Por: Roberto Ortiz
Se debate actualmente en el Concejo Distrital de Cali en el marco del ejercicio de Control político, el tema relacionado con la autorización por parte del departamento de planeación en cabeza del señor Roy Barreras Junior, para permitir la construcción de 4 torres de pisos, cada una con 98 apartamentos, denominada urbanización TARRAGONA de la constructora COSENZA.
Dicho plan de vivienda del sector privado fue autorizado invadiendo la franja ambiental que corresponde desde la calle 25 hasta la desembocadura del rio Cauca; zona planificada según el Plan de Ordenamiento territorial de la ciudad, para desarrollar allí el proyecto ambiental denominado BIO PARQUE MUSEO VIVO, que hace parte del corredor ambiental del Rio Cali. Proyecto que, además, fue presentado a la vigesimoséptima Bienal Colombiana de arquitectura y Urbanismo 2020, ganando el primer lugar compartido en la modalidad de planeamiento urbano regional.
Varios concejales de la ciudad, hemos venido cuestionando esta autorización de invasión del corredor ambiental, y estamos alertando a la opinión pública y a los entes de control y protección ambiental, para que se detenga este crimen ecológico de la ciudad por parte del gobierno de los Ospina, que representan el movimiento político de los llamados ambientalistas.
La comunidad, representada por la sociedad colombiana de arquitectos, ha alertado a la ciudadanía y a la administración municipal mediante comunicaciones y acciones populares, en el sentido, de que la autorización para la construcción de este plan de vivienda implica la pérdida de un espacio de interés ecológico para la ciudad y “contravendría gravemente disposiciones estructurales del POT, y significaría un retroceso de la ciudad en materia de recuperación ambiental, y una importante reducción del indicador del espacio público.”
En tal sentido, quiero reiterar desde esta curul, que continuare apoyando el debate de control político que se adelanta por parte del Concejo municipal a fin de garantizar los derechos ambientales de la ciudad, y para que se aclare de manera diáfana, que interés de personas públicas o privadas se quieren beneficiar con el cambio de la norma urbanística, que favorece la construcción de los edificios de apartamentos, invadiendo zonas de protección ambiental del corredor verde, ante la mirada sorda y cómplice de la actual administración municipal.
ROBERTO ORTIZ URUEÑA
