Por: Francisco Muñoz
¿Pretende el Estado burlar a los Colombianos y a la empresa norteamericana Sea Search Armada?
Es deplorable ver al Estado colombiano pretendiendo burlar a sus propios ciudadanos en una trama infame que involucra miles de millones de dólares -supuestamente contenidos en el galeón San José-, posando con un discurso falaz como aguerrido defensor de los intereses nacionales, utilizando como chivo expiatorio a la empresa norteamericana Sea Search Armada -SSA, la cual denunció en el año 1982 el hallazgo de especies náufragas, con los restos supuestamente pertenecientes al galeón San José, cuyos derechos -reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia- causan una evidente inseguridad jurídica sobre el 50% de los bienes contenidos en ese naufragio.
¿Burlar a SSA?
Este tema del denuncio de especies náufragas en aguas colombianas realizado por parte de la empresa SSA en los 80’s, ha tenido un pésimo manejo por parte de los funcionarios encargados de esta responsabilidad, desde el gobierno de Turbay hasta Duque. Han transcurrido más de 30 años de litigios en los tribunales colombianos, que culminaron el 5 de julio de 2007, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de SSA, en la cual se les concedió el 50% de los bienes que sean extraídos del naufragio -que tengan calidad de tesoros-, sentencia reforzada con un embargo sobre dichos bienes que garantiza el cumplimiento de la propia sentencia, sin importar cuándo se rescaten.
(Resultado de sonar) «Objetivo principal» denunciado por SSA en el año 1982.
Largo: 140 pies (40 metros). Fotografía propiedad de SSA.
El hallazgo de especies náufragas por parte de la empresa SSA en sus exploraciones en los años 80’s, es un hecho absolutamente cierto, está más que comprobado que ésta empresa norteamericana encontró en el área que le fue autorizada para explorar, los restos de al menos un naufragio, y entre esos restos, denominó al más voluminoso de ellos, como el “objetivo principal”: una “anomalía” de 140 pies de largo con entre 12 y 25 metros de ancho (imagen 1), en el cual hay piezas de artillería y madera que indudablemente corresponden a especies náufragas, supuestamente coincidentes con un navío español de la época del galeón San José.
Dichos restos fueron ampliamente documentados en los 80’s -y al Estado le consta-, pues todo el proceso de exploración fue acompañado por observadores e inspectores de la Armada Nacional, que vieron los restos del naufragio con sus propios ojos, hay informes, cientos de imágenes, horas de video y testigos que dan fe de esta innegable realidad.
Hasta este punto, lo sucedido con SSA es sin duda censurable y hasta bochornoso, en la medida que no se justifica que el Estado colombiano haya buscado por todos los medios intentar desconocer la realidad del hallazgo de especies náufragas por parte de esta empresa norteamericana. Realidad de la cual no escapará Colombia, por más que intente aplicar la estrategia del avestruz -meter la cabeza en la arena para no ver al depredador que la acecha-. Es sólo cuestión de tiempo para que Colombia se tenga que sentar a arreglar este entuerto, de ello no hay la menor duda y, si en alguna de las cuentas que ha sacado el Estado colombiano, ha calculado, que podrá burlar a los señores de Sea Search Armada, están completamente equivocados, más temprano que tarde, los tribunales de Estados Unidos harán respetar los derechos de esta empresa, y esto también lo sabe el Estado.
¿Burlar a los colombianos?
Lo que no tiene perdón de Dios, es que “aquel otro 50% del contenido del galeón San José”, ese remanente sobre el cual no pesaba ninguna inseguridad jurídica, se lo haya intentado feriar Juan Manuel Santos, cuando trajo en 2015 a una compañía inglesa, para “redescubrir” ese mismo bien en esa misma zona, ofreciendo entregar hasta el 45% de esos mismos bienes, con lo cual incrementó la inseguridad jurídica sobre este patrimonio de los colombianos hasta en un 95%; menos mal que este atentado no se ha podido concretar -hasta hoy- gracias a las acciones legales emprendidas por un grupo de “ciudadanos preocupados”; aunque es oportuno aclarar, que sigue latente la amenaza, pues la infame Asociación Público Privada -APP, que se inventó Santos para “redescubrir” el galeón San José, sigue vigente a la fecha de este escrito 04/09/2020, gracias a la “complacencia manifiesta” del gobierno de Iván Duque, ejecutada por su Ministra de Cultura, a quien poco parece importarle que el galeón San José, haya sido declarado -por su propio Ministerio- como un Bien de Interés Cultural -BIC, el cual, por lo tanto, no puede ser utilizado como medio de pago, como lo tiene previsto esa aberrante APP de Santos, que la Ministra se resiste a cancelar.
No podemos dejar de agregar a la “complacencia manifiesta” del gobierno la “negligencia evidente” de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, «El originador ha dicho hace tres meses que está dispuesto a buscar fórmulas que no impliquen el pago en especie» (Camilo Gómez. Director de la ANDJE. Revista Semana 12/27/2019). No pues, valiente defensa…
La tesis de Santos y su camarilla, señala que las coordenadas de 2015 no coinciden con las de 1982 -utilizan el termino coordenadas con connotación de polígono y por supuesto que los polígonos si coinciden y se sobreponen en la parte del hallazgo-(imagen 2).
Polígono amarillo (1.100 km2) concedido a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), el punto amarillo indica la localización del hallazgo denunciado en 1982. En rojo los polígonos autorizados en 2015 (1.511 Km2), el punto rojo se supone representa el punto del hallazgo denunciado en 2015. En verde la zona en que se sobreponen los polígonos de 2015 sobre el de 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
La tesis de Santos, acolitada por el gobierno Duque, plantea una interpretación subjetiva sobre el verdadero alcance de la mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 2007, que favoreció a SSA, pues la interpretan al acomodo de los intereses de la trama del expolio: “La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró en nombre del Gobierno que la compañía cazatesoros Sea Search Armada no tiene ningún tipo de derecho sobre el galeón San José, esto tomando en cuenta que dicho naufragio no se encuentra en las coordenadas dichas por esta compañía“ (EL Colombiano 20/06/2019). Hay que tener claro que esas palabras de la Vicepresidente, deben obedecer a su propia y muy particular interpretación de la sentencia, o a la del gobierno, simulando desconocer que la interpretación que realmente va a valer en todo este asunto, será la que haga el juez que conozca del caso, y esto será cuando el embargo ratificado en la sentencia de la Corte Suprema, se perfeccione. Lo que hay que evitar a toda costa, es que mientras que esto pasa, se siga intentando feriar el patrimonio de los colombianos, con actuaciones, en apariencia torpes -entregar una misma zona de exploración para encontrar un mismo bien-, hecho que más bien parece obedecer a una abominable trama criminal, la cual, en el mejor de los escenarios, en estos momentos, sólo deja por fuera de la enunciada inseguridad jurídica, un mísero 5% del patrimonio contenido en el galeón San José, que es a lo que aún no embolatan nuestros dirigentes.
Pero si creen que van a dejar a los colombianos “viendo un chispero” con esta trama que armaron sobre el galeón San José, tengan presente que quienes estamos defendiendo el patrimonio de los colombianos llevaremos este asunto hasta tribunales internacionales de ser necesario, donde confiamos que todos y cada uno de los funcionarios involucrados terminará dando razón de su conducta.