Por: Eduardo Mackenzie
La vicepresidenta electa, Francia Márquez, reveló al noticiero CM& que después del 7 de agosto propondrá la creación de un nuevo departamento. Para alcanzar tal objetivo ella tendrá que pedir al Congreso debatir y aprobar tal trasformación de la actual organización del territorio colombiano. Esa iniciativa no podrá, claro está, infringir la legislación vigente, comenzando por los artículos 285 a 331 de la Constitución Nacional.
El imaginado departamento tendría, según Francia Márquez, 62 municipios: dos de Antioquia, la mayoría del Chocó y varios de los municipios costeros del Valle, Cauca y Nariño. Tal creación administrativa llevaría por nombre “Departamento del Litoral Pacífico”.
El senador petrista Alexander López, inspirador de esa idea, será sin duda el primer gobernador del nuevo departamento, el cual contará obviamente con una estructura administrativa propia. Gustavo Petro anunció la creación de dos nuevos ministerios, el de “la paz” y el de “la igualdad”, aunque los ministerios actuales asumen esas tareas. Francia Márquez será la ministra de uno de ellos: el de la “igualdad” o de la “equidad” (segunda versión de Petro).
El punto es que para los departamentos citados, tal creación está lejos de ser interesante pues significará para ellos la pérdida territorios, bienes y derechos, así como una parte de los recursos humanos, de los ingresos fiscales y rentas nacionales actuales, sin olvidar las bases militares y de policía y la pérdida de algunas entidades territoriales indígenas, de resguardos e incluso de zonas de frontera y, sobre todo de minas explotables o en explotación.
En cambio, el nuevo departamento le construirá a Francia Márquez, sin duda, un envidiable bastión electoral-clientelista, poblacional y territorial. La vicepresidente electa, quien no ha explicado los detalles de su plan departamental, de lograr su objetivo, dispondrá de un departamento inmenso y con una característica excepcional: con varias salidas al Océano Pacífico, si no con todas las salidas que tiene Colombia hacia el Océano Pacifico.
El mapa con el que CM& ilustró su nota (1) sobre el proyectado departamento muestra toda la costa Pacífica de Colombia, con todos sus departamentos, fundida al departamento ideado por la vicepresidenta electa. El nuevo departamento estaría siendo pensado, entonces, como una entidad nueva que tendría fronteras terrestres con Panamá y Ecuador y con acceso a la ruta marítima que emplean preferentemente los cargueros chinos para introducir a Colombia sus mercancías.
Si ello es así, el principal puerto marítimo de Colombia, Buenaventura, hoy bajo jurisdicción nacional y en territorio del Departamento del Valle del Cauca, caería en manos del clan de Francia Márquez. Es bueno recordar que durante los últimos asaltos insurreccionales de 2020 y 2021, organizados por partidos y sindicatos de extrema izquierda, varias estructuras armadas subversivas, como las llamadas “primeras líneas”, intentaron apoderarse por la fuerza del puerto de Buenaventura y del eje Cali-Buenaventura.
¿La propuesta de la vicepresidente electa vendría a ser un desarrollo de aquella intentona y de echarle mano al puerto de Buenaventura?
El nuevo departamento desordenaría en forma grave el equilibrio administrativo del país. Ese departamento tendría, desde el punto de vista de la población, 8.196.442 habitantes, es decir sería más fuerte que Antioquia y el Valle del Cauca y solo será superado poblacionalmente por Cundinamarca-Bogotá (10.989.954 habitantes). Si traducimos eso en rentas e ingresos fiscales tendríamos el segundo departamento más rico en términos de recursos presupuestales del país. ¿Eso es lo que busca Francia Márquez?
Buenaventura no es un puerto cualquiera. Según El Espectador, Buenaventura mueve el 60% del total de mercancías que entran y salen de Colombia. Ese puerto movilizó, en 2018, según la CEPAL, 1.369.139 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) lo que le permite ocupar el segundo puesto en Colombia después de Cartagena (2.862.787 TEU en 2018). Buenaventura ocupa el puesto 12 en la lista de actividad portuaria de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, el pretexto invocado por Alexander López y Francia Márquez también es muy discutible. Alegan que muchas personas del litoral pacífico, en Chocó sobre todo, votaron por Francia Márquez en las pasadas elecciones. Ello puede ser cierto. Sin embargo, ese voto por ella no fue un voto por la desaparición de la palabra Chocó, ni por la redistribución del territorio nacional, ni por la creación de una nueva burocracia departamental. Nada garantiza que la nueva y rica burocracia que ellos quieren formar será angelical y se dedicará únicamente a irrigar dinero a montones entre las comunidades, en lugar de utilizar ese botín para formar clientelas disciplinadas al servicio del nuevo gobiernismo petrista.
Alexander López sostiene que la creación de ese departamento se podría hacer mediante una “reforma constitucional”. ¿Quiere eso decir que reformará primero la Constitución para lograr la aprobación de su proyecto por un vía fraudulenta (sin discusión real) del llamado “fast-tract”?
Abran bien los ojos los congresistas, los grupos de oposición y los departamentos y municipios pues ciertas propuestas aparentemente anodinas y “humanitarias” pueden ocultar cambios tremendamente dañinos para al país.
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