Por: María del Rosario Guerra
Si bien como partido Centro Democrático no compartimos lo orquestado en La Habana entre el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, e hicimos campaña por el No en el plebiscito para que no se pusiera en vigor dicho acuerdo, tengo que reconocer que el gobierno del presidente Iván Duque, de nuestro Partido, en estos dos largos años de mandato, ha cumplido con creces lo contenido en el denominado Acuerdo Final. En mi columna de la semana pasada escribí sobre algunos de los inaceptables incumplimientos de las Farc al acuerdo que entró en vigor hace cuatro años. Las tretas usadas por ellos para no entregar los bienes, las rutas del narcotráfico, las caletas con armas y municiones, los menores reclutados y, lo más importante, la verdad y reparación para las víctimas. En vez de avanzar hacia la “paz” que tanto prometieron, sus disidencias suman al avance de la violencia, criminalidad y narcotráfico.
En esta columna voy a resaltar el gran trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional para materializar el acuerdo y más importante aún, cumplirle a los 13.098 exguerrilleros de las Farc que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil. Desde el 1 de agosto de 2018, pocos días antes de la posesión del presidente Duque, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) asumió la administración de 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se ubicaron la mayoría de desmovilizados inicialmente, y a la fecha ha destinado $54.771 millones para garantizar las condiciones necesarias para su sostenimiento.
Uno de los compromisos del gobierno con los desmovilizados de las Farc era la entrega para su manutención durante dos años, del equivalente al 90% de un salario mínimo mensual, $8 millones por una sola vez para iniciar un proyecto productivo y un único pago por $2 millones para su localización, posterior a la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Estas garantías económicas otorgadas, desde agosto de 2018 a septiembre de 2020, han significado desembolsos por $227.901 millones. Igualmente, al pasado mes de septiembre, el Consejo Nacional de Reincorporación había aprobado 66 proyectos productivos colectivos que vinculan a 2.928 exguerrilleros, destinando $33.404 millones.
Otro de los compromisos que rechazamos, pero quedó en el acuerdo, fue la incorporación de exguerrilleros a los esquemas de seguridad y la creación de una dependencia en la UNP sólo para estos fines. Tristemente hay 763 exguerrilleros vinculados como escoltas en la UNP, otros 369 ingresaron a empresas de seguridad privada, y 58 más como personas de confianza de las Farc. Una decisión judicial de la JEP le ha ordenado a la UNP vincular más desmovilizados, con cuestionamiento sobre su conducta, seguridad de otros protegidos y manejo de información reservada.
También contempla el Acuerdo acceso a salud, pensión, educación y otros servicios para los exguerrilleros. En materia de salud, el 98,1% están afiliados al sistema y el 82,5% afiliados a pensión (11.492 personas). En cuanto a los compromisos en educación para el proceso de reincorporación de los exguerrilleros, mediante alianza con el Sena se vincularon 11.022 personas en programas de formación para el trabajo; y con el modelo Arando la Educación, 1.733 reincorporados fueron atendidos en los antiguos ETCR, en básica primaria y media. Este esfuerzo es importante para que esa base guerrillera que se desmovilizó pueda continuar con éxito el proceso de reincorporación a la vida civil, su compromiso con Colombia y con la legalidad.
No hay duda, el presidente Iván Duque ha gobernado para todos. Emprendió una maratónica labor para cumplir un acuerdo que él NO apoyó. Prueba de ello, han sido los recursos aprobados en el Presupuesto General de Nación y que, a partir del 2020, se incluye en la Ley un Anexo especial de Gasto para la Construcción de Paz. Por ejemplo, para la vigencia 2020, se destinaron $9.8 billones para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Marco de Implementación, y $10.6 billones en el Presupuesto del 2021. Del mismo modo, destaco los $2.7 billones de recursos asignados en el presupuesto de regalías para el bienio 2021 – 2022 a la bolsa ‘paz’, los cuales serán destinados única y exclusivamente para financiar proyectos en los 170 municipios PDET.
En esa línea puede catalogarse como “absurdo” que algunos pretendan culpar al gobierno por la muerte de algunos excombatientes, cuando según la propia Fiscalía, el 61% de estos homicidios son responsabilidad de disidencias de las Farc y de grupos criminales, en su mayoría producto de disputas por las rentas ilegales. De no preocuparse por la seguridad de los desmovilizados, el Estado hubiera retirado de los antiguos ETCR los dispositivos de seguridad, que en la actualidad están compuestos por 3.054 hombres; de ellos, 2.218 corresponden a integrantes del Comando Conjunto Estratégico de Transición y 836 más adscritos a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Como dato adicional no se puede olvidar que para 2019 el costo de la seguridad de los excombatientes fue de $129.782 millones y para 2018 de $119.429 millones.
Colombia no puede permitir procesos de ‘paz’ que impliquen impunidad para los jefes de grupos criminales que hayan cometido delitos atroces y de lesa humanidad, y que no haya mecanismos claros para exigir cumplimiento a todas las partes. No puede ser que sólo se exija cumplir al Estado, y que la otra parte exija beneficios jurídicos, económicos y sociales y no cumpla con sus compromisos. Además, muy mal mensaje el de la justicia, algunos medios de comunicación, políticos, garantes del proceso y muchos en la sociedad de no exigir todos los días verdad y reparación para las víctimas, quienes se suponen eran, y deben ser, el eje central del acuerdo que firmaron las Farc con el gobierno anterior.
El gobierno del presidente Duque seguirá cumpliendo con lo pactado, como lo ha manifestado, pero a la vez continuará trabajando para combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, las disidencias, la muerte de líderes sociales y la afectación a los bienes públicos. La legalidad expresada en el respeto por la constitución, la ley y la autoridad es el camino.
Por ahora solo resta seguir preguntando: ¿Cuándo cumplirá las Farc?…
María del Rosario Guerra
@CharoGuerra
