El 31 de agosto de 2026, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) firmó la Resolución 0828, con la que revocó la declaratoria de desierto de un proceso de contratación clave para la lucha antidrogas del país y adjudicó, por $60.000 millones, el contrato para la «prestación del servicio integral para el desarrollo de las actividades de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, con grupos móviles de erradicación (GME), en el territorio nacional».
Firma la resolución el brigadier general William Castaño Ramos, quien venía ejerciendo como director de Antinarcóticos desde antes del cambio de gobierno y fue ratificado en el cargo el 26 de agosto de 2026 por el general Jesús Alejandro Barrera Peña, designado días antes por el propio presidente Abelardo de la Espriella al frente de toda la Policía Nacional, como parte de la nueva cúpula policial del gobierno.
El ganador de la adjudicación fue la Unión Temporal UT EMF 2026, integrada por siete empresas y una persona natural, con la firma Transworld Solutions Logística Colombia SAS —representada legalmente por el empresario Carlos Elian Ligarreto Avendaño— como socio mayoritario, con el 50% de participación. El contrato rige hasta el 21 de diciembre de 2026.
La adjudicación llega al final de un proceso que, según reportó El Tiempo apenas dos meses antes, ya arrastraba denuncias serias de manipulación. El diario reveló que la propia Unión Temporal EMF —la misma que terminó ganando— había pedido «forzar el cambio del comité jurídico evaluador» y una «reevaluación acomodada de su oferta», en lo que un competidor, el Consorcio GME 2026, calificó ante la Diran como «una flagrante distorsión del procedimiento de selección». El representante de ese consorcio, Diego Díaz Osorio, había solicitado que se declarara desierto el proceso por segunda vez, denunciando dilaciones deliberadas.
El mismo reportaje de El Tiempo contiene un dato que hoy cobra relevancia. La Unidad Investigativa de ese diario estableció que este contrato de erradicación es el que estuvo detrás de la salida del general Luis Enrique Méndez Reina de la terna para dirigir la Policía Nacional bajo el nuevo gobierno: un anónimo lo vinculaba precisamente a este proceso, ya declarado desierto en ese momento por tercera vez, y esa denuncia habría pesado en la decisión de dejarlo por fuera de la cúpula que De la Espriella terminó nombrando.
Méndez Reina quedó así fuera de la Dirección General de la Policía, pero es el mismo general que, dos meses después, una denuncia ciudadana formal —radicada directamente ante Castaño— volvería a señalar en relación con este contrato, como se detalla más adelante.
Ese proceso no avanzó sin vigilancia externa. La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a cargo de Samuel Arrieta, envió el 5 de junio de 2026 un oficio formal al general Castaño, director de Antinarcóticos, con cinco observaciones puntuales sobre cómo avanzaba la evaluación de las ofertas —el mismo general que, tres meses después, firmó la resolución final de adjudicación.
El contrato llega, además, a un sector con un historial reciente y bien documentado de irregularidades alrededor de este tipo específico de contratación. Desde 2020, la revista Cambio ha publicado una serie de investigaciones sobre Carlos Niño, descrito por ese medio como «el contratista fantasma» de la Policía: un empresario que, sin figurar como dueño en los documentos públicos de sus compañías, controlaría en la sombra una red de más de veinte empresas —entre ellas Integral Servicios SAS, Global Services y la Unión Temporal Global Allianz Group— con contratos estatales que suman, según esas investigaciones, más de 600.000 millones de pesos en contratación relacionada con la erradicación de cultivos ilícitos: alimentación, hospedaje, transporte y apoyo logístico para los grupos de erradicadores, repartidos entre gobiernos de distinto signo político, desde Iván Duque hasta Gustavo Petro.
Noticias RCN documentó en 2024 una denuncia radicada ante la Fiscalía por un presunto cartel para la asignación de esos contratos de hospedaje y alimentación en Putumayo, señalando de nuevo a Integral Servicios SAS y a Niño como «cabeza visible». Cambio reportó también que dos coroneles que hicieron carrera en Antinarcóticos —Jorge Enrique Hurtado y Alexander Sánchez— fueron retirados de la institución tras ser vinculados a la red de influencias de Niño.
