otros asuntos que discutir; pues no quedará piedra sobre piedra cuando el tribunal de la venganza haya cumplido su verdadero cometido: inviabilizar para siempre, con fallos políticos y absurdos, a esta sufrida nación.
No hemos visto nada aún. La reciente decisión de la JEP de calificar como un blanco legítimo la Escuela Superior de Guerra, en la que murieron estudiantes y civiles, por cuenta de un miserable ataque terrorista de las FARC en el año 2006, y señalar que fue una acción militar desarrollada en el marco del actuar rebelde de ese grupo armado, conexo con el delito político y ejecutado conforme al DIH, es apenas el comienzo de lo que se viene pierna arriba. La JEP es un directorio político y judicial de la subversión, desde el que se dispensan toda suerte de gabelas para garantizar la impunidad de aquellos que tanta sangre han hecho derramar. Y cada vez le van subiendo el tono de la infamia a sus fallos, para ir acostumbrando a la sociedad a esos dislates, al punto de que la gente se habitúe a ellos y que todo parezca normal. Protección total para los verdugos, desconocimiento, burlas y desdén para las víctimas: esa es la consigna del malhadado bodrio en comento.
El mensaje que se le está enviando a nuestros jóvenes es apocalíptico: “No importa qué tan cruel, miserable o sádico seas; al final, todos tus crímenes podrán ser perdonados, por más abominables que resulten, y hasta puedes ser premiado con curules, financiación pública, entrevistas en los grandes medios y esquema de seguridad. A no dudarlo, te volverás una celebridad. Todo lo anterior es posible, si tienes a tu servicio un tribunal que haga las veces de adlátere y alcahueta consuetudinarios”.
Lo anterior es lo que más me preocupa, porque el daño y la contaminación para el alma de la colombianidad y el inconsciente colectivo serán de dimensiones bíblicas -sobre todo para las nuevas generaciones-, al punto de arrastrarnos a un foso profundo del que no hay escapatoria. Por eso, debemos seguir luchando y tratando de abrirles los ojos a los incrédulos y a los que se cansaron de pelear por esta tierra que nos vio nacer. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el crimen pague.
Es evidente que la JEP es un cáncer que hay que extirpar, porque la enfermedad no va a desaparecer ignorando la gravedad de la misma; todo lo contrario: si no la combatimos, hará metástasis y arrasará con todo lo que a su paso encuentre.
Algo está muy mal cuando héroes de la patria como el general Mario Montoya, están sentados en el banquillo de los acusados, mientras que los genocidas de las FARC posan de prohombres en el hemiciclo del Congreso.
La ñapa I: ¡Hay que fumigar con glifosato los cultivos ilícitos ya! Todas las formas de violencia encuentran su génesis en esos malditos sembradíos de coca.
La ñapa II: De los mismos creadores de “Hacienda Guacharacas”, el “Hacker Sepúlveda”, y ”Uribe y el Cartel de Sinaloa”, llega, “El ÑeñeGate”, otro desesperado intento de la izquierda radical por acabar al hombre que salvó a Colombia del socialismo del siglo XXI. Esta película es más de lo mismo: otro burdo montaje. La izquierda no le perdonará jamás a Álvaro Uribe el haberse atravesado a sus propósitos. En esta nueva entrega el bueno vuelve a ganar.
La ñapa III: Los mamertos que señalan al presidente Duque y al expresidente Uribe, por unas fotos en lugares públicos con el “Ñeñe Hernández” (que, dicho sea de paso, jamás fue condenado por delito alguno) son los mismos que dicen que Gustavo Petro estaba recibiendo una bolsa de almojábanas en la casa del prófugo Juan Carlos Montes. La estulticia en estado puro.
La ñapa IV: En entrevista que para Semana Tv hizo Salud Hernández-Mora al abogado de la familia del doctor Álvaro Gómez Hurtado, conocimos unas muy duras acusaciones. Dijo el apoderado de las víctimas que Ernesto Samper, el presidente que entró en el Palacio de Nariño sobre el lomo de un elefante, fue el determinador del magnicidio del político conservador y que Horacio Serpa se reunió con un temible narcotraficante para corroborar que el gobierno de la época requería ese homicidio. El fiscal Francisco Barbosa tiene en sus manos la posibilidad histórica de hacer, por fin, justicia.
