Por Rafael Nieto Loaiza
Medicina Legal ha publicado su estudio Forensis 2018, donde sistematiza las cifras sobre violencia correspondientes a ese año. El estudio tiene datos muy importantes:
Las muertes violentas son la segunda causa de muerte en Colombia. Hay más muertes violentas que decesos por todos los tipos de cáncer. Son la segunda causa de muerte, solo superada por las enfermedades isquémicas del corazón. Además de la tragedia detrás de cada muerte violenta, las consecuencias económicas son costosísimas. “Las lesiones fatales de causa externa generan 2,5 veces más años de vida potencialmente perdida que las tres principales causas de muerte natural como son enfermedades del corazón, accidentes cerebro-vasculares e infecciones respiratorias agudas”, dice Forensis. No cabe duda, las muertes violentas son un problema de salud pública y debería haber una política estatal integral y específica para conseguir disminuirlas sustantivamente.
Si usted es joven, los riesgos son muchísimo más altos: el 64,02 % hombres y el 55,8 % de mujeres asesinados están entre los 20 y los 39 años. Entre más estudios, menos riesgos: el 37,62 % de las mujeres víctimas de homicidio contaban con educación básica secundaria o secundaria baja, el 36,76 % educación básica primaria y el 12,38 % educación inicial y preescolar. Para los hombres, el 43,00 % contaban con educación primaria, el 35,28 con educación secundaria o secundaria baja y el 13,70 % con educación inicial y preescolar”. ¡Si usted es universitario, el riesgo cae al 0,12%!
Por otro lado, para que la Corte Constitucional sea seria, el informe ratifica lo que algunos hemos dicho: las calles y las drogas están altamente relacionadas con la vulnerabilidad. El 6,56% de los asesinados son adictos a las drogas, de lejos el porcentaje más alto, que, además, debe sumarse a que el 1,61% son habitantes de la calle (alcohólicos o drogadictos, con seguridad). Es decir, como mínimo el 8% de los asesinados son adictos al alcohol o a las drogas. El segundo grupo más vulnerable son los campesinos: 3,27%. El 69,77% de los homicidios ocurren en espacios públicos y lugares abiertos al público y solo el 14% en viviendas. Homicidios, drogas y alcohol, y espacios públicos están claramente relacionados.
Ahora, lo más grave: el año pasado hubo 757 homicidios más que en el 2017, un 6.7% más. La tasa fue de 24,34 homicidios por cien mil habitantes. Es un muy mal dato. Se revirtió la tendencia sistemática de disminución de homicidios que llevábamos desde hace varios lustros. La más alta cifra de homicidios, desde que tenemos estadísticas, se alcanzó en 1991, en plena ofensiva del narcoterrorismo, con 79 por cien mil. La disminución más aguda se presentó durante las administraciones de Uribe. En el 2002 era de 67 y en el 2010 cerró en 38,36 por cien mil. Desde entonces veníamos bajando, aunque a un ritmo mucho más lento, hasta el año 2017, cuya tasa fue de 23,07, la menor desde 1970, pero apenas unas décimas mejor que el 2016.
¿Por qué la firma del acuerdo con las Farc no se ha traducido en disminución de la violencia? La pregunta no quieren hacerla, por supuesto, los defensores ciegos de ese pacto, pero es fundamental buscar una respuesta si queremos alcanzar la meta de ser un país verdaderamente en paz. La discusión racional y razonable es vital para nuestro futuro, más allá de las posiciones derecha izquierda, uribismo santismo, gobierno oposición. Por encima de las ideologías, los intereses de la patria.
Forensis 2018 da algunas respuestas parciales: los departamentos y municipios más violentos del país tienen características similares: presencia de narcocultivos, rutas de salida del narcotráfico, disputa territorial entre grupos armados organizados, o todas ellas.
“En cuanto a la distribución geográfica de las muertes violentas en el país, se observó que para el año 2018 los cinco departamentos que reportaron las tasas más altas fueron: Arauca (106,73), Putumayo (91,64), Valle del Cauca (83,01), Quindío (79,12) y Norte de Santander (72,78).” Salvo Quindío, que amerita estudio especial, son departamentos que tienen la caracterización descrita.
“En el Bajo Cauca, Putumayo, Cauca y Nariño, principalmente, la violencia ha reaparecido con toda su fuerza”, dice el informe. Y agrega que “algunos de los municipios con las tasas más altas de muerte violenta son aquellas donde hay presencia de grupos alzados en armas como las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo, entre estos se destacan Ituango, Tibú y Mallamá (Nariño)”. Y Tumaco, agrego yo.
Conclusión rápida: la desmovilización de las Farc no trajo la disminución prometida de la violencia. ¿Por qué? Parece una combinación de factores: los grupos más vinculados al narcotráfico y la minería ilegal nunca se desmovilizaron, la reinserción está teniendo muchas dificultades y el número de reincidentes está creciendo aceleradamente, el pacto contienen un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico que hicieron que el negocio creciera en lugar de disminuir, y el Estado ha sido incapaz de hacer un control efectivo del territorio, de manera que muchas de las áreas de desmovilización hoy son espacios de disputa territorial de grupos armados ilegales.
