Por: Mayor General (RP) William René Salamanca
Hace pocas horas pasó prácticamente inadvertida una fecha que debería ser prioridad para toda la humanidad: el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, liderado desde hace 34 años por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de reforzar la acción y la cooperación internacional tendiente a alcanzar una sociedad libre del consumo de estas sustancias que tanto daño le hacen a la sociedad.
Tal vez, había poco para celebrar. Este flagelo, tal como lo revelan estudios de la propia ONU y de autoridades que combaten esta problemática, sigue creciendo de manera exponencial: más de 275 millones de personas afectadas en los cinco continentes; unas 500 mil muertes anuales relacionadas con este fenómeno; contribución en la propagación del virus del VIH y la hepatitis; aparición de nuevas y más peligrosas drogas, representadas en unas 270 sustancias sintéticas, como el mortal fentanilo, y sofisticadas y casi invisibles mafias, con tentáculos alrededor del mundo, con un poder corruptor y financiador de otras formas de violencia, producto de los cerca de 500 mil millones de dólares que cada año mueve esta industria criminal.
En nuestro caso, después de 50 años de guerra contra el narcotráfico, el Observatorio de Drogas de Colombia, creado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, califica el consumo de sustancias psicoactivas como un “problema crítico”, no solo por su aumento sistemático, sino porque el mercado cada vez es más amplio, diverso y complejo, con graves repercusiones en la salud pública y en el ámbito social.
Colombia no solo es un país productor, sino que también pasó a ser consumidor. Al menos tres millones de colombianos reconocen haber probado alguna droga, incluidos niños menores de 12 años. Y ni hablar de la producción y comercialización de drogas: casi el mismo número de hectáreas de coca de hace 20 años (entre143.000 y 245.000) y mayor producción de cocaína, al pasar en una década de 290 toneladas métricas anuales a 1228, con ganancias que oscilan entre los 8000 y 12.000 millones de dólares, cifras que en criterio de economistas son cercanas a las exportaciones conjuntas de petróleo y carbón del país.
A lo anterior se suma la creciente presencia de las mafias mexicanas, italianas, rusas y hasta de los Balcanes, aumento en la importación ilegal de drogas sintéticas y miles de menores de edad instrumentalizados como raspachines y jíbaros. Además, un preocupante ecocidio, producto de la deforestación de nuestras selvas, por cuenta de los traficantes, que además de arrasar con miles de hectáreas de manigua, contaminan ríos y quebradas con desechos de ácido clorhídrico, gasolina, cemento y otras sustancias utilizadas para la producción de narcóticos.
El estudio ‘Coca: deforestación, contaminación y pobreza’, elaborado por nuestra Policía Nacional, revela que la siembra de este cultivo contribuye a la destrucción de unas 420 toneladas por hectárea de biomasa, en especial en parques naturales, amenaza a 210 especies de mamíferos y contamina al menos 10 grandes ríos.
Como conocedores y combatientes de primera línea de este fenómeno, jamás compartiremos la ligera afirmación de que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Eso sería una afrenta a nuestra historia y a la memoria de miles de valientes colombianos, desde candidatos presidenciales, ministros, jueces, militares, policías, hasta periodistas, humildes erradicadores y ciudadanos anónimos, que entregaron sus vidas para enfrentar esta plaga y salvaguardar nuestra democracia y libertades.
Inimaginable lo que habría pasado con nuestro país si no hubiésemos doblegado los poderosos carteles de Medellín, Cali y el Norte del Valle, que permearon casi todas nuestras instituciones y amenazaron incluso con apoderarse de la Presidencia de la República, para intentar convertirnos en un Estado paria ante la comunidad internacional. Gracias a ellos, Colombia jamás volverá a vivir un año como 1989, los 365 días más violentos de nuestra historia moderna, cuando Pablo Escobar y sus lugartenientes perpetraron 480 atentados terroristas, que dejaron más de 800 muertos y más de 2000 heridos.
