La inversión de valores y principios en la Gobernanza del miedo

Por: Renzo Efraín Montalvo Jiménez

Luego de las clases presenciales en Imperia Puerto Mauricio (Italia), en el Máster in “Global Rule of Law & Constitutional Democracy” Tarello Institute for Legal Philosophy Istituto Tarello per la filosofia del diritto – Università degli Studi di Genova, en la Cohorte del 2016, me di a mutuo propio a la tarea de recorrer algunas ciudades de varios países europeos para en un trabajo de campo, observar “in loco” las mínimas realidades socio políticas que confluyen en las lecturas jurídicas que desde el curso se imparten.

Sobre esta experiencia socio jurídica y cultural, obviare los hechos políticos que llamaron mi atención en materia de seguridad ciudadana (atentados en Bruselas) y políticas de intervención en países como España, Italia, Francia, sino que debido al aumento, concentración, implementación y detectación de estas políticas en Europa del Norte y Europa Central, me limitare a referirme a Bélgica y Holanda, porque los comportamientos encontrados en esos países, en materia de seguridad ciudadana y “gobernanza del miedo” son perceptibles a prima facie en los sistemas de vida que en esos países se desarrollan, copulándose perfectamente la subsunción en el engranaje del ensayo de la profesora García Ruiz, que encajan perfectamente con las políticas de seguridad ciudadana, control social, alineamiento colectivo – individual y control de masas que se concentran en los conceptos de la gobernanza del miedo y en las patologías psicológicas que orientan las técnicas de control social a que se refería Michel Foucault en sus ensayos sociológicos.

Bruselas, Capital de Bélgica, donde funcionan el Parlamento Europeo, en materia de transporte público tiene tres estaciones públicas de transporte que la identifican, Gare Du Nord, Estación Central y Gare du Midi y operan en el transporte ciudadano de la siguiente manera. Una vez el ciudadano intenta acceder en esas instalaciones al transporte público debe comprar una tarjeta con lectura de banda que le permite desenvolverse al interior de cada una de las estaciones para tomar el metro o las líneas alternas. La concentración del acceso al transporte público y la limitación de libertades de desplazamiento en el buen término del concepto liberal, llegan a restringir, incluso, el desplazamiento de un piso a otro dentro de las mismas estaciones, situación que hace ver a los ciudadanos que intentan acceder al transporte público, alineados, cuadriculados, teledirigidos. Si bien esta una forma de organización social producto del desarrollo de las grandes potencias y la Comunidad Económica Europea, tal como nos las hacen ver, con el transcurrir de los días de mi estancia en esa parte de Europa, me permitió formarme una percepción sistémica de la dimensión social sobre la idiosincrasia, las costumbres y las políticas públicas que se decantan alrededor del tema y apuntan a la seguridad individual y colectiva en el contexto de la movilidad ciudadana.

La disímil perspectiva que me llevo a comprender desde la propia subjetividad objetiva que no estaba frente a los simples avances tecnológicos propios del desarrollo capitalista y la sistematización del transporte público en la Comunidad Económica Europea, fue una experiencia vivida en la ciudad de Den Haag – La Haya, cuando al momento de intentar parquear el auto de mi compañero de viaje y anfitrión, me pregunto si tenía la tarjeta de crédito para pagar el espacio de parqueo en la vía pública por lapso de medio tiempo, cuyo valor que no ascendía a un euro y ante lo cual, asentí desfavorablemente y note que con preocupación le toco sacar su tarjeta de crédito e introducirla en la máquina para cancelar el tiquete del parking porque entre otras, las maquinas no están diseñadas para aceptar dinero en efectivo. Luego de caminar unos pasos no permití que la inquietud me siguiera embargando y no solo le pregunte el por que las maquinas no estaban diseñadas para aceptar dinero en efectivo (billetes o monedas), como si ocurre en algunas partes de Europa, sino que lo note disgustado porque le toco pagar con su tarjeta de crédito, y su respuesta nos llevó a una conversación que me dio una percepción sociológica y política de como el control social por medio de la tecnología no solo invade la esfera individual de las personas, sino que constituyen políticas gubernamentales del miedo y del control social quq atentan contra los derechos y garantías individuales de los ciudadanos, sobre todo en un país que como Holanda se autoreferencia como democrático, pluralista y de avanzada en materia de garantías constitucionales, ya que en su parlamento se han aprobado trascendentales decisiones que son paradigmas en protección de derechos fundamentales, como han sido la aprobación por primera vez oficialmente en el mundo del matrimonio simétrico (igualitario) y la adopción gay, el aborto, la eutanasia, el consumo en lugares públicos (coffeshoop) de marihuana y drogas psicotrópicas.

Mi amigo neerlandés reflexionó dándome a entender que en Holanda, el gobierno por medio del transporte público incluyendo parking y a través de las tarjetas sistematizadas, saben perfectamente la ubicación, el desplazamiento y el recorrido que cada ciudadano hace, el cual es objeto de seguimiento de manera homogénea por las cámaras de seguridad que incluso cuentan con el sistema de iriscopía (detectación y lectura del iris en confrontación con los rasgos faciales) sobre todo en los aeropuertos y estaciones de terminal de trenes.

