Por: Jaime Eduardo Botero Gómez
Recientemente, recibimos la noticia según la cual la JEP imputa, en el macro caso 001 (retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP entre 1993 y 2012), a los miembros del secretariado de las FARC como “máximos responsables”, por haber cometido crímenes de lesa humanidad. La noticia señala que se imputa a los lideres de las FARC por “secuestro, tortura y violencia sexual”, decisión catalogada por la prensa como “la historica imputación”.
Al menos dejaremos de escuchar los eufemismos tales como “retención ilegal”, con los que los cabecillas terroristas de las FARC se referían al secuestro, con lo cual han tratado de suavizar sus tenebrosos crímenes. También negaban que el secuestro fuese una política de las FARC y dijeron no tener conocimiento de tratos crueles, las torturas, los asesinatos de los indefensos secuestrados y las muchas desapariciones.
Después de escuchar las candorosas versiones de los cabecillas, todas ellas plagadas de cortinas de humo tales como historias del conflicto (según ellos) o de sus ideales políticos, tratando de suavizar y matizar los crímenes, la JEP por fin llama al secuestro por su nombre: SECUESTRO, y lo califica como crimen de lesa humanidad.
En el desarrollo de las audiencias algunas victimas se hicieron presentes, escucharon estupefactas las negaciones llenas de cinismo de las FRAC. Solo algunas tuvieron oportunidad de ser escuchadas. Solo fueron reconocidas alrededor de 1700 victimas de un universo de 28.800, victimas asociadas a hechos victimizantes que estudió la JEP en el mencionado macro caso. Al parecer muy debajo de la realidad que han mostrado algunas ONG y documentada durante años.
Aun no hay sentencia, se viene un espacio de 30 dias en las que los cabecillas de las FARC deben reflexionar y decidir si reconocer que si fueron sus políticas, que si fueron secuestros, que si hubo torturas y malos tratos que ellos conocían, que si permitieron asesinatos, violaciones y desapariciones. La otra alternativa es no reconocerlo, en cuyo caso, dice el documento de los Acuerdos de La Habana, irían a un juicio en el cual podrían se condenados a prisión hasta por 20 años si se prueba lo que ya sabemos.
Esta es otra de las tantas burlas: Presentan sus versiones, bajo la gravedad del juramento y “en cumplimiento” de los acuerdos, completamente alejadas de la realidad. Y ahora tendrán la oportunidad de retractarse de lo dicho y declararse culpables de todo lo que se les acuse para evitar la cárcel. ¿No es absurdo? ¿No es una burla? ¿Porque no dicen la verdad desde el principio? ¿Por qué les dan la oportunidad de retractarse de sus mentiras y no declararles un incumplimiento?
En sana lógica, todas las mentiras que han dicho deberían servir para demostrar el incumplimiento de los acuerdos y pasar directamente a una juicio, ya que se han demostrado sus mentiras, con miras a una condena de cárcel por 20 años. Lo mismo sucede en todos los macro casos, no se imaginan la cantidad de mentiras que han dicho respecto del reclutamiento de niños y niñas, sobre las violaciones, los abortos forzados y los fusilamientos de niños.
A propósito, ese reclutamiento de niños debería ser considerado como secuestro, sin perjuicio de que les quepan otras tipificaciones penales.
