Por: María Fernanda Pacheco Mejía
En los últimos días en un discurso en la ciudad de Cali, el Presidente de la República, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de que las diferentes reformas sociales que ha propuesto su gobierno logren ser aprobadas. Esto no solo evidencia una vez más las problemáticas intrínsecas que tiene nuestro actual mandatario en contra de la institucionalidad, sino que también refleja el poco respeto que tiene por la democracia y la división de poderes en Colombia.
Históricamente, nuestro país se ha caracterizado por mantener una institucionalidad relativamente fuerte (en comparación con otros países de la región), donde a pesar de la violencia, corrupción y demás problemáticas a nivel social, hemos logrado priorizar la voluntad del pueblo desde la creación de la Constitución de 1991. Sin embargo, en la actualidad, Colombia está en manos de un gobierno al que se olvida la necesidad e importancia de respetar la autonomía de cada una de las ramas del poder, donde específicamente, el legislativo en cabeza del Congreso de la República tiene como principal función “elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos en todos los ámbitos de la legislación” anteponiendo el interés ciudadano y no los deseos personales del Presidente de la República.
Asimismo, esta división de poder representa un equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos que garantizan las libertades individuales y que fomenta el autocontrol de cada uno de los poderes en Colombia.
Es por esto, que es una real insensatez que en lo poco que va del actual gobierno se presenten en repetidas ocasiones intentos por violar la premisa sagrada de nuestro país sobre la democracia. Convocar a una Asamblea Constituyente sería el inicio del camino para llevar a Colombia a una posible dictadura, donde el presidente sea el único que tome las decisiones fundamentales de nuestro país.
Está claro el afán del gobierno Petro por hacer ver que tiene el poder y que planea mantenerlo a toda costa, pasando por encima del debate, de la voluntad de los ciudadanos y de las ramas legislativa y judicial. A pesar de esto Colombia goza de instituciones fuertes, donde no se le permitirá ni a este ni a ningún otro gobierno en el futuro pasar por encima de los intereses de los colombianos.
No existe un apoyo mayoritario a las reformas que plantea el gobierno porque claramente no cuentan con un sustento que asegure el bienestar de Colombia en un futuro. Por lo tanto, sin un consenso nacional es necesario replantear por completo dichas reformas hasta que evidencien que generan cambios positivos en la ciudadanía y que no solo son un intento más por poner en manos de unos pocos todos los aspectos esenciales de nuestro país.