Agradezco a quienes se toman el tiempo de leer esta breve reflexión, en la que quiero compartirles lo que ha sido para mi familia, y para mí, el escarnio público al cual me he visto expuesto con ocasión de hechos ocurridos en el año 2008, y que los medios identificaron como el caso Job.
Considero este el momento adecuado, luego de haber sido absuelto en primera instancia por un juez de la República y a la espera que la segunda instancia, si es que la hay, confirme la sentencia por inexistencia de delitos y necesariamente de pruebas; todo esto como consecuencia de la insistencia del fiscal del caso en realizar una acusación y un juicio, aún sabiendo que no existe prueba alguna que sustente su hipótesis.
Para iniciar, es importante contextualizar que el caso en mención, se trató de una reunión oficial, autorizada por el señor presidente de la República, desarrollada en mi lugar de trabajo, agendada por solicitud del entonces abogado de un ex jefe paramilitar, quien llegó acompañado de la persona cuyo nombre luego de su muerte, sirvió para que algunos medios le dieran el nombre al “caso”.
Puedo decir con toda tranquilidad que ninguna de mis actuaciones en el ejercicio del cargo público que ocupé, y en este escenario en particular, según la justicia lo ha determinado, estuvieron fuera de la ley. Fue clara la primera instancia en señalar que una narración de hechos por terceros, tomados de otros casos, no es prueba de ilícitud alguna, contra mi o contra cualquier ciudadano. Y es del hecho que existan rencillas políticas de donde, al parecer, surge la obligación de enlodar a todo el que no se alinee con ciertos intereses y corrientes políticas, no puede ser fundamento suficiente para fundar un caso, y menos aún lograr una condena.
No obstante, he permanecido bajo sospecha por casi catorce años. Desde el año 2008 se ordenó la apertura de una indagación penal con base en la información difundida por los medios de comunicación, indagación que fuera archivada después de un riguroso análisis jurídico probatorio en el año 2009. Pese a ello, en un evidente interés político y no como consecuenca de algún hallazgo judicial, el mismo caso archivado, sin pruebas nuevas o sobrevinientes fue reabierto, lo único diferente fue una contienda electoral y una división política. Un nuevo fiscal general con claros intereses en el ejecutivo, en un ejercicio no jurídico sino político, intentó dañarme como estrategia para afectar a un grupo político al que además no pertenezco, decidiendo que era necesario reabrir el proceso en el año 2015. Es claro que ese daño no lo consiguió en materia jurídica, pero sí en el campo personal, profesional y familiar.
Desde luego yo sabía que la condición de servidor público me pondría en la mira de los contradictores del gobierno en el que desempeñé una tarea meramente técnico-jurídica, pues nunca he ejercido como político. Sin embargo, es inexplicable que, a pesar de los fallos favorables, tanto en el proceso penal que se había archivado en 2009 y en el que se dictó esta semana en primera instancia, como en el disciplinario que se cerró en 2010, todos por los mismos hechos, y en los cuales siempre he estado presente y he ejercido mi defensa material y técnica, deba seguir demostrando mi inocencia, pues algunos han decidido verme como culpable sin pruebas y a pesar de que la justicia no encontró mérito alguno en sus acusaciones.
Antes de ese periodo como secretario juridico de Presidencia, siempre ejercí en forma exitosa la profesión: desde que me gradué como abogado fui litigante, consultor y docente. Conocía perfectamente que la condición de secretario jurídico de la Presidencia de la República, me impondría unos retos al participar en el segundo gobierno del expresidente Uribe, con todo lo que ello implicaba y aún implica. Ni hablar del conocimiento que como abogado, tenía y tengo, sobre las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales a las que se somete todo servidor público, al incumplir o al extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Por eso, considero lamentable que en algunos casos la administración de justicia y especificamente la Fiscalía sea usada como instrumento político, no para dar a cada cual lo que le corresponde, sino como una forma de aniquilar moral, social y políticamente a los que piensan distinto o, como en mi caso, pretenda criminalizar a alguien por el simple hecho de haber formado parte de un gobierno, que para un segmento de la población y de algunos medios de comunicación, no era de su gusto. Ese cuento que la Fiscalía es una parte y los acusados también en una supuesta igualdad de condiciones, es tan solo un sofisma con un sistema tan politizado como el que me ha acusado.
Pensar en la relación o tensión entre lo jurídico y lo político, es casi obligatorio, pues como secretario jurídico solo hice lo que la constitución, la ley y las funciones del cargo me permitían, y me correspondió hacerlo en la cabeza del sistema político, como es la Presidencia de la República.
Debo decir que nunca milité en ningún partido político, nunca tuve carné de afiliación en ninguna colectividad política, por convicción personal y profesional, soy un demócrata y como tal esperaba más de una entidad como la Fiscalía. Por supuesto no esperaba de sus cabezas un trato privilegiado, sino una indagación en derecho, pues una justicia vindicativa y politizada dirigida a aniquilar moral, mediática y socialmente a una persona solo por el hecho de haber pertenecido como funcionario de un gobierno, no tiene sentido.
Por mis hijas, mi familia y mis amigos, seguiré dando las batallas necesarias para reivindicar mi nombre, que es realmente la única herencia que vale la pena dejarle a los hijos, y defendiéndome e intentando reconstruir mi ejercicio profesional en este, mi país, el cual me ha dado todo lo que tengo y lo que soy, y del cual nunca me he ido. Desde aquí he ejercido mi derecho a la defensa material y aquí pretendo seguir con mi vida, sin mirar atrás.
Gracias a quienes nunca dudaron de mi recto proceder, de mi ética, y me han apoyado en este camino.
Concluyo estas líneas, compartiendo con Ustedes lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, expresó sobre la práctica de condenar en el tribunal de los micrófonos, o como dirían otros, en el sistema radial acusatorio:
“(…) Desafortunadamente, desde la implementación del sistema de la Ley 906 de 2004, en nuestro país los medios masivos de comunicación han intentado interferir en los procesos la tarea que es del resorte exclusivo de los jueces, tribunales y la Corte Suprema, especialmente en lo que atañe a la imposición de la medida de aseguramiento, su revocatoria y el juicio de responsabilidad. Estas manifestaciones deben ser desestimadas por los funcionarios en razón de sus efectos extraños y nocivos a la función de administrar justicia. Recuérdese que en un Estado Social de Derecho las decisiones judiciales no pueden obedecer a los clamores u opiniones, se debe propender por la protección de las garantías de las partes e intervinientes en el proceso. Las providencias no pueden sustentarse en una reacción mediática desproporcionada (…) ”.
