Por: Andrés Villota
En diciembre del 2013 en medio del Foro Mundial de Derechos Humanos en Brasilia, Brasil, el entonces vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, le solicitó a las grandes potencias mundiales condonar la deuda colombiana con el fin de invertir esos recursos en la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. Según el Banco Mundial, en ese momento, el valor total de la deuda externa de Colombia era de USD$ 93.370’000.000, lo que muestra los cálculos preliminares que había hecho el grupo de expertos negociadores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos sobre la verdadera magnitud de los daños ocasionados por el grupo terrorista de las FARC.
Los pilares del Acuerdo de Paz con las FARC, el perdón, la verdad, la reconciliación, la no repetición, la justicia, la reparación a las victimas y la responsabilidad (accountability) tienen su origen en los principios de varias religiones del mundo. Tal vez por esa razón los defensores del Estado laico (que son los mismos grandes promotores del Acuerdo de Paz con las FARC) dejaron de lado el cumplimiento de esos pilares que eran necesarios para haberle dado sostenibilidad a lo pactado.
Por ejemplo el pilar de la no repetición fue violado sistemáticamente por las FARC que siguió delinquiendo durante y después del periodo de negociación por lo que logró aumentar en cinco veces los cultivos ilícitos de coca, a la vez que consolidó el área de influencia de sus economías ilegales. Los grandes capos del Cártel de las FARC hoy están prófugos de la justicia, precisamente, por haber seguido delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.
Lo anterior podría probar la tesis de Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, quien afirma que no existió conflicto armado sino una amenaza terrorista. Un grupo de forajidos defendiendo a sangre y fuego sus negocios ilegales, amedrentando a todos los que se interponen en el logro de sus objetivos criminales mediante el uso del terrorismo. El mismo modus operandi de Pablo Escobar y sus secuaces pero en la versión del Siglo XXI.
Las FARC ha declarado no tener recursos para reparar a sus victimas a pesar que en el año 2014 la revista Forbes los calificó como el tercer grupo terrorista más rico del mundo, solo superado por ISIS y HAMAS. Las víctimas estadounidenses de las FARC conscientes de esa realidad, sumada a la ausencia total de credibilidad y legitimidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la decadencia ética y moral de las Altas Cortes colombianas, se vieron forzadas a buscar en la jurisdicción de los Estados Unidos la reparación que en Colombia no encontraron.
Tres ciudadanos estadounidenses, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron secuestrados por los terroristas de las FARC y mantenidos en condiciones inhumanas en campos de concentración durante cinco años. Un juez de una corte superior de Estados Unidos dio la orden de reparar a las victimas de las atrocidades y de la barbarie de las FARC con USD$318’000.000 que le fueron confiscados al empresario Samark López, testaferro de Tareck El Aissami miembro de la camarilla de Miraflores por el que se ofrece una recompensa de USD$10’000.000 y que fue sancionado por sus actividades de narcotráfico y terrorismo por el gobierno del presidente Donald Trump.
Lorenzo Delloye, el hijo de Ingrid Betancourt la candidata presidencial que fue víctima de uno de los 30.000 secuestros perpetrados por las FARC durante el periodo de amenaza terrorista, acaba de presentar una demanda en los Estados Unidos exigiendo ser reparado por el daño ocasionado por el grupo terrorista.
La justicia de los Estados Unidos, probablemente, fallará a su favor y protegerá sus derechos de víctima dada la contundencia de las pruebas que, en Colombia, parecen no ser valoradas por los Magistrados de la JEP ni por los miembros de las Altas Cortes y será pagada, posiblemente, con el dinero confiscado de la inmensa fortuna que logró acumular el Socialismo del Siglo XXI en los últimos años.
El fruto del saqueo al patrimonio de los venezolanos ha sido llevado a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, a un simple director de un canal de televisión acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro le fueron encontrados USD$5.600’000.000 depositados en bancos en Suiza, según Luisa Ortega fiscal de Venezuela en el exilio.
La fortuna que también está en la mira de los organismos que combaten al crimen transnacional es la de los familiares de Hugo Chávez, de Fidel Castro y la de los descendientes de los gerontócratas cubanos. Fortuna de la que hacen permanente alarde en las redes sociales, jóvenes que recibieron millonarias herencias creadas con el hambre y la miseria del pueblo cubano y venezolano.
La relación del narcotráfico con Cuba se remonta al siglo pasado desde que el M-19 llevó a Pablo Escobar para que abriera una nueva ruta comercial a través de la isla. En la actualidad es evidente la relación de las FARC y del ELN con las dictaduras de Venezuela y Cuba que les dan soporte, apoyo logístico y refugio, por lo tanto, los dineros de los testaferros de esas estructuras criminales se convierten en la fuente de recursos para indemnizar a las victimas de la amenaza terrorista que asola a Colombia desde que los cárteles de las FARC y el ELN reemplazaron al Cártel de Medellín y al Cártel de Cali.
Lo que se viene es una avalancha de reclamaciones de las victimas ante otras jurisdicciones diferentes a la colombiana que ha demostrado su incapacidad para administrar justicia por tener un marcado sesgo ideológico afín con las FARC y por no ofrecer garantías para reparar a las víctimas de ese grupo terrorista. Una lista de víctimas a la que, con el tiempo, se le sumará los descendientes de los cubanos y de los extranjeros a los que les fueron violados sus derechos por la dictadura cubana más los millones de venezolanos que fueron atropellados por un régimen que, al parecer, tiene contados sus días en el poder.
