Por: Rafael Nieto Loaiza
Este 2020 será el peor año de la economía colombiana. El Gobierno calcula que el producto interno bruto caerá a -5.5%. El FMI prevé que el desplome será de -7.8%. En el escenario optimista del Gobierno o el pesimista del FMI, es el peor dato del que tengamos noticias, más malo aún que ese -4.2% que dejó la crisis de 1999. En una economía que se ha acostumbrado a un crecimiento estable, sin grandes picos o sobresaltos, y, sobretodo, sin recesiones, será muy duro.
Sin embargo, los datos del derrumbe del PIB dicen poco sobre la tragedia humana que esconden. Ella se ve mejor reflejada en las de desempleo y pobreza. Cerramos el 2019 con 10.5% de desempleo y para junio de este año la tasa se había disparado a 19.8%, es decir, 2.232.000 desempleados más. Una cifra engañosa y que en realidad debe ser mayor porque se mide con base en la tasa de participación laboral (los colombianos que están en edad de laboral y manifiestan su deseo de hacerlo) que estaba en junio en 57.4%, 6.1 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2019. Es otras palabras, por el momento hay muchas menos personas buscando empleo. Y no es porque no lo necesiten sino porque saben que no podrán encontrarlo durante el confinamiento. Apenas se levante del todo, aparecerán buscándolo y la cifra de desempleo debería subir.
El castigo ha sido mayor para las mujeres y los jóvenes. La tasa de desempleo de los hombres fue 16.2%, el de las mujeres fue 24.9% y la de los jóvenes menores de 28 años de 29.5%.
Más desempleo es siempre más pobreza. Según el Dane, es pobre el hogar de cuatro miembros que tiene ingresos de menos de $1.029.732 pesos al mes. Recordemos que en Colombia el 88% de los empleados gana solo dos salarios mínimos o menos. El 47%, solo un salario mínimo. Como el mínimo, incluyendo auxilio de transporte, es de $980.657, cuando se pierde el empleo casi siempre se cae en la pobreza y se arrastra a ella al núcleo familiar.
Eso es lo que está ocurriendo. La pobreza este año crecerá 15%, 7.3 millones de pobres más, según la Universidad de los Andes. Y, de acuerdo con la Universidad Nacional, en las 13 principales ciudades la pobreza extrema pasará del 4.5% al 16.7%. Es decir, la sexta parte de la población de las ciudades más importantes sufrirá de hambre.
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Como creo que el Gobierno ha hecho bien su tarea de controlar la crisis de salud pública generada por el Covid19, a partir de ahora generar empleo y reducir la pobreza, de manera tan rápida y masiva como sea posible, deberían ser el eje central de los esfuerzos del Estado y la sociedad.
No será fácil. El crecimiento de 3.3% de la economía colombiana el año pasado estuvo apalancado en el gasto de los hogares, que aumentó un 6% en términos reales en el 2019, el más grande en los últimos quince años. No será ese gasto el que pueda jalonar ahora, con tantos nuevos desempleados y con una caída de las remesas del 23% en el último trimestre. Un golpe que no puede subestimarse si se considera que el año pasado las remesas alcanzaron un récord de US$6.773 millones, 7.1% más que en 2018, un promedio de casi US$ 18,5 millones por día. Si no se recuperan los ingresos de los trabajadores no aumentará el consumo de las familias.
Tampoco podrá apostarse al esfuerzo del sector privado. El 96% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, y fueron esas mipymes las que generaron el 80% del empleo. Son también ellas las más afectadas y decenas de miles han tenido que cerrar por la crisis. Suponer que las empresas demanden más bienes intermedios o insumos de producción no tiene sentido cuando, por un lado, todo el tejido empresarial ha resultado seriamente erosionado por la crisis y, por el otro, no va a aumentar la producción si no aumenta la demanda de los consumidores y, como dije, tal cosa esta muy lejos de ocurrir.
Y si en durante la crisis del 2009 y los años posteriores el alivio vino por el sector externo, ahora no será así. El grueso de nuestras exportaciones es de materia primas y, en particular, de hidrocarburos y minerales. En el último semestre las exportaciones de las industrias extractivas disminuyeron 39.1% frente al mismo periodo de 2019. No se prevén mejoras en los precios del petróleo y el carbón para lo que resta del año y, para rematar, las economías de nuestros principales mercados de exportación pasan también por enormes dificultades.
De manera que el gasto del gobierno es el único que que puede producir una recuperación de la economía y empujar la generación de empleo y, con ello, disminuir la pobreza. El problema es que tendrá que hacerse con un déficit fiscal que estará en el orden del 8.2%. Como endeudarse con la banca nacional es costosísimo, los espacios con la banca internacional están casi completamente copados, y una reforma tributaria que castigue aún más a empresas e individuos que están sufriendo la peor de la crisis sería una insensatez, no quedan sino dos alternativas: vender parte de los activos de la Nación y endeudarse con el Banco de la República. Esa es la alternativa más rápida y efectiva en esta situación extraordinaria. Y concentrarse en que el gasto sea productivo, para la competitividad y genere mano de obra masiva. Es decir, debe focalizarse en la infraestructura civil y en la construcción de vivienda, sectores de mano de obra intensiva.
