Por: Abelardo De La Espriella
abdelaespriella@lawyersenterprise.com
No sé a ustedes, pero a mí la Corte Constitucional me produce una profunda repulsión. A la sucesión de ataques recientes del seudotribunal de marras contra la democracia, la institucionalidad y la salud de la República, disfrazados de fallos, se suma ahora un golpe rastrero de la peor cosecha: la autorización para que cualquier persona pueda consumir alcohol y drogas en espacios públicos, parapetando dicha decisión en el trillado y mal utilizado concepto del libre desarrollo de la personalidad.
Lo que están haciendo la Corte Constitucional y sus aliados de la izquierda colombiana es introducir cambios estructurales al Estado y a la sociedad, a través de lo que se conoce como Litigio Estratégico. Esta bola de mamertos apátridas quiere imponer nuevas reglas, preceptos y formas, sin haber ganado las elecciones, por cuenta de pronunciamientos judiciales amañados y sesgados a rabiar, que claramente desbordan las competencias de dicho tribunal, toda vez que esa función recae en el Congreso, por una parte, y, por otra, en el Gobierno, cuando de políticas públicas sobre seguridad y convivencia se trata.
La maquinaria del Litigio Estratégico está perfectamente coordinada: un grupo de “ciudadanos preocupados” presenta las demandas o tutelas “envenenadas”, que luego son estudiadas por “desinteresados” magistrados, quienes, a la postre, definen el asunto jurídico, de acuerdo con las conveniencias zurdas, que son las suyas propias: el poder judicial está en manos de la izquierda. Es evidente, a todas luces, que la Corte Constitucional pretende imponernos un modelo de país, que las mayorías pensantes rechazamos vehementemente.
Con el fallo en comento, la propia Corte Constitucional (otrora guardiana de la Carta Magna, hoy enterradora de la juridicidad y alcahueta del narcotráfico) desconoce de manera olímpica una serie de normas, a saber: el artículo 44 de la CN señala de manera clara y expresa, que: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”; el artículo 49 de la CN, que prohíbe el porte y consumo de alucinógenos, salvo prescripción médica; el artículo 82 de la CN, que hace referencia a la integridad de los espacios y su uso común, el cual predomina sobre el interés particular. Hay otras normas violentadas: los artículos 1,2,4, y 95 de la CN, y ciertos tratados internacionales que versan sobre la obligación ineludible de los estados parte de proteger la integridad emocional de los menores de edad.
¿Cómo, entonces, se pueden salvaguardar los derechos fundamentales de los niños cuando se les somete en un parque al espectáculo deplorable de ver a un adulto drogándose o en estado de alicoramiento exacerbado? El libre desarrollo de la personalidad se ha convertido en una patente de corso para condenar a la gente decente a convivir con las inmundicias propias del bazuco, la cocaína, la marihuana y demás drogas, en espacios abiertos. El que se quiera drogar que lo haga en su casa; ¿por qué la retorcida necesidad de hacer pública una adicción?
Lo que ha hecho la Corte Constitucional o, más bien, los togados del mal que la conforman, es asqueroso, impresentable, despreciable, abominable y bárbaro; pero, además, es inconstitucional, pues se han pasado por el tafanario principios constitucionales inalienables y los precedentes judiciales sobre la materia. Con una decisión ulterior, desconocen otras anteriores con fuerza vinculante, que de un plumazo han quedado en entredicho, como la sentencia C-221 de 1994, que autorizó en su momento a las autoridades, para impedir el consumo de drogas en lugares públicos.
Los magistrados de la Corte Constitucional son soberbios y retadores; ellos creen que el puestico les va a durar toda la vida; descaradamente hacen política y materializan sus posturas izquierdosas, en fallos cada vez más absurdos e irracionales, que, amparados en el libre desarrollo de la personalidad, sacrifican los derechos de la comunidad y afectan de manera terrible la convivencia y la seguridad ciudadana. El gobierno del presidente Duque debe presentar cuanto antes un proyecto de ley al Congreso para corregir el desafuero de la Corte Maligna.
Ya va siendo hora de pararles el macho a esos remedos de jueces que se creen incluso por encima de la misma constitución que dicen defender. Que no quepa duda: la Corte Constitucional no está fallando en derecho, pues hace las veces de un movimiento electorero, cuyo fin no es la justicia sino la politiquería.
La ñapa I: Enhorabuena por el ascenso de un soldado patriota y defensor de la democracia, el señor general Nicasio Martínez. No pudieron los enemigos de la Patria, esa izquierda radical que odia al ejército y ensalza a la guerrilla, frustrar la merecida promoción de un hombre íntegro y honorable.
La ñapa II: ¡Tamaño descaro el de Agnès Callamard, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y su combo de dizque “trabajo sobre desapariciones forzadas” atreverse a ordenar al Gobierno nacional “a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”! Si los de la ONU fueran gente seria, no habrían sido tan blandengues como lo fueron a propósito de Hungría, en 1956; Praga, en 1968, y Tiananmén, en 1989; pero bien sabido es que esa organización es incapaz de meterse con los grandes ni mucho menos con los comunistas.
