Por: Jazmin Balaguer
De las críticas más importantes que Platón tenía a ese experimento en Atenas, llamado Democracia, era que personas sin preparación y conocimiento participaran en los debates de temas transcendentales para los ciudadanos, generando discusiones irracionales y peligrosas. Hoy, 2.400 años después, seguimos enfrentándonos a ese costo, que en esta oportunidad, en nuestro país lo vemos reflejado en un sobredimensionado porcentaje de la población que quiere juzgar y condenar hechos de la Fuerza Pública, afirmando que hay sistematicidad, solo, que sin entender qué es sistematicidad.
Este, es un concepto técnico, que es usado frecuentemente como un lugar común, o, con la creencia que al repetirse se volverá real. No obstante, hace parte del campo de investigación científica, y como tal, está basado en hechos objetivos y medibles. Patrick Ball, desarrolló los modelos más usados actualmente en Tribunales nacionales e internacionales como la Corte Penal Internacional, para demostrar sistematicidad en la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
En sus modelos convergen métodos probabilísticos, big data, econometría, así como temporalidad y espacialidad geografica, entre otros, con el fin de descartar aleatoriedad y demostrar patrones de comportamiento, que determine responsabilidad objetiva del Estado u otros actores. Por lo que afirmar esto por cantidad, es una imprecisión. Necesita que haya distribución homogénea, y patrones causales, en recursos y motivaciones, entre otros.
La creencia de sistematicidad aquí, es explicada por dos vías. Una es dada por la psicología. Los seres humanos tenemos algo llamado, sesgo de negatividad, en donde una noticia que consideremos mala nos impacta más que una buena, siendo de la misma intensidad, e incluso, si son una pequeña minoría, tendrán mayor recordación y sobre ello, se tendera a generalizar una situación. La otra vía, como estrategia deliberada para estigmatizar al Gobierno y la Fuerza Pública.
Lo expuesto, se evidenció esta semana cuando un grupo de ciudadanos entuteló el derecho a marchar y en contra de los abusos policiales “sistemáticos”. Sin embargo, ya existen las garantías, y el Gobierno nunca ha prohibido o estigmatizado tal derecho. El problema, es que estos ciudadanos consideran estigmatizante, que las autoridades, al ser transparentes en informar que están siendo infiltradas por el ELN, reclutando jóvenes como se comprobó esta semana, sumadas a las declaraciones de alias Uriel, los reduce e iguala a criminales. Con lo cual creen, pueden prohibir o limitar la protesta, y quedar bajo la mira de las autoridades. Entendible pero falso. Una democracia como esta, para proteger la vida y garantizar seguridad, no necesita pasar por encima de otro derecho. No son excluyentes.
Es urgente entender la naturaleza de la violencia acontecida. Los ciudadanos del común, gente correcta que busca lo mejor para la sociedad, no se comporta como delincuentes, organizándose en horas para intentar matar policías y destruir la ciudad. Si fuera así, hubiéramos visto en los videos a hombres y mujeres de todas las edades hacerlo. No ocurrió, porque para ello se requiere experiencia e intención. Lo extraño, es que estos ciudadanos de la tutela están convencidos y quieren convencer, que fue la ciudadanía en conjunto, y tal la participación, que representa el sentir de todo el país. Equivocado. (Leer al respecto la columna, ¿Por què están fracasando las marchas en Colombia?)
Tratan de argumentar también, que los CAI no pudieron ser atacados por esas milicias, porque sería un fracaso de la Inteligencia y porque no paso ni en los momentos cuando más poder tenían. Falso. Inteligencia lo sabía, siempre han sabido que estos grupos pueden hacer algo así, y con facilidad aún mayor si tienen escudos humanos. Sucede, que un CAI no es estratégico, ni por número de policías, ni en parque de armas. Así cayeran todos los de la ciudad, no les hubiera significado alguna victoria práctica. Lo importante era, como lo hicieron las FARC que alcanzaron a rodear Bogotá con 6 frentes antes del año 2002. Un CAI era y es una nimiedad para la macro criminalidad
No obstate al hacerlo hoy, el ELN comete lo que se conoce como un error criminal, porque recodando al profesor Gary Becker, desata la atención y fuerza Estatal sobre ellos. Lo que podria ser una estrategia no compartida por toda esa organización, que lo último que quiere, es retar de esa forma al Estado, el cual terminara por imponerse. Pero antes, es probable que haya más enfrentamientos entre varios grupos criminales, lo que significa lamentablemente más masacres. Paralelamente, la facción menos ilustrada, como la de alias Uriel, seguirá aprovechando algún mal procedimiento policial (un hecho lamentable pero probable en medio de 6 millones de operativos anuales, solo en Bogotà según el Ministerio de Defensa), para instrumentalizar a un sector que seguirá marchando legítimamente por sus creencias e interpretaciones de los acontecimientos del país.
Así seguiremos escuchando marchantes y una parte del pequeño mundo de twitter (suelen ser los mismos), junto a algunos políticos, periodistas y analistas, intentar negar esas infiltraciones, que claramente le resta poder de negociación; ya bajo por la falta de apoyo popular, frente a un Gobierno que no es de su agrado. Justificaran el vandalismo y la violencia, como si fueran actos sociales genuinos por la ira, ante la inobservancia de la ley por parte de algún uniformado, o argumentando las anacrónicas »causas objetivas del conflicto’’. Pero ahí, al dejar de ser marchas pacíficas, intervendrá la Fuerza Pública, y aprovecharan para denunciar más »abusos sistemáticos» y la violación al derecho a la protesta.
Ahora, el fallo a favor de los tutelantes por parte de la Corte Suprema, que asume »lo sistemático», reforzara esa narrativa. Sin embargo, al no emplear los métodos mencionados para demostrarlo, no tendrá ninguna repercusión en un Tribunal internacional. Provocando una situación muy incómoda al Gobierno, que de acatar plenamente está aceptando tal responsabilidad en algo que se saltó el debido el proceso, y por lo mismo, se remitió a la Corte Constitucional para dirimir este complejo asunto y no mancillar el Estado de Derecho.
Todo esto continuara retroalimentando esos sesgos, mitos y desconocimiento que abundan en los debates políticos y sobre lo cual se decide, alejándonos de la racionalidad que tanto temía Platón.
