Por: Jazmín Balaguer
La dimensión de la tragedia y el crimen, por la pérdida de una vida aumenta cuando es de forma violenta, cuando es un inocente en medio de una guerra, y a manos de quien debía protegerlo. Por ello, el Derecho Internacional Humanitario protege, a quienes no participan de una confrontación armada, cuyos asesinatos en ese marco, son catalogados como ejecuciones extrajudiciales. Conocidos popularmente como ¨falsos positivos¨.
Este episodio escabroso de nuestra historia, lamentablemente se viene presentando desde los años 80, según datos de la Fiscalía, con unos 2.248 casos oficialmente reconocidos, en donde varios hombres principalmente del Ejército han sido judicializados.
Sin embargo, es necesario precisar que, al haber sido crímenes cometidos por militares, por ningún motivo pueden ser catalogado como crímenes de Estado, ya que no existe sistematicidad.
Ningún tribunal internacional ha reconocido que exista de esa forma, puesto que para ello, se basan principalmente en los modelos probabilísticos desarrollados por Patrick Ball para identificar patrones, temporalidad y espacialidad de los responsables. Así que no hay elementos que permitan señalar a altos funcionarios de las épocas en la que se cometieron tales hechos, para determinar que fue un plan diseñado y ordenado desde esos Gobiernos.
Por tal razón, es que estos crímenes no han sido generalizados en todo el territorio nacional, al no ser una práctica de todas las unidades militares; sino de unas pocas, ubicadas básicamente en 10 departamentos del país.
No obstante, la Justicia Especial para la Paz (JEP), independientemente de su falta de legitimidad, permea la discusión nacional e internacional con sus anuncios, sentencias e informes, como el emitido esta semana sobre la cifra de Ejecuciones Extrajudiciales.
Este Tribunal ha dicho que son por lo menos 6.402 personas asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional, entre el año 2002 y 2008. Esto, a pesar de solo tener 397 víctimas reconocidas como tal en sus archivos oficiales.
Lo paradójico de la cifra, que difiere frente a la de la Fiscalía, que es aproximadamente 3 veces inferior, es que se basa en estimaciones realizadas por algunas ONG, las cuales a su vez han estimado, calculado y hecho proyecciones basadas principalmente en testimonios y relatorías, por lo que no dejan de ser subjetivas. Sumado esto, a tener un marcado sesgo ideológico, con declaraciones públicas en contra del Estado.
No difieren mucho estos supuestos, a los generados por el coronel retirado de la policía, Omar Rojas, quien afirma que son más de 10 mil los casos de “falsos positivos”. Una cifra que lanzó sin la mayor rigurosidad, pero que encontró eco en los enemigos del Gobierno y de la Fuerza Pública.
Las cifras que maneja la Fiscalía son muy cercanas a las de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Defensa, y a la Coordinación Colombia-Europa-EE.UU. Coinciden también, que son varios los gobiernos bajo los cuales se han cometido estos crímenes, y no, que fue justo en el Gobierno del Presidente Uribe cuando se iniciaron, como lo afirma la JEP. La Fiscalía también sugiere en sus informes, que no es claro que todos o la mayoría de los casos sean responsabilidad de miembros de las Fuerza Pública.
Si bien es cierto, que durante el año 2008 siendo Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue cuando más hubo este tipo de crímenes, también es necesario decir, y se omite en ese informe de la JEP, que la institucionalidad permitió que se conocieran los casos, se investigaran y se purgara internamente. Permitiendo que, para comienzos del año siguiente, disminuyeran considerablemente los casos. Si esto fuera una dictadura, como muchos “analistas” imaginan, eso jamás hubiera sucedido, porque el peso del Estado se dispondría para callar las denuncias; no se hablaría públicamente del tema; no se hubiera permitido debatir o escribir al respecto en medios. Nada hubiera ocurrido.
Este tipo de informes hay que tomarlos con pinzas, principalmente en su metodología, y responderlos con contundencia, porque esta en juego no solo la verdad, también la reputación y el erario público. Es claro, que la prioridad es establecer el número exacto de víctimas y su victimario, y que es igual de execrable que hayan sido 1.000 o 10.000; pero a la hora de reestablecer derechos a los dolientes, si hay diferencia, y es ahí donde hay de por medio muchos intereses económicos.
Es decir, cada caso es susceptible de una demanda millonaria en contra el Estado, por lo que es necesario saber, cual lo es realmente y cual no. Porque podemos estar ante dos escenarios, si se aumentan sin sustento empírico las cifras: seguir como hasta ahora, usando estos hechos con fines políticos, para intentar instalar la idea de la sistematicidad y por lo tanto de injusticia en la opinión publica, generando mas rechazo, así no haya efectos a nivel internacional, porque lo importante son los efectos electorales. O, por un beneficio económico mal habido con casos falsos.
George Orwell en su obra 1984, decía, que el lenguaje político esta diseñado para que las mentiras suenen veraces. Hay que estar atentos.
