La Contraloría General de la República en cabeza de Felipe Córdoba emitió un fallo de responsabilidad fiscal que le toca el bolsillo a tres agentes interventores y a dos exsuperintendentes de salud del gobierno Santos, corresponsables de la continuidad de la corrupción una vez intervenida la EPS que presidió Carlos Palacino y cuyo abogado fue el ex fiscal Eduardo Montealegre.
La sanción, proferida mediante el fallo 0450 del pasado 2 de mayo firmado por el Contralor delegado Anticorrupción José Miguel Char, concluye que los interventores Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso, le dieron continuidad al esquema financiero que permitía que la EPS pagara con recursos de la salud sus inversiones privadas y hasta los honorarios de los abogados de la EPS, situación de la que también son responsables los Superintendentes de salud del anterior gobierno Conrado Gómez y Gustavo Morales, quienes también deberán responder por el detrimento patrimonial que ronda los $91 mil millones de pesos.
Entre los pagos irregulares hechos a fiducias y a clínicas privadas, también figuran honorarios por asesorías jurídicas por valor de $226 millones a favor del abogado Ricardo Calvete; $104 millones al abogado José Joaquin Bernal; $360 millones al abogado Uriel Alberto Amaya y $258 millones a Vargas Abogados Ltda, pagos que reprocha la Contraloría por no tener relación con la operación del sistema de salud para la cual el estado le entrega recursos a las entidades prestadoras de salud.
La sanción, que va con cargo a las cuentas personales de los involucrados y que ya se encuentran embargadas, está distribuida así:
Wilson Sánchez: ($40.291.900.160)
Mauricio Castro: ($34.901.422.818).
Guillermo Grosso: ($15.940.331.439).
Conrado Gómez: ($9.900.532.534).
Gustavo Morales Cobo: ($21.590.036.507)
