Por: Duván Idárraga
Uno de los parámetros para determinar el estado de salud económica de un país se basa en la evaluación del déficit fiscal; entre mas alto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, mayor riesgo y por ende se incrementa la posibilidad de que las Calificadoras de Riesgo disminuyan la nota del país con las graves consecuencias que ello implica; entre ellas, mayor dificultad para acceder a empréstitos internacionales y un mayor costo de los mismos al encarecerse la tasa de interés para compensar la mayor exposición de riesgo.
La definición de déficit se refiere a que los egresos son mayores a los ingresos. En lo que tiene que ver con el déficit fiscal, se genera cuando los gastos del Estado superan los ingresos en un determinado período. En Colombia, al hablar el déficit fiscal necesariamente debemos mencionar la regla fiscal, mecanismo creado mediante la Ley 1473 del año 2011 y que empezó a operar en el 2012. Con dicha regla se pretendió fortalecer la disciplina fiscal por parte del gobierno central y se determinaron unos objetivos a cumplir en relación al déficit fiscal, estableciendo unos niveles máximos a alcanzar en un periodo de tiempo como porcentaje del Producto Interno Bruto, P I B.
Dentro de los objetivos fijados por la mencionada ley al establecer la regla fiscal, determinó que para el año 2014 el déficit fiscal debería ser como máximo el 2.3% del P I B (para ese año fue del 1.74%); para el año 2018 el déficit fiscal debería ser como máximo el 1.9% del P I B (fue del 4.68%); para el año 2022 el déficit fiscal debería ser de un 1% del P I B. De acuerdo a las recientes situaciones del país, a raíz de la emergencia del Covid 19, es claro que esta meta no se cumplirá.
Simultáneamente con la creación de la regla fiscal se creó, mediante el decreto 1792 1012, el Comité Consultivo para la Regla Fiscal que establecía la conformación de un órgano de carácter técnico, totalmente independiente del gobierno y que se pronunciara sobre la metodología y la definición de los parámetros requeridos para la operación de la regla fiscal. Dicho comité está conformado por representantes de los decanos de las facultades de economía de diferentes universidad del país (las mejores posicionadas en temas económicos), por miembros de centros de investigación igualmente independientes y por los presidentes de las comisiones de asuntos económicos de senado y cámara en donde se espera sean nombrados congresistas con buenos conocimientos en la materia.
Lastimosamente para Colombia los resultados de 2020 en cuanto al déficit fiscal no fueron los mejores y se ubican demasiado lejos de lo proyectado en 2011 cuando se creó la regla fiscal. Como consecuencia de los mayores gastos en que el gobierno central ha tenido que incurrir para atender las necesidades generadas por la pandemia (entrega de auxilios a personas naturales de escasos recursos, subsidios a empresarios, compra de elementos y equipos para la salud, pago de bonificaciones especiales a personal de salud, entre otros ); simultáneamente con un menor recaudo de impuestos ante la crisis de muchas empresas y personas naturales, el equipo económico del gobierno había ajustado las proyecciones del déficit fiscal para el año 2020 llevándolo al 8.9% del PIB y para el año 2021 del 7.6% (como mencioné anteriormente, la proyección inicial estimaba un valor cercano al 1% del PIB para 2021 ).
Por supuesto que es una proyección que arroja un resultado muy preocupante pero que es aterrizado a la realidad que vive el país y en especial a las necesidades reales que ha asumido el gobierno central para disminuir el impacto de la crisis generada por la pandemia. A pesar de ello las calificadoras de riesgo siguen manteniendo su confianza en Colombia y en que poco a poco la economía se ira recuperando y por eso han mantenido su nota. A esto debo mencionar que las proyecciones del gobierno apuntan a un crecimiento del PIB en 2021 por encima del 5.0% (el Banco Mundial lo estima en el 4.9%); de darse significaría una reducción considerable en el déficit fiscal con los beneficios que ello implica. Como lo he escrito antes, si a las empresas les va bien, a la economía le va bien y al gobierno le va bien al obtener mayores recursos vía recaudo de impuestos; es muy fácil de entender.
Duván Eduardo Idárraga L – @duvanedo