Por Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 10 de noviembre de 2025
I. El nuevo periodismo de intermediación
La designación del presidente Gustavo Petro, su esposa y su hijo por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) no es un choque diplomático; es una medida punitiva financiera.
Sin embargo, un sector de la prensa colombiana ha decidido convertir una sanción por lavado en una saga de ficción política. El resultado es una nueva figura en el ecosistema informativo: el periodista-intermediario, el soft-lobbyist que actúa como canal de comunicación de un designado.
El caso es emblemático: Daniel Coronell ha insistido en que la inclusión de Petro en la lista OFAC fue “sin prueba alguna”, una acusación implícita de arbitrariedad contra el Tesoro de EE. UU. Al convertir una medida basada en inteligencia financiera en una especie de ataque político, esa línea editorial hace algo más que equivocarse: entra en zona de riesgo regulatorio.
II. Cuando la víctima reemplaza al sancionado
La OFAC no necesita orden judicial para actuar; opera bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la Executive Order 14059, que bloquea los activos y prohíbe toda provisión de servicios a personas involucradas en el comercio ilícito de drogas.
Los periodistas que presentan a Petro como “perseguido” no solo ignoran ese marco jurídico; ayudan a neutralizar el efecto del bloqueo al devolverle capital reputacional en el mercado de la opinión pública.
El problema no es que informen. El problema es que actúan como relacionistas públicos del bloqueado.
III. “El riesgo no es la palabra, es el servicio”
El manual de cumplimiento de la OFAC define el “material support” de manera amplia: cualquier servicio, financiero o no, prestado a un SDN (Specially Designated National) es prohibido. De ahí surgen tres niveles de riesgo:
- Soporte de Relaciones Públicas: Proporcionar plataforma o narrativa favorable a un sancionado equivale a servicio de PR – un servicio de valor.
- Asesoría o intermediación: “Llamé al presidente para mantenerlo al tanto.” Esa confesión pública de un director de medio (Federico Gómez Lara,
de Cambio) cruza la línea entre periodismo y facilitación estratégica. - Precedente legal: En el caso Holder v. Humanitarian Law Project (2010), la Corte Suprema de EE. UU. determinó que asesorar o entrenar a un grupo designado, aun con fines “humanitarios” o “educativos”, constituye material support to terrorism. La decisión extendió esa prohibición a la provisión de servicios intangibles como comunicación, consejo o visibilidad pública. El paralelo es inevitable.
La OFAC no persigue el pensamiento; persigue las transacciones y los servicios. El riesgo no es la palabra, es el servicio.
IV. La farsa de la “Doctrina Trump”
Dice Coronell que están “revueltos los círculos de poder” con la fotografía filtrada, como si Petro fuera tema de cena en Washington – salvo que la cena sea para discutir asuntos penitenciarios.
Presentar a un designado por narcotráfico como figura central de una doctrina geopolítica no solo es ridículo: es funcional al objetivo del bloqueado.
Cada titular que habla de “Doctrina Trump” oculta el hecho crudo: el Tesoro de EE. UU. aplicó su régimen de sanciones habitual a una familia que mueve dinero a través de estructuras internacionales vinculadas a lavado y corrupción. Eso no es doctrina. Es cumplimiento.
V. De la crónica a la complicidad
Cuando la W Radio titula que el encargado de negocios de EE. UU. “no será expulsado”, reduce el contexto a una “crisis diplomática” menor. Mientras tanto, el Tesoro y la DEA siguen investigando rutas de financiación electoral y movimientos transnacionales de capital vinculados a la cúpula del petrismo.
El periodismo que minimiza eso no informa: interfiere en una cadena de cumplimiento internacional.
VI. Conclusión – Cuando el micrófono sirve como servicio
El sistema de sanciones existe para aislar al sancionado. La prensa que lo presenta como víctima rompe ese cerco y se vuelve parte del problema.
En el lenguaje de Washington, eso se llama facilitación material: Porque en el mundo del cumplimiento, la pluma puede ser un servicio, la entrevista un acto de facilitación, y la caricia mediática un intento de evasión.
En cierta otra entrevista de octubre, realizada por el mismo periodista radicado en EE. UU., y emitida desde medios colombianos, expuso un dilema regulatorio inédito: Coronell, bajo jurisdicción estadounidense, voló a Bogotá para ofrecerle a un sancionado por la OFAC una plataforma narrativa global y luego regresó a difundirla desde territorio norteamericano.
En Washington, esa escena no pasa inadvertida: un ciudadano o residente de EE. UU. que viaja a entrevistar a un SDN (Specially Designated National) y regresa a distribuir el material por canales sujetos a las leyes del Tesoro activa las alarmas del “material support”.
En la jerga de cumplimiento, eso no es periodismo de investigación; es facilitación reputacional transfronteriza.
Por eso, mientras los micrófonos siguen hablando por el sancionado, en los pasillos de la OFAC la pregunta ya no es retórica, sino de archivo:
“¿Cuánto periodismo cabe en un vuelo ida y vuelta Miami–Bogotá cuando el entrevistado está bloqueado por el Tesoro?” Y la respuesta —seca, burocrática, sin adjetivos— podría ser la más incómoda de todas: ninguno.
