Por: Fernando Torres Mejía
La educación es un privilegio que nos brinda la vida y que no tiene ningún sentido enfrascarnos a discutir sobre sus bondades, beneficios y si es o no necesaria, todos sabemos que es lo más importante para cualquier persona, sea del estrato que sea, e incluso tendría que ser gratis, porque la educación es el estamento más importante para el cambio de una nación.
El artículo 68 de la Constitución, manifiesta: “Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente”.
La Corte Constitucional en la sentencia T- 444/22 advierte a los colegios privados que “no pueden retener documentos a los estudiantes”, olvidando que en nuestro país, la educación no es de la mejor calidad y la brecha que existe entre el sector oficial y el privado es inmensa, por lo cual muchos padres optan por ingresar a sus hijos a colegios privados y a muchos se nos olvida e incluso a la Corte, que estas instituciones como cualquier empresa necesita cubrir sus gastos de operación, infraestructura y por supuesto brindar beneficios a sus propietarios, de lo contrario tendrán que cerrar sus claustros educativos.
En el primer semestre de 2.009, cuando la educación privada vivió una crisis financiera como consecuencia de la situación económica, que afecto de una manera directa a los padres de familia se dio origen a la “anticultura del no pago”, que aún continua vigente, y que está respaldada por el estado, mediante la ley general de educación de 1994, y en la que el padre de familia se respalda “en el derecho a la educación donde no se puede vulnerar a un niño ni a un joven colombiano”, pero el padre de familia, con un fallo de tutela puede tener a su hijo(a) estudiando gratis en instituciones educativas no oficiales, con lo cual y de acuerdo con estadísticas del DANE (segmento escolaridad) se puede cuantificar cuantos colegios privados, se han visto en la dolorosa e imperiosa necesidad de cerrar sus puertas definitivamente, y a los gobiernos nada les importo que esto ocurriera, mientras que a otros estamentos si les brinda apoyo económico, olvidando por completo la educación privada.
La educación privada es una actividad (no empresarial ni comercial) que presta un servicio público, que apoya en un 60% al estado brindando educación a los niños y jóvenes, a quien se le impone los costos que puede cobrar por la labor educativa que presta, situación que los lleva a una posición difícil en el campo de inversión y servicio que se debe prestar, puesto que el producto final no es comestible ni es un artículo de lujo, por el contrario, es la formación del presente y futuro de una sociedad.
El país en general presenta una crisis muy delicada en el número de alumnos, una deserción significativa, muchos niños y jóvenes no están matriculados en el sector educativo privado y tampoco en el sector oficial, ¿acaso el gobierno cuenta con una estadística real para saber dónde están estos niños y jóvenes?, ¿o serán los que posiblemente se conviertan en caldo de cultivo de los grupos delincuenciales al margen de la ley?, o ¿los que deambulen por las calles limpiando vidrios o pidiendo limosna?
Otra situación que genera preocupación son los costos por servicios básicos, que si bien es cierto el agua y la energía de las instituciones tienen un fin primordial (la dignidad del ser, para recibir conocimiento y formación) las empresas de servicios públicos les mantienen tarifas como si fueran actividades industriales y comerciales.
El impuesto de industria y comercio, la educación es un servicio público, que no puede estar en el rango de industria y mucho menos de comercio, es un servicio educativo, por la cual se debe evaluar su eliminación para estas instituciones, sin discriminar, si son oficiales o privadas. Lo mismo debería suceder con predial, uno de los gravámenes más altos y difíciles de pagar como se sabe, el uso del suelo que tienen los colegios y/o instituciones educativas, es muy diferente al del comercio, residencia e industria.
De igual manera, ¿cómo es posible que los padres de familia deban pagar una preparatoria o curso de preicfes, para que sus hijos obtengan un resultado que les permita entrar a una universidad y seguir su proyecto de vida?, duele que esto se presente, somos conscientes de que esto se vive gracias a la famosa prueba saber 11 (la cual debería tener un stop, mientras se cambia el modelo y el sentido de esta, la cual debería estar enfocada en:
• Que sea según la carrera que el joven aspire a seguir como su proyecto de vida
• Una para los colegios bilingües (toda en el idioma extranjero)
• Por región, ya sea departamento, municipio o vereda.
Con esto se lograría un resultado positivo en todo sentido para que los colegios puedan demostrar lo que ofrecen y brindan, ¿pero no esas pruebas que llevan años sirviendo más como un coladero y que han llevado a que muchos jóvenes, por el simple hecho de no lograr el resultado (numérico) llegan hasta él suicido, ¿será esto justo?, y además se estigmatiza a unos maestros y colegios, como malos prestadores de un servicio formativo para el futuro, cuando lo que se debe revaluar son las pruebas saber 11, proponer que sean las universidades las que permitan el ingreso de todos los estudiantes al primer semestre y que sean ellos los que demuestren sus aptitudes y actitudes para mantenerse en su carrera y su universidad y así darles dignidad a la educación y a los colegios.