Esta reflexión, me llevo retroactivamente a la estación central de Rotterdam en donde viví algo parecido a las tres estaciones de transporte público de Bruselas y que, a mi modo de ver, bien pueden ser situaciones que confuten la intromisión, la limitación y la restricción al núcleo esencial de algunos derechos constitucionales fundamentales, por que el ingreso desde la plataforma de acceso al transporte público debe hacerse desde la lectura de banda al sistematizado o digitalizado proceso.

Situación homologa a todas las vividas en las indistintas estaciones de trenes y de metro en Europa, donde los ciudadanos robotizados como mansas ovejas que siguen un rebaño acuden a una máquina para pasar una tarjeta sistematizada y digitalizada que les permita el acceso controlado a las estaciones de transporte público de la ciudad.

Estas vivencias sociológicas, son en realidad subsumibles en la afirmación a que se refiere García Ruiz cuando dice:

“Tanto a escala individual como social, los ciudadanos de las sociedades democráticas occidentales, hemos venido consintiendo la implementación progresiva e imparable de una pléyade de dispositivos cotidianos de control, hasta llegar a un punto en que los umbrales de tolerancia a la intromisión e incluso vejación, así como las garantías reales de diversos derechos constitucionales establecidos, han descendido a niveles alarmantes” . La misma autora manifiesta y estoy completamente de acuerdo que: “Para comprender lo que está sucediendo debemos, por tanto, intentar líneas de continuidad entre diversas realidades surgidas al abrigo de la consolidación del discurso sobre seguridad, como argumento político y como imaginario social”.

Me explicaba mi amigo holandés según su criterio y que comparto en parte, que la represión y el alineamiento de las políticas de control ciudadano y de seguridad pública, son según él, son caldo de cultivo a la “inconformidad y a la violencia por represión” que grupos como los “Hooligam” desbocan no solo en eventos deportivos sobre todo contra sus adversarios ingleses, sino que esta actitud hostil es fácilmente perceptible en las rutas de trenes que cubren el trayecto de Rotterdam a Hoek Van Holland – Holanda y Hoek Van Holland strand, en donde los funcionarios encargados del control y verificación de boletos de trenes, ruegan porque no sean asignados a esas rutas en donde la constante es que han sido mal tratados y golpeados violentamente por cumplir con su deber al requerir los pasajes a estos desadaptados.
Análoga situación se presenta en el pueblo de Monster (Holanda), que no solo es referenciado por su molino de trigo, sino porque en ese lugar los treinta y uno de diciembre es una constante reiterativa que se presentan graves alteraciones del orden público en donde los jóvenes no solo queman llantas y autos por hechos y disturbios acaecidos estulticiamente para llamar la atención de la fuerza pública y enfrentarse a las autoridades locales que requieren refuerzos de la policía de Rotterdam.

Desde mi percepción personal, la idiosincrasia, la cultura y los genes de los pueblos barbaros y celtas, no son los únicos posibles fundamentos de estos comportamientos de desadaptación social de relevancia supranacional, sino que los sistemas de control, el alineamiento y las políticas de seguridad y gobernanza del miedo, estallan como válvulas de escape ante la represión del sistema.

Un hecho que marca mi recorrido por estas tierras, desde una perspectiva sociológica y hoy jurídica, es que la policía holandesa no permite y disuelve cualquier reunión de más de ocho personas y en el subjetivo de los ciudadanos se califica como una asociación casi para delinquir, que los abstiene en parte como una medida de prevención social relativo, lo cual como es lógico, ha sido criticado desde el abuso de las doctrinas del enemigo interior.

A estas alturas quiero detenerme para invitar a la reflexión y preguntarme por que en la ciudad de la Haya, donde tiene su domicilio la Corte Internacional de Justicia y en Bruselas (capital de Bélgica) sede del Parlamento Europeo, no se permiten manifestaciones o aglomeraciones de mas de ocho personas por que esa conducta se considera como una asonada criminal en contra del estado de social derecho y la institucionalidad, que es reprimida de ipso facto sin lugar a que se aleguen u opongan comités o comisiones de altos tribunales internacionales de justicia en materia de derechos humanos?

En cambio, en nuestro territorio, si bien hace rato se han implementado políticas públicas de seguridad ciudadanas, el control por dispositivos que hagan reconocimiento facial se ha limitado a las cámaras de seguridad que los marchantes y vándalos de las protestas y los paros, eluden con antifaces o recubriendo sus rostros tipo estudiantes de la universidad en plena confrontación contra las tanquetas en la 26 o en la 45.

El debate ineludible que demos afrontar es hasta donde debemos permitir en las marchas o protestas la participación de personas que cubran su rostro y atenten contra la institucionalidad incinerando vidas humanas sin poder identificar el perfil del enemigo o del sistema, lo cual justifica en teoría la discusión de la ideología sobre la implementación de dispositivos de seguridad ciudadana que identifiquen a los responsables de actos que no se pueden amparar en el anonimato ni la impunidad.

