A mediados de 2018 se produjo la salida silenciosa de la directora de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación, Andrea Malagón. Su retiro, aparentemente voluntario, en realidad estuvo motivado por la investigación que ya venía adelantando la propia Fiscalía, sobre un cartel al interior de esa dependencia bajo su dirección, todo al parecer orientado por los anteriores jefes, el exvice fiscal Jorge Perdomo y el del CTI Julián Quintana.
El ‘Cartel de extinción de dominio’ se comenzó a conocer ante la opinión publica en días recientes gracias al material probatorio que presentó la Fiscalía en la legalización de la captura de los hermanos Mendoza Fortich en el departamento de Córdoba, ambos señalados de cobrar dinero a Otto Bula –testigo clave en Odebrech- a cambio de la promesa de salvar algunos de sus bienes.
En los más de 50 audios de llamadas interceptadas se escuchan menciones a distintos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos Julián Quintana, Jorge Perdomo y la propia Andrea Malangón quienes estarían articulados en una suerte de tráfico de influencias para que Quintana como abogado obtuviera beneficios ante esa unidad de la Fiscalía cuya titular fue su subalterna y protegida en la anterior administración.
De ellos tres hasta el momento la Fiscalía solo ha llamado a declarar a Quintana, quien previamente habló con El Expediente y aseguró que ‘’no hay nada que lo comprometa y solo cumple con su oficio como abogado litigante’’.
Sin embargo los audios de los hermanos Mendoza Fortich son bastante comprometedores para Quintana y la exfiscal Malangón.
En uno de ellos se refieren al caso de los supermercados Supercundi, cuyos dueños, los hermanos Mora Urrea, serían testaferros de las FARC, según la Fiscal Malagón. Dice el fiscal del caso de los Mendoza Fortich que los hermanos mencionaron como un caso de éxito para la presentación de esa estructura’.
¿A qué se referían?
El sonado caso de los Supercundi, cuyo debate público ha puesto contra las cuerdas al Fiscal General por la debilidad de las pruebas y la libertad de los acusados, fue liderado con total autonomía por la entonces fiscal Andrea Malagon.
Desde marzo de 2017 Malagón se puso al frente y como cabeza de esa dependencia hizo una asignación especial para darle prioridad y encargó al Fiscal Nicolás Sotomonte, uno de sus hombres de confianza, para que ese proceso avanzara a su medida.
El fiscal bajo órdenes de la señora Malagón construyó un caso a todas luces débil, con tres testigos desmovilizados de las FARC, cuyas declaraciones han sido contrarias e inconsistentes e incluso con un informe contable firmado por un falso contador, sin tarjeta profesional.
Pero lo más preocupante para la Fiscalía, ahora que se sabe que había detrás, es que ese proceso se ejecutó con el apoyo de un sector del Ejercito Nacional, particularmente del grupo de inteligencia conocido como la RIME 5, cuyo comandante es el coronel Edinson Gonzàlez, esposo de la exfiscal Malagón.
Los tres testigos contra los dueños de los Supercundi , identificados en el proceso como Muelas, Efren y LG, se desmovilizaron en el pasado precisamente ante la RIME 5, el grupo de las fuerzas militares que dirige el coronel Gonzàlez, conocido como ‘Chachacha’ quien según fuentes militares daba las órdenes.
Sumando supuestas coincidencias; el caso en contra de los Supercundi, cuyos activos son bastante considerables y apetecidos, estaba impulsado por un empresario llamado Roberto Romero, dueño de los supermercados El Llider y cuyo abogado es precisamente Julián Quintana.