Pero, precisamente, para que su sacrificio no haya sido en vano, lo mismo que el de 46 policías y erradicadores asesinados en los últimos 10 años y los 421 heridos en zonas de narcocultivos, hay que buscar nuevas fórmulas para desterrar, de una vez por todas, este flagelo, máxime cuando el 81 por ciento de los colombianos desaprueba la actual estrategia antidrogas, tal como lo reveló la más reciente encuesta Pulso País.
La humanidad sabe que, al igual que ocurrió con el alcohol, el único camino para acabar con la problemática de las sustancias psicoactivas, tanto naturales como sintéticas, es el de la legalización, tal como lo viene haciendo de manera tímida y descoordinada con el cannabis.
Es obvio que la legalización de las drogas jamás podrá ser el resultado de la iniciativa unilateral de Colombia o de cualquier otro Estado. Debe ser producto del consenso internacional. Pero nuestro país sí tiene la suficiente autoridad moral para diseñar, en especial junto con Estados Unidos y México, una propuesta en ese sentido, que sea debatida en el seno de las Naciones Unidas, con amplia participación de la Unión Europea y el resto de países comprometidos en encontrar salidas a este flagelo transnacional.
El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su estrategia antidrogas, aunque no renuncia a seguir combatiendo de manera frontal el fenómeno de las drogas, da un paso muy importante al anunciar que lo manejará como un tema de salud pública y de derechos humanos.
Para avanzar en ese propósito es importante que esta discusión se convierta en uno de los temas centrales de la campaña presidencial que se avecina, para que el nuevo Presidente de Colombia reciba un mandato sólido en esta materia y así pueda liderar una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y nos permita hablar de esta iniciativa como país con nuestros pares internacionales.
Con la droga legalizada, lo primero que ocurrirá será una dramática caída en los precios de la misma, que de inmediato hará desaparecer la desorbitante chequera corruptora y desestabilizadora del narcotráfico; lo que redundará en una disminución de las formas de violencia que más afectan a nuestro país, nos evitará centenares de víctimas y nos permitirá consolidar la seguridad nacional, condición indispensable para atraer más inversión extranjera y convertir a Colombia en uno de los más importantes atractivos turísticos del mundo.
Además, con los recursos de la comercialización lícita de estas sustancias, sumados a los 100 mil millones de dólares que cada año gasta la humanidad en la aplicación de las leyes antidrogas, habrá dinero suficiente para fortalecer el sistema de salud en materia de atención a los consumidores y financiar campañas permanentes de prevención y atractivos programas de sustitución de cultivos, porque, con los precios de la droga por el suelo, el valor comercial del cacao, el caucho, el café, el aguacate o cualquier otro producto legal será competitivo en el mercado.
Sin embargo, mientras llega ese día, que tarde o temprano será una realidad, debemos seguir combatiendo los distintos eslabones de la cadena productiva del narcotráfico, pero renunciando a fórmulas fallidas, como el perseguir a quienes portan una dosis mínima, y satanizadas, como la fumigación con glifosato, porque esta medida, más allá de cualquier estudio o discusión, no solo ya está desacreditada, sino que siempre generará más polarización y más violencia.
No es suficiente derribar un vetusto rancho que sirve de ‘olla’ cuando vemos que hoy las drogas llegan a domicilio, las ofrecen descaradamente en redes sociales como “dulces” y hasta se exhiben en algunos establecimientos públicos, como sucede con el inhalante químico conocido como Popper.
Hay que revisar la política de extinción de dominio, porque en manos del Estado miles de bienes ocupados a la mafia terminan siendo monumentos al abandono y la corrupción, a la espera de un fallo que puede tardar hasta ¡30 años! Es inadmisible que todavía estén en litigio propiedades de ‘El Mexicano’ y Pablo Escobar.
Además, es urgente consolidar en colegios y universidades un programa integral antidrogas, que permita educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes sobre la materia y les dé las herramientas necesarias para no convertirse en rehenes de esta hidra de mil cabezas.
No se trata de doblegarnos ante el delito, sino de doblegar al delito, para que en un no muy lejano 26 de junio se cumpla el sueño que inspiró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas: vivir en un mundo libre de drogas.