Para García Ruiz: “El complejo de la ideología de la seguridad es un dispositivo que, una vez puesto en funcionamiento, manifiesta una clara vocación de permanencia. Esto ha sido posible en nuestras sociedades contemporáneas, en buena medida, gracias al sustento de un determinado acercamiento psico-político a la población, que combina la sociabilización temprana, los procesos de subjetivación que movilizan el temor como su emoción subyacente y la naturalización de determinados gestos y funcionalidades en la vida cotidiana”.

En mi criterio, la potenciación de la cultura del temor, del individuo como sospechoso y no como ciudadano, no solo es un atentado contra el principio constitucional de la presunción de inocencia, pero no podemos afirmar que una política de seguridad, es una política que acumula violencia, y que es la explosión al adoctrinamiento de masas y la homogenización del pensamiento y actividades.

La anterior conclusión, la evidencio del conflicto social que tenemos en el cauca donde la creciente desigualdad social en el reparto y distribución de la tierra y de la riqueza social ha generado un conflicto de poderes entre los que tienen y los que nada o poco tienen (incluyendo a la población indígena).
Las hibridas políticas del partido de gobierno y su legitimo mandatario como presidente de todos los colombianos, han demostrado una completa ineficacia para resolver la crisis que viene incubada de años atrás y apenas la explosión social estalla de la olla de presión que nuestra clase dirigente ha venido cocinando.

La abstención a declarar el estado de conmoción interior a que el país estuvo acostumbrado por décadas mediante el estado de sitio, es una herramienta constitucional para propender por el respeto de los derechos humanos de un sector de la población que alberga miembros de la fuerza pública, y una clase social que no ve en la violencia y en los paros la solución a la colisión de intereses que la clase dominante, incluidas la izquierda en sus dos extremos (la radical que aspira al primer cargo de elección popular con jurisdicción nacional) y la (moderada que tiene sus divergencia por egos no programáticos).

El país político debe reflexionar en una política de gobernanza (no del miedo) que garantice el control social y la seguridad ciudadana por las autoridades legítimamente constituidas; es impermisible que se le de legitimidad y validez para sentase (con el rostro cubierto) con el gobierno a negociar inconformidades ciudadanas a quienes dicen representar al pueblo o a un sector de la población sin provenir de un proceso democrático fundado en el texto superior y soslayando a las verdaderas autoridades escogidas dentro del marco del estado social de derecho.

Estamos asistiendo a la imposición de una ideología del temor a la inversa, el miedo lo irrigan no las autoridades ni quienes detectan el poder, sino vándalos encapuchados o indígenas que se toman las carreteras, hacen puestos de control y usurpan a las autoridades legítimamente constituidas.

Para comprender lo que esta sucediendo, debemos ver las asimétricas realidades sociales y políticas desde heterogéneos ángulos y no podemos dejarnos encasillar bajo el rotulo de los derechos humanos para hacer prevalecer la inversión de los valores y los principios constitucionales y legalmente establecidos para conferir el poder y la autoridad en la toma de decisiones que nos afectan a todos no un colectivo en particular y así obtener la representatividad popular desde un método no previamente pre establecido ni pre existente a los hechos que le sirven de causa, por muy resentidos y afectados que estemos con el sistema de participación ciudadana.

Las razones de estado hacen impostergable que adoptemos una legislación (ordinaria o excepcional) no de emergencia, si con vocación de permanencia y estabilidad ya sea incluso dentro de la esfera de discrecionalidad jurisdiccional mediante solución a la omisión legislativa relativa, a las lagunas (normativas, axiológicas o de relevancia) o vacíos jurídicos indeterminados que establezcan los limites de funcionamiento saludables de nuestra demacrada democracia por golpistas de facto al poder legítimamente constituido y conformado.

El paulatino recorte de las libertades lo están implementando los indígenas y los vándalos que se dicen marchantes y protestantes desafectos a la institucionalidad que perturba la economía de todo un país, criminalizando las marchas y las discrepancias sociales bajo el arropo y el manto de colectivos de abogados y ONG que tienen poder dominante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La inversión de valores y principios en la legitima protesta ciudadana nos ha llevado a la gobernanza del miedo, por parte de unos actores que invaden y afectan propiedades a su libre albedrio, cierran vías y deciden quien transita y quien no, violentan los derechos humanos de la autoridades públicas afectando la integridad personal y el derecho a la vida con incineraciones de los puestos de policía, limitando el libre desplazamiento y circulación de vehículos y alimentos del resto de la población en una autentica escalada de agresiones a las libertades fundamentales sin un gobierno de mano firme que nos proteja pero que si se dedica hacer interlocuciones televisivas que en nada contribuyen al mantenimiento del orden publico y al opacamiento del estado de guerra civil interna que vivimos.

Salir de la versión móvil