Por: María Fernanda Cabal
Escuchar al General Mendieta, -secuestrado por las FARC durante 12 largos años- advertir que desmovilizados de las FARC en varias regiones del país ya estaban inscritos como víctimas del conflicto armado, para postularse y ocupar las llamadas curules para la paz, es indignante.
Ya lo habíamos anunciado desde la época de la campaña por el NO en el plebiscito. El acuerdo con las FARC era un evidente acuerdo de impunidad, una de las más grandes operaciones de lavado de activos y, además, una estrategia para hacerse al poder en el obsesivo camino de la combinación de todas las formas de lucha de los ideólogos marxistas.
No fue suficiente con la impunidad vulgar otorgada a los mayores asesinos de la historia de Colombia, que sin pagar un día de cárcel por sus crímenes atroces, hoy se campean en el Congreso de la República, alzando su voz con un dejo de superioridad moral propia de mentes insanas a las que a lo largo de la historia se les ha dado un tratamiento benigno por parte de la autoridad del Estado, que terminó siendo cómplice y benefactor.
Basta recordar cómo cada temario abordado en el cuerpo de un acuerdo de más de 300 páginas, para evitar ser pillados en sus oscuros propósitos, fueron copando uno a uno porciones de Estado para capturarlo y dejarlo atrapado en lo que he denominado la telaraña socialista.
Diez curules gratis, sin votos, 20 emisoras, más de 100 mil millones en seguridad contratando a sus propios guerrilleros «desmovilizados» y rearmarlos para su protección, gasolina gratis para hacer proselitismo en el territorio colombiano burlándose de sus víctimas desplazadas y empobrecidas.
Pero esto no era suficiente. Tenían en la narrativa que inventarse, con la asesoría de un siniestro personaje como Enríque Santiago, el postulado falaz de que las víctimas estaban en el centro del acuerdo. Y para encubrir sus siniestros propósitos delinearon unas zonas especiales de control territorial, denominadas PDET, dizque para atender las regiones más golpeadas por el conflicto (como si esto fuera una enfermedad adquirida y no inoculada por ellos).
Así, se trazaron zonas y rutas perfectas de control territorial y poblacional, más exactamente 167 municipios en 16 circunscripciones repletas de coca y de minería ilegal.»; donde las víctimas, en su mayoría -según el registro de la Unidad de Víctimas-, salieron desplazadas.
Hoy en esos municipios que llaman PDET, se concentra gran parte de las 245 mil hectáreas de coca, con las que se financia el narcotráfico y sectores de la extrema izquierda. De acuerdo con cifras y estudios del Departamento de Planeación Nacional, para el 2016, el 94,5% de los cultivos de coca estaban ubicados en los territorios PDET; donde además estaba el 5,4% de la minería ilegal.
Es un desafío además, para la condición misma de víctima de desplazamiento, que el diseño de la norma los excluya especialmente; o sea, que no solamente están despojados de sus derechos al ser expulsados de sus territorios, sino que ahora se les condena, al no poder ejercer su derecho, a participar supuestamente de un acto restaurativo. ¡Vaya tremenda farsa!
Pero estimado lector, en un país quebrado por cuenta de los terroristas que se sumaron al llamado paro nacional, para romper el tejido social y empresarial, ahora se le propone sacar plata del bolsillo para esas nuevas curules que costarían $1.693.358.832 al mes, y $20.320.305.984 al año.
Bajo el argumento de la paz, el acuerdo de marras sigue desangrando a millones de colombianos con más impuestos mientras premia victimarios que cínicamente se complacen con la extorsión más grande y humillante de nuestra historia pactada entre Santos y las FARC.
