Por: Germán Valencia Castro
Aunque en mayo se cayó la propuesta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, que pretendía derogar casi en su totalidad el Decreto Ley 902 de 2017 y abrir una puerta para una expropiación exprés, esta siguió en silencio y de manera solapada su curso. De hecho un artículo maquillado que apoya tan nefasta idea quedó aprobado. Una vez más resalta el odio de clases y el abuso a la propiedad privada que incentiva el presidente Gustavo Petro.
Es tan peligroso para quien ha trabajado toda su vida y ha acumulado algo de tierras, que con este borrador de decreto podría perder sus bienes. El decreto establece que el Ministerio de Ambiente identificará predios superiores a las dos unidades agrícolas familiares y serán estudiados por la Agencia Nacional de Tierras, quien es direccionada por un expropiador en potencia. Esta entidad comprará dichos terrenos bajo coacción si el propietario se negara a su venta, es decir, es donde el poder del estado entrará en juego y podrá expropiar a dedo al trabajador y dueño de la tierra, lo que inevitablemente abre un sinfín de oportunidades para generar corrupción, algo muy normal en este gobierno.
Según el artículo, la Agencia Nacional de Tierras “tendría la capacidad de ofrecer una oferta de compra por el predio, cuyo valor máximo sería determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cualquier otra persona inscrita en el registro abierto de los avaluadores. Si el dueño acepta la oferta, se entenderá como un contrato de promesa de compraventa a favor del Estado. Si no se llega a un acuerdo, se pasaría a la etapa de “venta forzada con indemnización previa. La resolución que declare el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral ordenaría la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras. Este proceso sería susceptible de recursos de reposición, pero si no se resuelve en diez días calendario siguientes a su interposición, se entendería negado. La resolución se mantendría en firme y se procedería a la entrega del predio con el concurso de las autoridades de Policía”.
En ese contexto, la misma ex ministra de Agricultura, Cecilia López, quien fue miembro del gabinete Petro habría renunciado por lo mismo, ya que rechazó es iniciativa petrista por considerarlo una expropiación arbitraria.
Basta con recordar las terribles consecuencias del régimen de Hugo Chávez, quien fue mentor y quedó como modelo del gobierno Petro, quien con la iniciativa de la expropiación prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo. Los productos empezaron a escasear, la producción del campo se fue en picada hasta que Venezuela terminó en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Haití. El Chavismo hizo más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones, para luego quedar con una deuda de más 30.000 millones de dólares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice.
Así las cosas, se entiende que la expropiación que pretende este gobierno terminará en una burocracia desmedida, aumento de la corrupción y desfalco privado con recursos públicos, todo un detrimento patrimonial, algo que ya conoce muy bien Gustavo Petro. ¿Quién será el damnificado en todo esto? El Campesino pobre e informal. La expropiación exprés, la vara para golpear de manera exprés al campesino.
Germán Valencia Castro – @ValenciaGermanC, Twitter
