Por: Rolando Alvarado
En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, celebraron un Acuerdo para el establecimiento de un ente internacional que contribuyera en el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala, y fundamentalmente, para la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad (CIACS).
Ese ente internacional, instalado en Guatemala, se denominó como la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala“ (CICIG), y operó como una Fiscalía Internacional que tenía facultades para promover la persecución penal dentro de los límites establecidos en el referido Acuerdo.
En el año 2015, la CICIG, a cargo del Comisionado colombiano Iván Velásquez Gómez, y el Ministerio Público, a cargo de la Fiscal General Thelma Aldana, lograron la judicialización de casos mediáticos como el denominado caso “La Línea”, que refiere a una supuesta estructura criminal que cometió actos de defraudación aduanera y que, según su investigación, tenían participación el Presidente de ese momento, Otto Perez Molina y la Vicepresidente Roxana Baldetti.
A la presente fecha el caso “La Línea” se encuentra en trámite, y han sido cuestionados los medios de investigación aportados por CICIG y el Ministerio Público. Con este y otros casos, CICIG logró tener apoyo de la ciudadanía guatemalteca, y fue a partir de ese momento cuando logró que todas sus peticiones fueran atendidas a cabalidad por los Tribunales de Justicia. Los jueces que se negaban a cumplir con sus requerimientos eran procesados penalmente.
Fue así como CICIG creó listas negras, como la lista de “jueces de la impunidad”, y llegaron al punto de crear una lista de las personas que se oponían en redes sociales a sus actuaciones, creando así el denominado “INFORME BOTS, NETCENTERS Y COMBATE A LA IMPUNIDAD”, informe que originó investigaciones en contra de los opositores cibernéticos de CICIG.
En dicho informe, en la página 15, cuadro 19, se incluyó la cuenta de Twitter del suscrito, en el puesto 6, como una de las “cuentas que difunden o comparten mensajes de odio” de cuentas madre denominadas “HATERS”.
Esto debido a que el suscrito utilizaba su cuenta para evidenciar las ilegalidades de CICIG, basado en su derecho de libertad de expresión. Fue así como CICIG concentró un poder excesivo y muy pocos se atrevieron a contradecir sus actos, ya que cualquier opositor era investigado a profundidad, incluyendo a sus parientes y socios, y podían generar cualquier tipo persecución en su contra, como la que hicieron en contra del hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales, quienes fueron enviados a prisión preventiva por un caso que carecía de materia penal, y posteriormente fueron declarados absueltos.
No obstante lo anterior, el caso que produjo gran revuelo internacional, fue el caso de la familia Bitkov, quienes son migrantes rusos que residen en Guatemala y que han demostrado que son perseguidos políticos del Estado ruso. Esta familia rusa esta integrada por los esposos Irina e Igor, y sus hijos Anastasia y el niño Vladimir.
Esta familia huyó de Rusia por temor a morir, ya que Igor e Irina fueron empresarios reconocidos en Rusia pero fueron extorsionados para contribuir con el partido político de Vladimir Putin, y por haberse negado, perdieron sus fábricas, su hija fue secuestrada, entre otros acontecimientos perjudiciales, pero lograron huir con destino final en Guatemala.
Para el efecto y para ocultar su identidad, contactaron a una firma internacional de Abogados denominada “Cutino International”, quienes les ofrecieron un proceso legal de cambio de identidad para poder evitar la persecución rusa.
Fue así como el Estado de Guatemala les proporcionó documentos de identidad y de viaje, y no obstante ello, posteriormente un Banco estatal Ruso (VTB), con la ayuda de CICIG, cuestionó la validez de dichos documentos e iniciaron un proceso penal en Guatemala.
Resulta que, de manera sorprendente, el Comisionado Iván Velázquez Gómez se involucró en este caso y pidió a la Fiscal General Thelma Aldana, que la familia Bitkov fuera juzgada por un Tribunal de Mayor Riesgo, es decir, un Tribunal creado para juzgar CIACS, o para delitos que implican un mayor riesgo como narcotráfico o terrorismo. CICIG logró enviar a prisión a la familia Bitkov, y a su hijo menor, Vladimir (en ese entonces de 3 años de edad), lo enviaron a un Orfanato. Posteriormente, en enero del 2018, Igor Bitkov, a petición de CICIG, fue condenado a 19 años de prisión, Irina y Anastasia Bitkova, fueron condenadas a 14 años de prisión.
La condena en contra de la familia Bitkov constituye un acto atroz, evidentemente ilegal, toda vez que la Convención de Palermo, la cual ha sido ratificada por el Congreso de Guatemala, reconoce expresamente que ningún migrante puede ser juzgado por la creación o uso de documentos de identidad o de viaje falsos, toda vez que se consideran personas vulnerables.
Como Abogados de la familia Bitkov, el suscrito y la Abogada Victoria Sandoval, acudimos a pedir auxilio a nivel internacional, y logramos que Bill Browder, el creador de la Ley Magnitsky, y considerado el enemigo número uno de Vladimir Putin, pusiera atención al caso Bitkov. Fue así como Bill Browder, constató los hechos y personalmente acudió ante Congresistas y Senadores estadounidenses, quienes al corroborar las ilegalidades, no dudaron en pronunciarse.
Incluso, las ilegalidades del caso Bitkov fueron publicadas en distintos medios a nivel mundial, entre ellos, el Diario Wall Street Journal. Derivado de lo anterior, en el mes de abril del 2015 se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Helsinki, del Senado de los Estados Unidos de América, donde se evidenciaron las ilegalidades del caso Bitkov y los abusos cometidos por CICIG. Iván Velásquez fue citado para comparecer a la audiencia, pero no asistió. Como consecuencia de dicha audiencia, EEUU, como el mayor financista de CICIG, suspendió los fondos. En esa ocasión el Senador Marco Rubio envió este mensaje a través de su cuenta de Twitter:
We have placed a hold on CICIG funding to provide time to conduct more oversight over if &/or how this U.N. organization funded by U.S. taxpayers coordinated with sanctioned Russian bank to persecute the Bitkov family https://t.co/3H86XhjgX4
— Marco Rubio (@marcorubio) May 10, 2018
El Senador estadounidense Mike Lee, al constatar los abusos de CICIG a cargo de Iván Velásquez, señaló: “CICIG es una bestia. Arbitraria y partidaria. Desearía que nunca hubiera sido establecida.
Hubiera querido que nuestros impuestos los utilizara para combatir corrupción y crímenes transnacionales.” El caso Bitkov sirvió para evidenciar los brutales abusos de CICIG a cargo de Iván Velásquez, muchas personas inocentes fueron perseguidas a través de procesos penales carentes de pruebas. Actualmente en Guatemala se realiza una labor de restablecimiento del Estado de derecho y de verificación de las ilegalidades de CICIG, donde sus jueces y fiscales aliados y que fueron cómplices de sus ilegalidades, decidieron huir del país.