La caída del general Óscar Atehortúa significaría el ascenso del general Jorge Luis Vargas Valencia a la dirección de la Policía Nacional. Ese es el cálculo que tienen todas las partes involucradas en la lucha de poder por la dirección de esa institución, importante por muchas razones entre ellas porque controla el cuerpo de inteligencia más poderoso y sofisticado que hay en el país.
En la Policía Nacional hay dos ‘líneas’ de mando: la institucional de la que forman parte el grueso de los oficiales sin compromisos más allá del que tienen con su uniforme y la línea de ‘Los Sabios’, un poder bajo la sombra del general (r) Óscar Naranjo su padrino Rosso José Serrano y el General Jorge Luis Vargas Valencia actual director de Seguridad Ciudadana y unico de ese grupo con la posibilidad de llegar a la dirección. Los entes de control no son ajenos a esa pelea y el procurador Fernando Carrillo ya se metió de frente.
Ver: Los sabios, el tenebroso servicio de inteligencia de la Policía
El 8 de mayo Carrillo le puso su firma a la Resolución 0205 del 2020 con la que ‘se dispone reanudar términos procesales en una actuación disciplinaria’, es decir, la investigación que cursa contra el actual director de la Policía por hechos derivados de una ‘carpeta de inteligencia’ filtrada a algunos medios de comunicación y judicializada en los órganos de control.
Esa decisión llamó mucho la atención porque el pasado 16 de marzo la Procuraduría había suspendido mediante la Resolución 0128 del 2020 todos los términos de sus actuaciones disciplinarias como consecuencia del COVID_19. De las miles de investigaciones por corrupción que cursan en la Procuraduría solo se reactivó la del general Atehortúa.
Al actual director de la Policía lo investigan en la Procuraduría y la Contraloría por hechos del año 2014 cuando fue director del Fondo Rotatorio y esa entidad contrató la construcción de unas casa fiscales (CENOP) en el municipio de San Luis Tolima las cuales no se habrían entregado a satisfacción. Según la Procuraduría, el General Atehortúa no habría cumplido su obligación de »adelantar una revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado».
El general Atehortúa responde por cuatro cargos derivados del presunto detrimento patrimonial de $5.346 millones que denunció la Contraloría General de la República el pasado 26 de abril.
En la Contraloría trabaja la abogada Claudia Cristina Serrano Evers esposa del general Vargas Valencia e hija del general (r) Rosso José Serrano y aunque no tiene actuación directa en esos procesos se sabe que el delegado del sector defensa Sebastián Montoya fue subalterno del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, cercano a esa cúpula.
En la Procuraduría trabaja la abogada Mónica Cifuentes quien proviene de la Fundación Ideas Para la Paz de Sergio Jaramillo al igual que el exdirector del INPEC el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte ambos funcionarios que, según nuestras fuentes, al igual que el procurador Carrillo tienen interés en este proceso que derivaría en cambios en la línea de mando en la cúpula de la Policía Nacional.
