Por: Roberto J. Salazar Ramos
La Unad es una universidad muy querida por el pueblo colombiano, pero experimenta la más aguda crisis de sus 38 años de existencia al contar con un rector que ejerce el cargo en condición de destituido e inhabilitado por 12 años por cargos de corrupción, además de que su quinta reelección ocurrida el 7 de diciembre de 2018 tiene evidentes vicios de ilegalidad, debido a la participación de dos consejeros subordinados del rector en la sesión de designación, a quienes les nombró también como docentes ocasionales de tiempo completo a la hija de uno de ellos y a la cónyuge del otro.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia -Unad, es una de las 52 universidades del mundo creadas en las últimas tres décadas del anterior siglo xx, dedicadas a la formación mediante el empleo casi exclusivo de la modalidad a distancia con el uso de tecnologías digitales, teniendo como propósito la ampliación de cobertura con calidad en el marco de la educación superior, el apoyo a la formación básica y media para poblaciones de jóvenes y adultos y la oferta de módulos de educación abierta o continuada.
En la 18ª Conferencia de la Asociación Internacional de Educación a Distancia -ICDE, realizada en la Universidad de Pennsylvania en 1997, el investigador y exvicerrector de la Open University del Reino Unido, Sir John Daniel, presentó su renombrada conferencia, “The Megauniversity: The academy for the new millenium”, en la que define la “megauniversidad” como una característica de las universidades a distancia que emplean metodologías abiertas basadas en tecnologías y tienen más de 100 mil estudiantes activos matriculados en cursos de programas de educación superior conducentes a título. Para ese entonces, de las 52 universidades públicas a distancia, reseñó 11 con las características de “megauniversidades”, que en conjunto sumaban casi tres millones de estudiantes, graduaban al año un promedio de 260 mil profesionales y se financiaban en promedio con mil millones de dólares: Centro Nacional de Educación a Distancia de Francia, Open University del Reino Unido, Universidad de Sudáfrica, Universidad Abierta de Sukhothai Thammahtirat de Tailandia, Uned de España, Universidad Nacional Abierta de la China, Universidad Anadolu de Turquía, Universidad Nacional Abierta de Corea del Sur, Universidad Terbuka de Indonesia, Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi de la India, y Universidad de Payame Noor de Irán.
Para esta misma época, en América Latina se creó la Universidad Estatal de Educación a Distancia –Uned, de Costa Rica, la Universidad Nacional Abierta –UNA, de Venezuela y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –Unad, de Colombia. Basados en esta caracterización de megauniversidad, aceptada desde entonces por la comunidad mundial de educación a distancia, estas tres instituciones latinoamericanas no han alcanzado, ni en el pasado, ni en la actualidad, el carácter de “megauniversidad”, pues ninguna de ellas ha tenido matriculados de manera sostenida a más de 100 mil estudiantes activos en programas de grado y posgrado conducentes a títulos de educación superior.
En consecuencia, el uso que el rector de la Unad y sus áulicos vienen haciendo al calificar a la institución como la “megauniversidad a distancia” de Colombia y de América Latina, es un engaño publicitario y tiene más bien un carácter distractor: dar la imagen de la eficiencia administrativa para tapar la oprobiosa condición que actualmente tiene y que tanto daño le hace a esta importante universidad pública. Ojalá que logre alcanzar esta visión, pero como universidad de amplia cobertura con calidad, y no con el sombrío carácter derivado del Modelo MIDE_U, como universidad de alta cobertura de baja calidad, condición que se ha hecho evidente cada vez más en los últimos cinco años.
Por desgracia, el uso de este tipo de argucias se ha hecho familiar y, a manera de ejemplo, en julio del año pasado, para legitimar ante la comunidad su candidatura a la 5ª reelección y dar la imagen de respaldo del alto gobierno, realizó un fotomontaje en el que aparecía junto con el presidente de la República Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo, enmarcados en el logo símbolo de la Unad, que publicó en su cuenta personal de twitter y en el portal web de la institución, saludando a la nueva ministra. También publicó en el noticiero del portal institucional una noticia en la que la Unad ocupaba el primer lugar en un ranking internacional de “compromiso social”, que nadie nunca encontró, para contrarrestar así la crítica condición de la universidad como una institución de alta cobertura con baja calidad, derivada de las posiciones ocupadas en el MIDE-U del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, según las mediciones de los años 2016, 2017 y 2018, en las que ocupó los tres últimos lugares entre las 32 universidades públicas y ni siquiera alcanzaba a estar entre las 100 primeras instituciones de educación superior del país.