No podría uno decir cual de todos los secuestros, con todas sus variantes, pudo ser más grave o más infame, pero si podríamos mencionar someramente algunos casos que afectaron masivamente a algunos colombianos: los niños y niñas reclutados, los casos de soldados y policías secuestrados en varios de los ataques a bases militares o a poblaciones y el caso de los diputados de Valle. Veamos una mención sucinta de estos casos:
Los niños y niñas eran reclutados a la fuerza desde sus escuelas (secuestro), en muchos casos señalados por sus propios maestros (afiliados a FECODE, existen testimonios y pruebas). Testimonios de muchachos, hoy fuera de las filas, que fueron reclutados siendo muy niños, dan cuenta de que existían muchas escuelas de guerrilleros en diferentes frentes y en ellas adoctrinaban y entrenaban a miles de menores. Se sabe que muchas de ellas albergaban de 500 niños por cohorte, con mas de 3 cohortes por año y funcionaron durante muchísimos años. Es decir, cuando nos hablan de aproximadamente 3.500 niños reclutados, tengan la seguridad de que están dividiendo por 15 o por 20 el numero real de niños secuestrados (reclutados forzadamente) y entrenados para la guerrilla. El niño o niña que lloraba, se quejaba, se robaba un pan por tener hambre o desobedecía una orden era fusilado sin clemencia, pero como estaban en entrenamiento, ponían a otro niño a que lo fusilara. Se ha sabido de un niño al que obligaron a fusilar a su hermanito.
Recordemos que hubo hombres de la fuerza pública secuestrados por muchos tiempo, algunos de ellos 10, 12 y hasta 14 años, en campos de concentración similares a los de la Alemania Nazi. Encadenados, humillados y tratados peor que a los cerdos (según declaraciones del General Mendieta, secuestrado por 12 años y que además sentenció frente al macro caso 001: “Farc está ofendiendo la dignidad de los que fueron secuestrados”), sus historias son sobrecogedoras, su martirio indescriptible y los malos tratos apenas imaginable de las más sanguinarias fieras que se conozcan en la historia de la humanidad.
En 2002, las FARC secuestraron a los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, todos los miembros de esta Corporación. Después de 5 años fueron asesinados 11 de ellos y para matizar esta atroz masacre los terroristas inventaron que hubo una incursión paramilitar (auspiciada por el gobierno) para rescatarlos y que por eso fueron vilmente asesinados. Después se demostró la falsedad de esta versión. No debemos perder de vista que el cinismo del grupo guerrillero los ha llevado a endosar las culpas de todos sus crímenes al gobierno o a la misma sociedad colombiana.
Sin embargo, no podemos creer es que vayan a condenar solo a 8 de estos terroristas cuando según estadísticas de la JEP comparecieron 862 guerrilleros desmovilizados, muchos de ellos ya condenados por la justicia ordinaria, que deberían tener al menos las mismas penas (irrisorias) que les darán a los cabecillas. Y si la loca teoría de los máximos responsables se impone, habría que tener en cuenta que el secretariado y el estado mayor de las FARC suman muchos más hombres y mujeres que los 8 mencionas por la noticia. Tampoco se entiende que se exonere a los mandos medios que también eran muchos y estaban encargados de ejecutar todas las ordenes macabras impartidas por los cabecillas. Entendemos que la guerrillerada tenga tratamiento especial, pero no podemos olvidar que un guerrillero ascendía en la cadena de mando, por su crueldad, por su “inteligencia” para acciones sanguinarias, etc.
¿Solo 8? ¿En serio? Esta es la peor de las burlas que puedan recibir las victimas y en general los colombianos. ¿no habían dicho que el proceso se había construido en torno a las víctimas?
En estos dias periodistas entrevistaban en todos los medios, a propósito de esta noticia, al Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y se nota claramente cual es la ideología que lo motiva, se enredaba tratando de explicar que la justicia no tiene que ser venganza, al referirse no es lógico que estos terroristas, asesinos y violadores paguen cárcel pues seria una venganza, que lo lógico son penas alternativas y que decir la verdad (que hasta ahora no han dicho) es una muestra del valor que tienen estos hombres. Me pregunto yo: ¿Valientes estos hombres capaces de cometer los crímenes más cobardes?
