Por: Nicole Levy Eidelman
El proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado “Cañón del Cauca”. La idea principal desde el inicio de su construcción en el año 2009 era crear la central hidroeléctrica más grande del país. En planes, se pensaba generar 2.400 megavatios con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una, para poder cubrir el 17% de la demanda energética colombiana.
Este proyecto estaba planeado desde los años 60, pero su construcción empezó en el 2009. Desafortunadamente, el 28 de abril de 2018, el río Cauca lleno de piedras y palos taponó uno de los túneles de desviación de la futura represa. Unas horas más tarde, el río logró destrabar el tapón.
Empresas Públicas de Medellín, EPM, responsable del proyecto, habló de una condición geológica. La comunidad planteó otra cosa, diciendo que EPM no había recogido los residuos de tala de bosques y por eso se habían tapado los túneles. Sea cual sea la razón, el río empezó a subir y se temía que este mismo se llevara una fosa común con más de 700 personas víctimas del conflicto armado. Desde ahí hubo muchos problemas y el proyecto se ha demorado mucho más de lo esperado.
Finalmente, y tras varios retrasos, se dice que al 30 de septiembre del presente año el proyecto muestra un avance del 85,3% de construcción, se espera que Hidroituango pueda generar energía en sus dos primeras unidades para el segundo semestre del 2022.
Dadas las demoras del proyecto: “La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango”, dijo la entidad en un comunicado. En el fallo se explica que a junio del 2019 el proyecto se excedía el 114,94% qué se tenía presupuestado para el proyecto. Se explica que también hay una responsabilidad por el lucro que se vio afectado al no empezar a generar energía desde finales del 2018.
El pasado 20 de octubre, la Contraloría suspendió términos de proceso de responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango. Esta decisión fue tomada al conocer y decidir la recusación presentada por María Eugenia Ramos en contra de los funcionarios de la Sala Fiscal y Sancionatoria dentro de este proceso. Dentro de los 28 investigados solo dos quedaron exentos de responsabilidad el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y Jorge Mario Pérez Gallón miembro de la junta directiva de Hidroituango.
Entre las 26 personas que se encuentran señaladas de responsabilidad fiscal por este proyecto están Juan Esteban Calle que fue gerente de EPM, Federico Restrepo, representante legal de EPM, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, la Constructora Conconcreto S.A., entre otras.
Dadas las circunstancias, el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha pedido en varias oportunidades cambiar a los contratistas encargados de Hidroituango, evento que sería muy complicado ya que la obra se podría demorar muchos meses más. En todo caso, parece que ese deseo podría cumplírsele a Quintero ya que dado el fallo reciente de la Controlaría, puede que Quintero decida qué empresa se queda con Hidroituango. Quintero se ha dedicado desde el principio a tener a los contratistas en la mira, a tratar de sacarlos, sin preocuparse de cuáles serían los cambios y las demoras para el proyecto. La pregunta es: ¿por qué tanta insistencia en cambiar de contratistas?
Mientras todas las entidades se preocupan por buscar culpables y echar culpas, deberían terminar la obra lo más pronto posible, difiriendo el juicio de responsabilidades y el pago de dinero a terceros hasta después de terminar.
Cuando un avión entra en emergencia no es momento para determinar responsabilidades y sanciones a la tripulación. Hay que aterrizar primero y juzgar después. De lo contrario, las primeras víctimas del incidente serían los ciudadanos y la economía del país.
