Por: Jazmín Balaguer
La ejecución de un joven de 23 años y un niño de 15, ocurrida la semana pasada en Tibú, Norte de Santander, es la realidad que ha acompañado a las comunidades donde ha existido crimen organizado, guerrillas o paramilitares, los cuales imponen las reglas y castigos. Solo que antes, no había redes sociales.
Las dos personas fueron aparentemente sorprendidas robando en un almacén, razón suficiente para que el dueño del lugar, junto a otros comerciantes, con ayuda de la comunidad, los retuvieran, y al parecer los golpearan. La tensión era evidente en el ambiente, ya que los lugareños se dieron cuenta rápidamente, que podría suceder algo más que un escarnio público, por lo que empezaron a grabar a los hombres que los custodiaban, y les recordaban que uno de ellos era un menor de edad, que no podía pasarles nada, y había que entregarlos a la Policía.
Uno de los hombres, que se puso al mando de esa escabrosa situación, expresó que los entregaría a las ¨autoridades¨, y posteriormente sentenció: ¨ahí ya no será nuestro problema¨. Cuando se disponían a llevarlos a la estación de Policía, la multitud es interrumpida en la calle por hombres en motos y armados, quienes amenazaron para que les entregaran a los retenidos. No hubo mayor oposición. Al poco tiempo, en la vía que conduce de Tibú a El Tarra, los dos jóvenes fueron asesinados.
La noticia de esta tragedia se conoció velozmente en el país. Inmediatamente la atención se concentró en la Policía, ante las denuncias de los habitantes de haberlos llamado, para que hicieran presencia en el lugar. Pero ante su demora, llegaron primero los criminales. Hay que entender primero el contexto, antes de lanzar juicios.
En una zona como el Catatumbo, a la que pertenece Tibú, y otras en el territorio nacional, donde se viven complejas situaciones de orden público, la Policía Nacional es frecuentemente hostigada, y varios de sus miembros han sido asesinados por diferentes organizaciones al margen de la ley. Hay ocasiones, en que atienden llamados de la comunidad que resultan ser falsos, y son usados para atentar contra su vida.
El principio básico de seguridad de cualquier persona, que incluye a los policías, es velar primero por su propia protección, y luego la de los demás. Por esta razón, en ese municipio la movilización de uniformados, incluso para ir a una tienda, se hace a través de dispositivos que permitan asegurar la zona, para desincentivar o responder a cualquier ataque. Esto, porque las estructuras criminales están al acecho, esperando cualquier error, como los que emanan del exceso de confianza. En este caso, es muy probable que la institución no haya tenido la disponibilidad de hombres suficientes, y más si se tiene en cuenta, que al haber una multitud ya formada, empeora la situación, puesto que puede ser empleada de escudo para enfrentar a los uniformados, y quedar en medio del fuego cruzado.
En esa región, opera principalmente la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, identificadas como Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) 33. Para las autoridades, esta última es la responsable de ese brutal hecho.
En los lugares donde se concentran el ELN, Clan del Golfo, disidencias, o en su momento, FARC y Paramilitares, son impuestas reglas y normas que rigen la vida de los habitantes en todos sus aspectos, imponiendo una justicia de facto. Incluso dirimen conflictos entre vecinos y parejas, prohíben el consumo de drogas, y controlan hasta la forma de vestir. Hay una similitud, con los países donde se impone la Sharía, que también orienta la vida personal y en sociedad. Con respecto a los robos, el castigo es que su mano sea amputada, y esta permitida la pena de muerte si reincide, o para otras violaciones a esa Ley Islámica. La lógica en ambos casos, es que si se toleran delitos como los robos, sin ninguna sanción ejemplarizante, puede escalar, o motivar a que se repitan y transformen en otros de mayor impacto, cuyos responsables pueden entrar a disputarles el poder. Por lo tanto, el objetivo más que ético o moral, o para ganarse el apoyo de la población, es controlarla a través del miedo.
El análisis de datos confirma, que donde hay grupos armados, la tasa de hurtos es particularmente baja, mucho más que el promedio nacional. Los pobladores entienden que una falta de esas, puede significar la muerte, así que no se exponen. Ese era el temor de la comunidad con los dos jóvenes de Tibú. También es cierto, que la tasa de homicidios es mayor, y gira alrededor de la disputa entre los mencionados grupos.
A diferencia de lo que exponen algunos analistas, sobre abandono estatal, la verdad es que en el Catatumbo, hay casi un 70% de la población con subsidios estatales. Lo mismo ocurre, en otros lugares con situaciones de seguridad similares, como Tumaco. No solo el Estado y sus múltiples agencias están ahí, también una gran variedad de ONG nacionales y extranjeras, por lo que subsidios y asistencia técnica no faltan. Paradójicamente, esto se convierte en una trampa de pobreza, y un botín económico que genera interés de esas mismas organizaciones al margen de la ley, para apropiarse de estos recursos. Es a ellos, a quienes más les conviene que la situación se mantenga.
Terminar subsidiando el crimen ocurre, porque no hay control territorial por parte del Estado, ni voluntad política del comandante en jefe, para recuperar el Catatumbo de los cultivos industriales de hoja de coca. Esos mismos, que se fortalecieron con los acuerdos entre el Gobierno del Presidente Santos y la Asociación Campesina de Catatumbo (ASCAMCAT), a raíz de la presión ejercida por los paros cocaleros para evitar la erradicación forzada, y por el contrario, intentar convertir todo esa región en una Zona de Reserva Campesina (ZRC).
Eso facilitó que hoy sean una república casi independiente, donde la coca es ley, así como la lucha entre grupos armados ilegales, buscando dominar el mercado ilícito del narcotráfico, al tiempo, que la vida de los pobladores esta a merced de su “justicia”. El control territorial por parte de la Fuerza Pública, es urgente.