Por lo demás, se gastó $515 millones de pesos del presupuesto de la Unad durante el segundo semestre de 2018 en su campaña para la 5ª reelección, con el pretexto de evaluar la condición regional de la institución y recoger insumos para el plan de desarrollo 2019-2023, con la realización de 8 “despliegues estratégicos” en Tunja, Bucaramanga, Neiva, Medellín, Cali, Barranquilla, Restrepo y Bogotá, a los cuales se desplazaba con sus directivos y delegaciones de estudiantes, docentes, egresados y funcionarios.
Frente a la destitución e inhabilidad por 12 años de que fue objeto por parte de la Procuraduría, para aglutinar el apoyo de los miembros de la comunidad universitaria realizó en Paipa, Boyacá, del 16 al 21 de febrero de 2019, un evento con cerca de 380 participantes, utilizando como pretexto la consolidación del plan de desarrollo 2019-2023, evento que le costó al fisco institucional casi $600 millones de pesos. El conferencista central de este evento fue Carlos Alonso Lucio, que al parecer ha tomado la vocería de la imagen de Leal Afanador entre los medios. Con el propósito de apuntalar su dominio institucional y su continuidad en el cargo o en “cuerpo ajeno”, además de demostrarle al Procuraduría su adhesión de la comunidad, se gastó cerca de $500 millones de pesos, llevando a 300 funcionarios a Paipa en evento realizado del 2 al 5 de diciembre, evento en donde el Consejo Superior le aprobó el nuevo estatuto organizacional como dispositivo para el logro del plan de desarrollo 2019- 2023. Curiosamente, sólo 5 de los 9 consejeros asistieron a esta sesión, brillando esta vez por su ausencia los delegados gubernamentales.
Pero, ¿qué es lo que quiere esconder Leal Afanador con las más alocadas estelas de humo que viene disparando a diestra y siniestra?
Como se ha enunciado, el rector de la Unad se encuentra destituido e inhabilitado por 12 años, según fallo de la Procuraduría emitido el 28 de diciembre de 2018, acusado de dos cargos: uno por nepotismo, al nombrar por interpuesta persona a su sobrina Daiana López Leal como directora del Centro de Idiomas de Unad Florida, cargo que desempeñó durante 18 meses, de febrero de 2012 a agosto de 2013 y durante el cual percibió USD52.337.27 equivalentes al cambio de hoy a unos $185 millones de pesos. La interpuesta persona fue Socorro Magdalena Pinzón de Posada, directora ejecutiva de Unad Florida. El otro cargo porque propuso y aprobó en el Board of Directors o Junta Directiva de Unad Florida un auxilio educativo no justificado por USD8.427.71, equivalentes hoy a $29 millones de pesos, para que Germán Posada Pinzón, gerente de desarrollo de Unad Florida e hijo de Socorro Magdalena Pinzón de Posada, adelantara estudios de maestría en la Universidad de Harvard.
Pero Leal Afanador enfrenta ahora un nuevo caso jurídico que tiene en “jaque mate” la legalidad de su 5ª reelección llevada a cabo el 7 de diciembre de 2018, en la cual era rector en ejercicio y candidato. En la sesión de elección en la que dos de los miembros del Consejo Superior participaron y votaron a su favor, Clara Esperanza Pedraza Goyeneche –delegada de las directivas académicas- y Harold Esneider Pérez Waltero –representante de los docentes-, se negaron a reconocer los impedimentos jurídicos en los que se encontraban por conflicto de intereses, pues eran funcionarios de libre nombramiento y remoción, subordinados del rector y nombrados por él, y tenían también familiares nombrados por Leal Afanador como docentes ocasionales de tiempo completo, la primera a una hija, Jessica Paola Páez Pedraza y el segundo a su cónyuge, Flor Azucena Flórez Preciado. Al ser reelegido por quinta vez, Leal Afanador agregaba otros 4 años a los 15 que ya llevaba en sus cuatro períodos anteriores, para sumar 19 años de rector.
