Por: Maria Fernanda Cabal
“Infamia”. Así determinó una publicación hecha por la Revista Semana en el año 2006, los vejámenes que sufrieron cientos de niñas en las filas de las Farc, en distintas regiones de Colombia, y que fueron comprobados tras la incautación de dos computadores que estaban en manos de cabecillas de ese grupo guerrillero.
En el análisis de la información que contenía los equipos, la Fiscalía halló las hojas de vida de al menos 35 menores que se encontraban en el Frente 58 de la organización subversiva, en donde se demostró que tanto niñas como adolescentes eran reclutadas para ser parte activa del conflicto armado, además de ser sometidas a tratos crueles e inhumanos.
El historial de cada menor contenía anotaciones sobre sus vidas, antes y después de ser reclutadas por este grupo ilegal; datos de sus familias y lugares de residencia, así como también la descripción de sus aptitudes para la guerra y los castigos que recibían por cometer “fallas” -como perder una gorra, robar comida o mirarse al espejo-.
Eran sometidas, como todos los guerrilleros adultos, al escarnio público en consejos de guerra y las sanciones incluían todas las formas de degradación posibles. En los registros aparecen reseñas sobre las niñas que fueron fusiladas “por desmoralización”, otras a las que les siguieron las huellas después de desertar, e incluso existen algunos relatos de casos de suicidio.
No siendo suficiente con la explotación y los maltratos físicos, tanto niñas como niños eran abusados desde temprana edad. En el caso de las mujeres, las más jóvenes eran escogidas por sus comandantes para ser sus “compañeras sexuales”, con el riesgo de que si desertaban, sus familiares serían asesinados.
El testimonio de Sara Morales ejemplifica, dolorosamente, el calvario que vivían los menores en el infierno de las Farc. En 2017, ante el Senado de la República, narró cómo fue reclutada cuándo tenía solo 11 años de edad y llevada al Bloque del Magdalena Medio, al mando de Pastor Alape, donde fue abusada sexualmente, por primera vez, a los 15 días de haber llegado a la selva.
Morales, quien soportó violaciones constantes durante más de 10 años, fue raptada en una tienda y obligada a subirse a un camión en el que la llevaron a un campamento donde había más de 300 niños que recibían inducción por parte de Alape Lascarro, hoy delegado de las Farc al Consejo Nacional de Reincorporación.
“En las Farc era un delito quedar en embarazo” contó la exguerrillera que aseguró haber conocido el ‘Campamento Aborto’, donde se practicaron más de 100 abortos de los cuales Alape tendría pleno conocimiento; así como también ordenaba la muerte de niños “por comerse un cuarto de panela”.
Ante medios de comunicación, Sara denunció al Segundo Cabecilla del Bloque Central del Magdalena Medio, Virgilio Cifuentes alias “Allende”, comandante de la unidad básica a donde llegaban los niños recién reclutados, quien seleccionaba a sus favoritos para obligarlos a tener sexo.
A estos testimonios se suma Vanessa García, alias “Edna”, ingresada a la guerrilla a los 9 años. Alias “El Paisa”, comandante de la columna Teófilo Forero, fue el primero en violarla a los 11 años y siguió abusando de ella durante cuatro años más. Cuenta que quedó embarazada en tres ocasiones y que fue forzada a abortar igual número de veces; en el último de ellos, decidió conservar el feto de su hijo por seis meses en un frasco con alcohol.
La corporación Rosa Blanca, basada en las declaraciones de más de 1.200 víctimas de la guerrilla, ha señalado al menos a 25 excomandantes de las Farc de ser responsables de delitos sexuales, reclutamiento y abortos ilegales. Entre los acusados figuran el máximo líder del nuevo partido, Rodrigo Londoño Timochenko, los senadores Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Carlos Antonio Lozada, y dirigentes como Pastor Alape, Alias Romaña y El Paisa, así como el abatido comandante Raúl Reyes.
La organización también vinculó a Jaime Alberto Parra, Alias “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”, al que catalogan como “el mayor criminal de vientres de la historia” por haber practicado más de 5 mil abortos en todo el país, en donde murieron cientos de niñas por la precariedad en que se realizaban los procedimientos.
En este sentido, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, hizo público recientemente un informe que revela que desde 1.991 hasta la firma del Acuerdo de Paz, fueron reclutados más de 40 mil niños, niñas y adolescentes; determinando que los menores hacían un curso básico que duraba aproximadamente 45 días y se podrían hacer hasta dos o tres al año, con una capacidad hasta de 400 alumnos por cada curso.
A pesar de las evidencias, el Acuerdo firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo narcoguerrillero abrió un escenario de completa impunidad para quienes cometieron todas estas atrocidades, perfectamente documentadas.
Así quedó demostrado en las declaraciones presentadas recientemente por Pastor Alape ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que negó una vez más la violación de niñas, el fusilamiento de menores y los abortos. Otra bofetada para un país que pide verdad y justicia para las millones de familias que perdieron a sus hijos, sin derecho a conocer siquiera el paradero de sus cuerpos para despedirlos por última vez.
El Tribunal hecho a la medida de los terroristas, solo garantizará la supervivencia del ejército de muerte y dolor que ahora cuenta con respaldo internacional y defensores que desde la “legalidad”, abogan por ver a Colombia sometida a su agenda socialista. No les bastó 50 años, quieren una nueva historia, escrita de su propio puño y letra.
