Por: Paola Holguín
El pasado martes 22 de agosto, la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública en el marco del estudio de las demandas presentadas en contra de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.
Una de las demandas que tramita ese alto Tribunal la presenté con las Senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, en la que formulamos tres cargos en contra de la mencionada norma, con el fin de que sea declarada inexequible por la Corte:
Cargo No. 1: VICIO INSUBSANABLE DE PROCEDIMIENTO POR FALTA DE CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA CRIMINAL (CSPC). Según lo certificó la Secretaría General del Senado, dicho concepto no fue presentado en la radicación del Proyecto ni en ninguna de las fases del trámite legislativo. De esta manera, el Gobierno Petro infringió gravemente el diseño institucional y las reglas de formación de las leyes, contenidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica 5ª de 1992, el artículo 167 de la ley 65 de 1993, el Decreto 2055 de 2014 y lo ordenado en la sentencia T-762 de 2015.
Cargo No. 2: VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PENÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 2 Y LOS ARTÍCULOS 10, 11 Y 12, POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE. La Comisión de Conciliación incurrió en una extralimitación de funciones al incorporar en el texto del informe final, estos artículos que fueron expresamente negados por la plenaria del Senado, lo cual implica una violación al principio de consecutividad al no haber sido aprobados en cuatro debates.
Cargo No. 3: VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5 POR DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA IGUALDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA. Se ha incurrido en una omisión legislativa, al desconocer los derechos de las víctimas de los beneficiarios de dicha norma.
La audiencia no solo sirvió para que la Senadora María Fernanda Cabal, en nuestra representación expusiera con suficiencia los cuestionamientos de orden constitucional en contra de la Ley, sino que además desnudó las graves inconsistencias en la política de paz de Petro y el tratamiento que le ha brindado a las organizaciones criminales en su primer año de mandato.
De las intervenciones del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, queda claro que los vicios en el trámite de la Ley que fueron advertidos en nuestra demanda son tanto evidentes como injustificados; en últimas, sus intervenciones, más que luces, sirvieron para acentuar los interrogantes. Por ejemplo, el Magistrado José Antonio Linares, con evidente desconcierto, preguntó a los funcionarios gubernamentales sobre cuáles son las reglas de juego, o el marco jurídico, con el que el actual Gobierno pretende abordar este “nuevo ciclo de violencia”, a lo que recibió una desconcertante respuesta del Alto Comisionadode Paz: …”tratamos de generar esta fase de acercamientos, pero en este momento no hay diálogos de paz con absolutamente nadie más. Además de eso, no tenemos marco jurídico, para lo que se llama el sometimiento, de qué conversamos si no hay garantías…todo lo demás que estamos intentando hacer, insisto, se basa en lo que ya se ha hecho en ejercicios de construcción de paz con grupos no políticos…”
De otra parte, el Excomisionado de Paz de Santos, Sergio Jaramillo, quien lideró la generosa negociación con las FARC, criticó la política de paz de Petro y la Ley demandada, calificándolas como el mayor “error estratégico” de los últimos 25 años, por el tratamiento que le ha dado a las disidencias y a las organizaciones delincuenciales, que a su juicio acarreará “efectos perversos”; apuntando, además, que «Uno no puede tomar el marco de la Ley 418 para aplicárselo a organizaciones criminales, porque la Oficina del Alto Comisionado no tiene las capacidades ni la información para hacerlo y se expone a altísimos riesgos de corrupción».
Independiente del sentido del fallo que emita en los próximos meses la Corte Constitucional en relación con la constitucionalidad de la Ley de Paz Total de Petro, dicha audiencia pública fue la ocasión para desnudar, desde lo jurídico y lo político, sus gravísimas falencias, producto de la improvisación de un gobierno que parece tener más afán por proteger a los criminales que por velar por los intereses de los colombianos. Queda la pregunta sobre la legitimidad del Gobierno Petro para negociar con estructuras criminales, que al parecer, y según declaraciones del propio hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, fueron responsables de su llegada a la Casa de Nariño.
