Por: María del Rosario Guerra
Se conoció esta semana el rosario de peticiones que exige el comité del paro para levantar las manifestaciones y poner fin a más de 15 días de bloqueos, vandalismo desorden y caos en varias ciudades del país. El documento, que contiene 18 puntos y se estima cueste cerca de $81 billones al año, no solo es incumplible, en su gran mayoría, sino que busca imponer la visión de una minoría y cambiar de tajo y a través de la manipulación, el plan de trabajo serio y juicioso de un gobierno legítimo, pese a las grandes dificultades que ha tenido que sortear como consecuencia de la pandemia.
El comité del paro parece haber olvidado que el respeto es indispensable cuando se ejerce liderazgo, ese que ellos tanto pregonan a los cuatro vientos cuando se proclaman portavoces de muchos colombianos inconformes. Pero ¿dónde queda el respeto a la vida, la salud, el trabajo y la libre movilidad de miles de colombianos que no apoyan su causa, y que se están viendo afectados por el cese de actividades, la violencia, los desmanes y la falta de transporte para cumplir con sus actividades? No puede ser que aquí se privilegien los derechos de unos pocos y no de todo un país que pide a gritos una reactivación económica y social urgente.
En los primeros puntos del pliego de peticiones está el “desmonte del Esmad”. Una petición inaceptable porque son ellos a los que la Constitución y la ley les da el mandato de preservar el orden y la seguridad cuando hay desmanes. Esta insistente petición de los líderes de izquierda y de los vándalos es absurda, si se tiene en cuenta que, gracias a aquellos que no aceptaron la derrota en las urnas en 2018, se han propuesto mantener a Colombia en una agitación social permanente y sumir al país en marchas y paros buscando la desestabilización social, económica y política para no dejar gobernar a Duque. Gracias a la Policía los ciudadanos nos sentimos respaldados, protegidos y con tranquilidad de que la Fuerza Pública va a defender la vida, bienes y honra como reza el mandato constitucional. Para la muestra un botón de la importancia de contar con el Esmad es que, hasta la misma alcaldesa de Bogotá, que tanto los ha maltratado y pedido que no actúen, se ha dado cuenta de la importancia de llamarlos al servicio, cuando ha comprobado que es imposible que solo la Fuerza Disponible y los gestores de convivencia controlen las turbas enardecidas.
El gobierno del presidente Iván Duque ha seguido un plan nacional de vacunación para prevenir el covid-19, basado principalmente en priorizar las poblaciones de más alto riesgo, así como en fases de acuerdo con las edades de las personas. Con lo cual, no hay diferencia ninguna ni de condición socioeconómica ni regional, buscando llegar a todos en igualdad de condiciones. Pero Fecode exige vacunación masiva para levantar el paro y volver a las urnas. Que irracionales y flojos esos sindicalistas del magisterio, que en vez de asumir su importante responsabilidad de ayudar a que la transición de la alternancia educativa de niños y jóvenes se realice con todos los protocolos de bioseguridad y se evite ese rezago educativo vivido por la pandemia, se nieguen a trabajar con ese argumento, cuando colegios privados y algunos pocos oficiales han vuelto a las aulas. Y para agregar, el Ministerio de Salud ya dio luz verde a la inmunización de docentes en el país, con lo cual ya no hay excusa para que siga en vilo el reinicio de clases presenciales.
Ahora pongamos sobre la mesa las cifras detrás de algunas de las exigencias del comité del paro y cómo algunas de estas ya han sido implementadas o anunciadas por el Gobierno Nacional y otras, por el contrario, son inviables en medio de la situación fiscal del país. Sobre el primer punto de peticiones donde se menciona “la implementación integral y sin condicionamiento de los acuerdos de paz”, es importante aclarar que el gobierno Santos, que firmó dicho acuerdo desconociendo la mayoría que votamos no en el plebiscito, se comprometió con un presupuesto cercano a los $129 billones en 12 años; insostenible frente a la realidad fiscal del país. Pero a pesar de ello es importante recordar el compromiso del presidente Iván Duque con los 170 municipios PDET incluidos en el acuerdo. Según cifras de la Agencia de Renovación del Territorio, para el 2019 la inversión en estos municipios fue cercana a los $9.17 billones, representando un incremento de 58,1% respecto a 2017.
Otro punto es la petición de gratuidad en la matrícula para estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior. Esta exigencia no es nueva. Es bueno recordar que hace parte del plan de gobierno del presidente Duque, y estaba incluida en el paquete social de la ya inexistente Ley de Solidaridad Sostenible, que la volvieron la excusa para el paro. Si bien, el proyecto de ley ya no existe, el compromiso con los jóvenes ha sido contundente y eso lo demuestra el anuncio del presidente Duque de gratuidad en la matrícula para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, para el segundo semestre del presente año. Pero se estima que para prolongar este beneficio se requerirían al año cerca de $877 mil millones.
Una renta básica de un salario mínimo mensual para nueve millones de hogares, que es otra de las peticiones, es claramente insostenible fiscalmente. Por supuesto que no podemos pasar por alto la alarmante situación de pobreza que nos deja la pandemia (21 millones de personas). Y para responder a esa tragedia social, el gobierno Duque desde 2020 lanzó el programa Ingreso Solidario que está beneficiando a 3.4 millones de personas, más seis giros extraordinarios para los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción, y programas de apoyo al empleo PAEF, entre otros. Frente a un panorama fiscal de déficit de 7,8% y una deuda pública de más del 64% del PIB en 2020, resulta impensable plantear una renta básica que acarrea un costo fiscal mensual de $6,1 billones.
Muchas de las propuestas son contrarias al plan de gobierno con el cual fue elegido el presidente Duque, además de ser inaceptables. Las quieren imponer con marchas, bloqueos e insensatez. Pero no podemos continuar con la mala costumbre de algunos que lo que no logran en democracia, con los votos, en las urnas, lo quieren imponer en la calle con presiones, tergiversaciones, mentiras y estigmatizaciones. Así no se construyen ni consensos ni unas mejores condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para los ciudadanos.
Es el momento para que los colombianos de bien, que somos de lejos la mayoría, que queremos y nos duele la Patria, defendamos con firmeza a nuestra Fuerza Pública y nos expresemos rechazando por todos los medios las agresiones y violaciones a la vida, bienes e instituciones. No más paros, si a la salud, trabajo y reactivación productiva.
María del Rosario Guerra
@CharoGuerra