Repite Cifuentes, como Santos y sus amigos, 4 mentiras que nos vienen recitando por prensa, radio y televisión desde hace 8 años que inició el proceso de paz:
PRIMERA MENTIRA: “Que en un proceso de paz no se puede aplicar la justicia normal, porque eso es un acto de venganza”. Nos quieren hacer creer que la justicia para los guerrilleros es un acto de venganza ¿tambien es un acto de venganza contra el atracador, el violador o el ladrón de bancos? Pareciera que las leyes colombianas solo cobijan a todos los mortales excepto a los asesinos, terroristas, voladores, narcos y secuestradores, porque ellos por haberlo hecho por 60 años, entonces no les aplican las leyes.
SEGUNDA MENTIRA: “Que a las FARC no las derrotaron o que no era posible derrotarlas y que por eso había que negociar”, Uribe le entregó a Santos unas Farc derrotadas cuyos cabecillas estaban en Venezuela y Ecuador, y las pocas “tropas” harapientas y hambrientas escondidas como ratas en las selvas colombianas. Santos recibió unas fuerzas militares y de policía con la moral en alto, entrenadas, equipadas, empoderadas y con un trabajo avanzado, con lo que logró dar de baja al “Mono Jojoy” y al Comandante de las FARC del momento, Antonino Cano.
Sin embargo él (Santos), por buscar un premio Nobel, les dio tregua, dejo de perseguir los cultivos de coca (su mayor fuente de financiación) y los dejó recuperarse. Fue una decisión política de Santos, hacer y conceder todo lo que exigían los terroristas. Yo creo que si se puede negociar, sobre todo con unas fuerzas vencidas como las FARC, pero no puede el Estado vencedor ponerse de rodillas para que los narco terroristas, vencidos, impongan sus condiciones y el gobierno las acepte.
TERCERA MENTIRA: “Nadie deja las armas para ser encarcelado”, Las autodefensas se desmovilizaron, dejaron las armas y aceptaron ir a la cárcel entre 5 y 8 años. Luego, estando en las cárceles, siguieron delinquiendo y Uribe, que si hacia cumplir las leyes y los acuerdos firmados, los extraditó a los Estados Unidos, en donde recibieron condenas mas extensas que las que aquí recibirían. Ese proceso en Justicia y Paz, viene surtiéndose desde el primer quinquenio del nuevo siglo y jamás habló de impunidad. Claro a que a la izquierda y a todos los que hoy abogan por la impunidad para las FARC, en aquella época les parecían pírricas y se rasgaban las vestiduras por las bajas condenas definidas para ese proceso.
CUARTA MENTIRA: “El acuerdo de la Habana es un compromiso de Estado y por eso debe cumplirse”. Falso, no es un compromiso de del Estado. Fue un compromiso de Santos que violó todas las leyes para imponérnoslo. El ESTADO se pronunció en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y dijo NO a esos acuerdos. La Corte Constitucional había dicho que si el plebiscito se perdía y el gobierno quería refrendarlo debería ser por el mismo mecanismo. Sin embargo, Santos el mayor de los bandidos con una recua de forajidos en el Congreso y en las Cortes, incumplió con las normas que el mismo se había trazado y reformaron la constitución a espaldas del pueblo colombiano. Así que no nos vengan con cuentos, no hay tal compromiso del Estado (Para quienes no lo sepan, Estado es diferente a Gobierno). Con todo y eso, Duque viene tratando de cumplir con lo firmado y es claro que las Farc no han cumplido con nada de lo acordado.
Así que, Magistrado Cifuentes, ahórrese ese cuento de Santos y las Farc, que la justicia es venganza y que por eso, ustedes impondrán “las penas propias”. ¿Propias? Si, parece que son las propias para las FARC, aquellas penas simbólicas que ellos decidieron que les aceptaron, enrutadas al trabajo social, seguro a la “educación” (léase adoctrinamiento) ¿Se integrarán a FECODE?. SI, “Propias” pero de colombianos privilegiados.
NOTA AL MARGEN: ¿Porque será que parece que a la prensa hace fuerza para que a Duque le falle el proceso de vacunación? Esta parece la mayor mezquindad política conocida. Si se retrasan las entregas será porque las farmacéuticas se vienen demorando en ellas.
Twitter: @jebotero