Por Rafael Nieto Loaiza
El retorno a la clandestinidad de Márquez y su banda plantea desafíos urgentes para el Gobierno:
Para empezar, debe aprender a navegar en la esquizofrenia y, en lo que sea posible, salir de ella: tenemos un orden constitucional y legal y una institucionalidad diseñadas para el postconflicto y una realidad de conflicto armado, ahora imposible de negar.
A la Fuerza Pública le ocurre algo peor: por un lado, su doctrina estratégica y táctica, su estructura de despliegue en terreno y su presupuesto están pensados para “la paz” pero deben enfrentar guerrillas, narcos y otros grupos ilegales. Por el otro, debe lidiar con la JEP, las comisiones de verdad, memoria histórica y de búsqueda de desaparecidos, y con los efectos “culturales” del acuerdo.
Varias tareas son inmediatas: primero, recuperar el sentido de la autoridad y enseñar a los ciudadanos que no solo deben respetar a soldados y policías sino que ponerlos en peligro y agredirlos permite la neutralización de los agresores. La regla para el uso de la fuerza en estos casos debe ser clara y debe socializarse para que todos sepan los riesgos a los que se enfrentan si ocasionan el peligro.
Segundo, dar seguridad jurídica a la Policía y a las Fuerzas Militares. Soldados y patrulleros deben saber qué pueden y no pueden hacer y cómo deben hacerlo, de manera clara e inequívoca. Hay que actualizar a profundidad el derecho operacional.
Tercero, procurar la legitimidad absoluta. Ese será el flanco que van a atacar el santismo, la izquierda radical y los narcos, interesados todos en que la Fuerza Pública no sea eficaz. Para eso indispensable resolver de manera correcta la interrelación entre el derecho interno, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de manera que militares y policías tengan definidas las facultades y los límites de su actuación frente a cada caso concreto y se eviten todos los riesgos del derecho penal interno y del penal internacional.
Cuarto, recuperar la moral de combate. Hay más de un general que estaba cómodo con la dinámica de postconflicto que venía imperando. Muchos soldados y policías no quieren hacer la tarea. Se les vendió la idea de que habíamos llegado a “la paz”, han visto como se premia a los bandidos que combatieron toda su vida, y ven a sus compañeros acusados en los tribunales.
Quinto, atacar a fondo la corrupción. Es verdad que difundir casos de corrupción, algunos ficticios, es parte de la estrategia para debilitar a la Fuerza Pública, pero no es menos cierto que sí hay problemas de malos manejos. La corrupción, como las violaciones a los derechos humanos, mina la legitimidad de las Fuerzas y les hace perder apoyo ciudadano. Y cada peso desviado es uno menos para tener los medios que tanto necesita la tropa. Hay que identificar a los corruptos y expulsarlos sin contemplaciones.
Sexto, hay que recuperar el aparato de inteligencia y la capacidad de apoyo aéreo y helicotransportado, dos armas fundamentales que permitieron dar los golpes más importantes. La inteligencia estratégica, táctica y operativa de las Fuerzas Militares fue atacada sistemáticamente durante la administración Santos y hoy está en los rines. Además, hay que reconstruir las redes de apoyo ciudadano, desmanteladas en el gobierno pasado. Debe mejorarse de manera sustantiva la disponibilidad de aviones y helicópteros de combate, aumentar el número de tripulaciones, y entregar el presupuesto para volar muchas más horas.
Séptimo, hay que encontrar soluciones imaginativas para superar el problema de pie de fuerza que se ha generado con que entre Policía y Ejército hayan perdido cerca de 40.000 hombres en los últimos dos años.
Octavo, hay que reconocer y enfrentar la creciente dimensión internacional del conflicto. En Venezuela el régimen ha dejado de tolerar la presencia de la guerrilla y ha pasado a hacer con ella una alianza. Por cierto, los que operan en esa coalición ya no solo son responsables de los delitos típicos que Santos premió con la impunidad sino, además, de los crímenes de traición a la Patria consagrados en el Código Penal. Hay que atacar las redes de espías cubanos y venezolanos en nuestro país. Hay que presionar a Venezuela para que deje de violar el principio de no intervención y para que coopere en la lucha contra el terrorismo. Y en cualquier caso, Colombia debe evitar caer en provocaciones y, al mismo tiempo, construir la capacidad disuasiva que evite una agresión.
Noveno, hay que proteger a la guerrillerada verdaderamente desmovilizada, pero también conseguir que cumplan sus obligaciones, entre ellas las de entregar toda la información sobre armas, caletas, rutas, laboratorios, narcocultivos, cómplices. A quien bajo la apariencia de haberse desmovilizado colabore de cualquier manera con la banda de Márquez, no solo deben imputársele los delitos correspondientes sino que debe perder todos los beneficios recibidos. A los infiltrados de esa banda en las instituciones, hay que identificarlos y judicializarlos.
Finalmente, quizás lo más importante, hay que tomar conciencia de que seguiremos azotados por la violencia mientras en nuestro país el narcotráfico tenga la fuerza que tiene. Hay que reconstruir un consenso mínimo para atacar a los narcos y desmontar los incentivos perversos que hay para el narcotráfico en el pacto con las Farc.
