Por: Dario Acevedo Carmona
Durante dos largos meses hemos escuchado las voces de numerosos colombianos que en las calles reclaman justicia, empleo, oportunidades, salud, educación, en fin, un sinnúmero de aspirciones que a primera vista, nadie en sano juicio, se negaría a aceptar.
Sin embargo, sabemos que la concreción de tales formulaciones generales y abstractas se expresa en programas de gobierno y, en una sociedad ampliamente diversa, como la nuestra, son los partidos y los movimientos políticos los que ponen a consideración de la ciudadanía sus propuestas y lo hacen a través del método más idóneo con el que contamos que es de la disputa electoral por cargos del ejecutivo y el legislativo, propia de nuestra democracia.
Y es aquí donde nos topamos con el primer gran escollo puesto que para algunos sectores en Colombia no hay democracia, hay exclusión, cuando no se afirma con contundencia que vivimos bajo una dictadura.
Los argumentos que sustentan esta negación son de una índole que se corresponde más con las políticas públicas que con los problemas de representación.
Una muy rápida mirada a la evolución de los términos de participación democrática en el país a lo largo del siglo, debería servir como evidencia fáctica sobre la vitalidad y dinamismo en la aplicación de esta forma de gobierno en el país.
Hasta 1910 el presidente de la república era elegido por un cuerpo de delegados que se contaba apenas por una decena de miles. La asamblea constituyente de 1910 eligió presidente al conservador Carlos E. Restrepo que, en vez de seis, gobernaría por cuatro años, adicionalmente, consagró la elección directa del primer mandatario por el sufragio directo de las personas hábiles para votar, solo los hombres mayores de 21 años, que poseyeran propiedad y una renta de 100 pesos anuales o supieran leer y escribir, a partir de 1914.
No eran muchas, pero si los suficientes para notar la diferencia, pues ya se contaban por cientos de miles. Este cambio condujo a la acción política de calle y de plaza pública y a la propaganda masiva por parte de los candidatos que aspiraban al solio de Bolívar. El voto censitario también operaba para la elección de congresistas y miembros de cámaras regionales y municipales.
En 1936, bajo el primer mandato de Alfonso López Pumarejo, se aprobó el sufragio universal directo y sin restricciones para los varones mayores de 21 años. Ya en 1945, la elección de senadores y representantes a la Cámara baja, tendría lugar desde el sufragio universal.
Desde 1953 hasta 1957 tuvo lugar la única interrupción de las elecciones, la cual llegó a su fin en diciembre de este año en que, además, se otorgó la ciudadanía a las mujeres en las mismas condiciones que a los hombres. De1958 a 1974 liberales y conservadores, tras haber llegado a un acuerdo de paz, se alternaron en la presidencia y ocuparon los órganos de representación popular en condiciones de igualdad. Quedaron excluídos otros partidos, aunque algunos de los que surgieron entonces como la Anapo y el MRL, lograron sortear tales limitaciones.
El periodo de 1974 a 1986 rompe con las anteriores restricciones, pero, obliga al partido ganador en las presidenciales a otorgar al segundo partido en votos representación en el gobierno en proporción con su votación. Durante el mandato de Belisario Betancur (1982-86) se redujo a 18 años la edad para alacanzar la ciudadanía.
En 1987 se realiza la primera elección popular de alcaldes, en 1991 fue convocada una asamblea constituyente que expidió la constitución que nos rige en la actualidad y que fue reconocida como una carta de derechos y la más democrática en la historia del país. Uno de sus artículos consagró la elección popular de gobernadores. Los cambios de estos años contribuyeron a ampliar la democracia, la participación de la ciudadanía extendida a la conformación de organismos cívicos.
Esta es, pues, una síntesis muy apretada que nos demuestra el dinamismo de una forma de gobierno que fue adoptada 200 años atrás en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta.
Otra cosa es la relativa a los problemas sociales que enfrenta el país, como la pobreza, el desempleo, la educación y la salud, cuya solución, en teoría, depende más de los gobiernos de turno que del régimen político.
Un estudio financiado por Agencia Estadounidense para el Desarrollo, USAID, y realizado por el Latin America Public Opinion Project, LAPOP, y en Colombia por la Universidad de los Andes desde 2004, que hace estudios y seguimientos muy precisos sobre la democracia en la región latinoamericana dice sobre la democracia colombiana que “entre 15 países en los que se hace la encuesta Colombia ocupa el quinto lugar, solo por debajo de Costa Rica, 714%, República Dominicana, 70,5%, Jamaica, 66,2%, y Chile, 64,6%. Colombia tiene 62,5%” (Rodríguez y Seligson, Universidad de los Andes y Universidad de Vanderbilt, Cultura política de la democracia en Colombia, Bogotá, USAID-LAPOP, 2011).
Este estudio de percepción de la democracia sobre 18 países de la región, fue citado por mí en una conferencia en la Universidad de Antioquia –Libertad y democracia del cielo no bajan- con motivo de los 20 años de la Constitución de 1991, publicada en el libro de mi autoría, De historia y de política, compilación de ensayos e investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2018, p 231.
Si se quiere establecer algún cambio sobre calidad y percepción de nuestro régimen, habría que mirar si fue afectado por la elección presidencial de 2014, por el desconocimiento del resultado del plebiscito de octubre de 2016 y por las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.
Darío Acevedo Carmona, Doctor en Historia, profesor emérito Universidad Nacional de Colombia.
