Por: Fernando Torres Mejía
Han pasado diez años desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició su labor, y el balance que hoy podemos hacer es desolador. No se trata de un análisis político d/,e pasillo, sino de una realidad que duele y que se siente en cada rincón del país. La JEP nos ha costado más de 4 billones de pesos y en diez años solo ha proferido dos sentencias. Lo más grave no es el dinero derrochado, sino el mensaje que se envía a las víctimas y a la sociedad colombiana.
Mientras los máximos responsables de crímenes atroces reciben «sanciones propias» que no implican un solo día de cárcel, las víctimas siguen esperando justicia y reparación. En el caso del reclutamiento de menores, la cifra es estremecedora: 18.677 niñas y niños fueron arrancados de sus hogares y utilizados para la guerra. De esos menores, muchos fueron sometidos a violencia sexual sistemática, donde lo más cruel era que los hacían desfilar en ropa interior ante los ojos de los comandantes de ese grupo guerrillero, para ser seleccionados y violados. La JEP documentó que el 29% de las niñas reclutadas sufrieron anticoncepción forzada y el 23% fueron víctimas de abortos forzados. Niños de apenas 8 o 9 años fueron convertidos en combatientes, cargueros, cocineros o «esposas» de comandantes. Esa infancia robada no se repara con proyectos de infraestructura.
El caso más reciente que indigna a los colombianos ocurrió hace muy pocos días, sí, ahora en 2026. Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», máximo comandante de las “extintas” FARC y condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, recibió autorización de la JEP para viajar a España. El viaje fue a un seminario político organizado por Izquierda Unida, en Madrid, donde también aprovechó para reunirse con algunos de sus pares, como Manu Pineda, quien está vinculado a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah. No es la primera vez que viaja: en 2023 ya había estado en ese mismo país en compañía de Julián Gallo Cubillos (alias «Carlos Antonio Lozada»), Marco Emilio Rincón, senador del partido Comunes, Gustavo Quintero, representante a la Cámara, participando en foros políticos. Lo que más duele es el contraste. Mientras Timochenko asiste a eventos internacionales con el permiso de la JEP, las víctimas sobreviven en condiciones de vulnerabilidad.
La periodista Diana Saray lo denunció con crudeza: «Mientras el señor Rodrigo Londoño está en España dando conferencias protegido por el Estado, una de sus víctimas está recibiendo amenazas de muerte, escondida, sin trabajo y tratando de proteger a sus hijos». La impunidad se siente como una bofetada para quienes perdieron a sus hijos o vieron arrancada su infancia. El argumento de la JEP es que las sanciones restaurativas permiten obtener verdad y reparación que no se lograrían con penas de cárcel. Pero esa lógica es difícil de aceptar cuando los condenados hacen política, viajan por el mundo y mantienen sus derechos políticos intactos. Una cosa es la justicia transicional y otra muy distinta la impunidad disfrazada de paz.
Señor presidente electo Abelardo de la Espriella, usted hizo una promesa clara durante la campaña: acabar con la JEP. Lo dijo sin titubeos: calificó este tribunal como «un bodrio» y «un directorio político disfrazado de tribunal» que no había producido absolutamente nada. Afirmó que la JEP «no ha producido ni justicia, ni verdad, ni reparación», y que haría todo lo que estuviera en sus manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que se siguieran despilfarrando los recursos de los colombianos en esta institución. Su ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha ratificado que la política de su gobierno no es prorrogar la JEP y que revisarán el gasto de esta entidad. Hoy, Colombia entera le pregunta: ¿Va a cumplir su palabra o cederá ante los blindajes constitucionales y los compromisos internacionales que protegen a este tribunal?
La expansión de los grupos narcoguerrilleros en el territorio es otra señal de que el modelo no funciona. Mientras se premia a los victimarios, la violencia sigue cobrando víctimas y el Estado parece ausente para proteger a quienes más lo necesitan. El reclutamiento de menores no fue un accidente ni un error aislado. Fue una política de facto de las FARC, una estrategia deliberada para incrementar su capacidad militar. Negarlo o minimizarlo es una ofensa a la memoria de esos niños y niñas que nunca volvieron a casa. La JEP ha reconocido a más de 11.000 víctimas en el Caso 07, aunque el número total reclutado es de 18.677, pero el reconocimiento no basta cuando no hay justicia efectiva.
¿Cómo se logra la reconciliación cuando se premia al criminal y se abandona a la víctima? Esa pregunta no la responde la JEP con sus discursos sobre verdad y reparación simbólica. La respuesta debe venir de una justicia que realmente proteja a los débiles y castigue a los fuertes. La JEP ha sido una promesa incumplida y un gigantesco desgaste político y económico. Los recursos públicos se han diluido en una burocracia que no da resultados.
Los colombianos de a pie, los que pagan impuestos y esperan respuestas, ven con indignación cómo los peores criminales de la historia del país viajan por Europa mientras las víctimas esperan justicia sin obtenerla. Diez años después, el saldo es claro: la JEP no ha logrado la reconciliación que prometió y Colombia sigue esperando respuestas mientras los victimarios son premiados y las víctimas continúan en el abandono. Por eso, hoy más que nunca, debemos repetirlo sin rodeos: la JEP, 10 años de impunidad y derroche.