Por: Germán Senna Pico
Hace varios días, atendiendo un llamado de socorro y auxilio de una familia, ayudamos a una madre desesperada que buscaba a sus dos hijos menores de edad en zona rural de Piendamó Cauca, de donde habían sido llevados por otras personas con rumbo desconocido, a través de la ONG con la que hago un voluntariado y en compañía de la líder Diana Perafán, se les prestó ayuda y orientó para que presentaran una denuncia por desaparición de sus dos hijos ante las autoridades en Popayán, todo indicaba hasta ese momento, que habían sido reclutados por un grupo armado ilegal.
Coincidencialmente ese día se encontraba en Popayán, un equipo periodístico de caracol radio quienes cubrieron la noticia preservando la identidad de los dos menores desaparecidos o presuntamente reclutados por disidencias FARC o ELN, la búsqueda de los jóvenes se siguió por parte de las autoridades y de la misma familia sin resultados positivos, desde el día seis (6) de marzo pasado que se interpuso denuncia y se alertó a las autoridades para la búsqueda hasta el día 31 de marzo por la tarde, cuando Doña Cecilia recibió una llamada desde Llorente Nariño, donde le informaban que su hijo estaba muerto y que necesitan los datos del menor para enviarlo al Cauca desde Barbacoas Nariño, desde luego esto derrumbó a esta madre que tenía esperanza de ver a su hijo vivo, desgarrada en llanto le preguntó a los que estaban al otro lado del teléfono por su otro hijo, a lo que ellos respondieron no saber nada del otro hijo, sólo que también había otro menor muerto de Piendamó pero, que no estaba entre los muertos su otro hijo, solicitaron información de otra madre de piendamó para enviar el cuerpo del otro menor muerto.
Esa noticia confirmaba que los hijos de doña Cecilia Yonda, habían sido reclutados por disidencias de las FARC y que también había otros menores muertos, no le dieron noticia de su otro hijo menor de edad que también había sido reclutado el 30 de febrero de este año, ese mismo día se encontraron las dos mamás en Piendamó y contactaron nuevamente a la líder Diana Perafán para que les ayudara a recuperar los cuerpos de sus hijos; ese mismo día tomaron contacto con la funeraria de Tumaco que fue contratada por los miembros de las disidencias de FARC, para que entregaran los cuerpos en el Cauca a los padres, los trabajadores de la funeraria creyeron que iban todas las mamás y preguntaron por las otras mamás de los otros menores asesinados, fue allí cuando se percataron que eran cuatro cuerpos de menores de edad que habían sido recogidos por la funeraria cerca a Llorente Nariño y, que en la zona quedaron otros cuerpos de siete personas que ellos no pudieron traer.
No se sabe si eran menores o adultos, lo cierto es que con eso, se confirmó que dos menores de Piendamó y Caldono cauca, estaban entre los muertos recogidos y que otros dos eran de la Plata y Acevedo Huila, estos menores no llevaban un mes en las filas de estos grupos armados cuando ellos decidieron enviarlos como carne de cañón a combatir contra otros grupos armados, ya que ellos no murieron en combates con el ejército sino, en enfrentamientos entre disidencias FARC y ELN.
No revelaremos la identidad de los menores en concordancia y con apego la ley y el código de infancia y adolescencia, tampoco el de las otras madres por solicitud de ellas mismas, pero se hace necesario y urgente que las autoridades departamentales y nacionales, pongan el ojo en lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, y puedo afirmar en este artículo, que hay una complacencia de un sector de la dirigencia indígena con los reclutadores de las FARC que habitan en sus resguardos y en las mismas veredas donde vivían estos menores con sus padres.
Las investigaciones de las autoridades concluyen que los reclutadores de los menores indígenas viven en su propio entorno y que incluso hay un acuerdo soterrado con ciertos gobernadores y líderes indígenas, para mantener en silencio todos estos hechos que son una flagrante violación al DIH y a los DD HH, los menores son sacados de su entorno por los grupos armados y son llevados a otras zonas del país, para ponerlos como carne de cañón en la disputa por territorios de los grupos armados en el sur del país. Se cree que, entre los meses de enero a marzo del presente año, han sido reclutados más de 200 menores de edad por parte de las disidencias de FARC y ELN en el departamento del Cauca, principalmente de resguardos indígenas, esta vez la mayoría son de familias cristianas de la zona de Caldono, Jambaló, Tacueyó, Piendamó y Toribío, es aberrante la cifra, pero muy diciente de cómo los actores armados FARC y ELN, están actuando como estado paralelo sin que las autoridades militares, policivas y fiscalía general de la nación, tomen acciones contundentes para contrarrestar el reclutamiento de menores en los departamentos del sur occidente de Colombia.
La fiscalía general está en mora de judicializar a los gobernadores indígenas y demás miembros de estas comunidades que en masa, han evitado e incluso liberado a miembros de las FARC llámese Dagoberto Ramos y Jaime Martínez que han sido capturados por el Ejército, así ocurrió hace pocos días cuando tropas del comando especifico del Cauca a cargo del señor General Rojas, capturaron a varios miembros de la célula Dagoberto Ramos de las FARC en Caloto y, posteriormente fueron liberados por la guardia indígena que los rescató de las manos del ejército, aun sabiendo que estos miembros de FARC, eran los reclutadores de varios menores, incluso de hijos de varios comuneros indígenas de la misma vereda donde fueron capturados, luego esto deja claro que los acuerdos que denunció la líder social Diana Perafan entre la dirigencia indígena y las FARC, siguen intactos con la disidencias, así como estuvieron formalizados y llevados a la práctica con las FARC desmovilizadas al mando de “alias Pablo Catatumbo”, el señor Fiscal General Francisco Barbosa, está en mora de proceder contra estos “lideres” indígenas que obstruyen la labor de las autoridades.
Los mal llamados “líderes indígenas”, se creen ultra protegidos por la jurisdicción indígena que no tiene vigilancia ni control por ningún ente de la nación, bien sea, actúan sin Dios ni Ley y, las autoridades se encuentran maniatadas para proceder ya que una vez actúan, aparecen los colectivos de abogados y las ONGs o los Cepeda y Cía a reclamar autonomía de este bodrio y galimatías incluido en nuestra constitución, como aparato judicial legal con autonomía basado en usos y costumbres pero, en menos cabo de la soberanía interna, con esa autonomía han cometido toda clase de abusos y delitos sin que le hayan puesto freno, o enjuiciado a los representantes indígenas inmersos en acciones que van en contravía del ordenamiento jurídico y judicial de Colombia, violando desde luego el código penal y de procedimiento penal en un sin número de veces.