Ninguna de las razones sociales que integran la UT EMF 2026 —Transworld Solutions Logística Colombia, Industria Comercios y Servicios Integrales ICS, Grupo Industrial y Empresarial de Servicios y Suministros (Giess), TRT Ingeniería y Comercio, Soluciones Logísticas La Fe, y el contratista Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga— coincide con las sociedades que Cambio había documentado hasta ahora como parte de la red de Niño. Pero una denuncia formal presentada dos semanas después de la adjudicación sostiene que esa distancia es solo aparente.
El 21 de agosto de 2026, una organización identificada como Veeduría Ciudadana para la Ponal presentó un derecho de petición y denuncia pública ante el general Castaño, firmada por Jorge Vargas V. en representación de esa veeduría, y copiada a la Procuraduría, a la Oficina de Transparencia de la Presidencia y a la Inspección General de la Policía. La denuncia sostiene que el esquema de Carlos Niño se mantiene intacto en 2026, ahora bajo una nueva razón social, y aporta una cifra consolidada: entre 2020 y 2026, las empresas asociadas a él habrían recibido contratos con Antinarcóticos y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por 117.612.895.711 de pesos, repartidos año por año mediante licitaciones, contratos interadministrativos y adiciones presupuestales sucesivas.
VER DENUNCIA:
El punto central de la denuncia —lo que llama «un maquillaje sin efectos reales»— es que, en el proceso paralelo de víveres y aseo SA MC 010-2026, Niño habría presentado su oferta a través de una empresa distinta, Industrial de Suministro SAS, integrante del Consorcio Isfood 2026 con el 78% de participación, que opera desde la misma dirección —Calle 55 No. 71-36, barrio Normandía, en Bogotá— que ocupó durante siete años Integral Servicios SAS.
La denuncia anexa certificados de existencia y representación legal de ambas sociedades ante la Cámara de Comercio de Bogotá donde consta esa coincidencia de domicilio, y sostiene que ese mismo grupo de personas —el contratista Carlos Niño Vargas, el empresario Carlos Elián Ligarreto Avendaño y el empresario Jairo Sotaquira Chaparro, cada uno representante legal de varias de las empresas mencionadas— controlaría, bajo distintas figuras asociativas, tanto la UT EMF 2026 que ganó el contrato de erradicación como varios de los oferentes que se presentaron, por separado, al proceso de víveres. Para la Veeduría, ese patrón podría constituir el delito de colusión en la contratación pública, tipificado en el artículo 410A del Código Penal.
La denuncia va más allá y señala, con nombre propio, a oficiales activos y retirados de la Policía a quienes atribuye haber facilitado o protegido ese esquema a lo largo de los años.
Textualmente, nombra al general Tito Castellanos, quien en su calidad de subdirector habría ejercido presión sobre oficiales y supervisores para favorecer a Niño en la adjudicación de contratos, y que posteriormente habría ingresado a su nómina; al general Luis Enrique Méndez Reina —el mismo cuya candidatura a la Dirección de la Policía se cayó en junio por el anónimo que lo vinculaba a este contrato, según El Tiempo—, señalado en la denuncia como «gestor de intereses» dentro de la institución; al general James Roa Castañeda, a quien se atribuye haber facilitado la entrada del contratista a procesos de la Dirección de Antinarcóticos; y al general activo Carlos Oviedo Lamprea, actual director de Carabineros.
Menciona también al coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, exjefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, al mayor Juan Carlos Parrado Mora y al intendente René Osorio, a quienes atribuye «vínculos de fraternidad y relaciones comerciales» con el contratista, en el marco de un presunto desvío de remesas y bienes del almacén de Antinarcóticos —incluidas, según el texto, ayudas de la misión estadounidense— que habrían sido reincorporados al inventario en beneficio de Niño.
La denuncia solicita al general Castaño, en su condición de director de Antinarcóticos, trasladar el caso a los órganos de control competentes, publicar el documento en el Secop II para conocimiento de los demás oferentes, y adoptar medidas de vigilancia interna que eviten que la reiteración de adjudicaciones a un mismo grupo económico se convierta en práctica sistemática.