Los dos consejeros fueron denunciados el 16 de enero de 2019 ante la Procuraduría General de la Nación, por violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La queja interpuesta pasó a manos de Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, procuradora primera para la vigilancia administrativa, quien el 13 de septiembre dio por terminada y archivó la investigación disciplinaria a favor de los dos consejeros, aduciendo que estos no participaron en la elección del rector como subordinados del mismo, sino en calidad de consejeros y representantes de sus respectivas comunidades.
Sin embargo, en respuesta a la apelación contra esta decisión, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación revocó el fallo, aduciendo que la procuradora no estableció un marco jurídico fundamentado, constitucional y jurisprudencialmente, en torno a los temas de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades; no tuvo en cuenta la información aportada por el quejoso acerca de los familiares nombrados por el rector, omitiendo la incidencia jurídica del grado de consanguinidad y la calidad de cónyuge en la configuración de conflicto de intereses; “no realizó un estudio detallado de los hechos materia de investigación, como quiera que no se dieron los presupuestos contenidos en el artículo 73 del Código Disciplinario Único para ordenar la terminación del proceso disciplinario”; y “no argumentó porqué razón no se presentó un conflicto de intereses por parte de los dos disciplinados, que vale la pena recordar, eran subordinados del rector y candidato para el período 2019- 2023 Jaime Alberto Leal Afanador”.
En definitiva, que al desconocer el aspecto subjetivo mediante el cual se define el conflicto de intereses, la procuradora primera creyó ver en los dos consejeros a dos ángeles y a la persona que los nombró como funcionarios públicos, al igual que a sus familiares, a un arcángel. En virtud de lo anterior, la Sala Disciplinaria revocó la decisión de terminación y archivo de la investigación, ordenando su continuidad, “en razón a que no están dados los requisitos, objetivos ni subjetivos, establecidos en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, es decir, que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que no se cometió o que no es constitutivo de falta disciplinaria.” (Subrayado fuera del texto).
Como se puede observar, la continuidad del rector de la Unad se encuentra en estado crítico y en ambos casos por hechos oprobiosos para los miembros de esta importante universidad pública. Por ello nombró a Carlos Arturo Gómez Pavajeu como su abogado defensor ante la destitución de que fue objeto por parte de la Procuraduría, entidad en la que este ocupó el cargo de viceprocurador general durante 8 años, correspondientes a los dos períodos del Procurador Edgardo Maya. Ya ha transcurrido un año de su destitución e inhabilidad y siguiendo la política de dilación no se ha producido aún el fallo de apelación, lo que ha generado molestias y rumores de todo orden al interior y fuera de la institución. Pero les siembra de esperanzas que los cargos formulados sobre los hechos probados tienen buenas bases jurídicas, además de la probidad que se les atribuye a los procuradores delegados de la Sala Disciplinaria, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Silvano Gómez Strauch.
En cuanto al fallo de la Sala Disciplinaria, si bien no tiene relación directa con la destitución del rector, toca de manera directa al Consejo Superior, órgano que ha usado como sostén de los tornillos que lo atan a la silla rectoral por 16 años, rumbo a los 19. Sin embargo, el fallo apunta también hacia él, pues pone en “jaque” la legalidad de su elección para el actual período 2019-2023, dada la confluencia de los conflictos de intereses de los consejeros en su reelección.
¿Qué futuro le espera la comunidad unadista con el “tape, tape” de estos hechos? ¿Hay alguien o algunos detrás del poder de Leal Afanador para que se siga sosteniendo aún a pesar de estos probados hechos de corrupción? ¿Pueden sus diversos estamentos contribuir eficazmente a la resiliencia de su misión? ¿Hasta dónde y hasta cuándo quieren llegar con esta situación a cuestas, satisfaciendo las necesidades particulares del rector en detrimento de la propia institución?
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