Por: Eduardo Mackenzie
*No hay unanimidad sobre la cifra de muertos que han dejado las “manifestaciones y protestas pacíficas” de los últimos 15 días en Colombia. Tampoco hay una cifra oficial al respecto. La prensa escrita, las agencias de prensa y las redes sociales proponen cifras diferentes y algunas veces erradas y sin soporte alguno.*
Este artículo trata únicamente de la cifra de personas fallecidas, a causa o durante las violentas protestas que comenzaron el 28 de abril pasado. Saber cuántas personas han perdido la vida en esas jornadas sangrientas es importante pues la propaganda de los actores violentos está tratando de confundir a la opinión y de transformar a los agresores en víctimas y a las víctimas en agresores, lo cual es inadmisible en una democracia.
La Defensoría del Pueblo es el único organismo oficial que ha producido un comunicado centrado sobre esta problemática. En las páginas web de varios ministerios no encontré nada al respecto. Tampoco en la página web del Instituto de Medicina Legal, donde sería lógico encontrar respuestas exactas y verificables a ese enigma.
En su informe del 3 de mayo (el único que aparece hasta hoy en su página web) la Defensoría del Pueblo dice que había, hasta esa fecha, 19 muertos: 18 civiles y un policía.
Sin embargo, La Voz, una publicación de Venezuela, dos días después dijo que las protestas en Colombia habían producido 31 muertos. El problema es que ese diario no dice de dónde sacó ese dato. Si le creemos, dos días de disturbios produjeron 12 muertos más. ¿Pero quién confirmó esa geométrica progresión? Nadie.
Igual anomalía descubrí en un artículo sobre Colombia de Los Angeles Times del 5 de mayo, firmado por Astrid Suarez. Dice que hay 24 muertos y cita como fuente la Defensoría del Pueblo. ¿Pero cuál es el comunicado de la DP que dice eso? En la página web de la DP no aparece tal guarismo.
Cuatro días más tarde, el 9 de mayo, la agencia rusa RT lanzó la cifra de 27 muertos y citó como respaldo un informe de la Defensoría del Pueblo. Problema: la Defensoría del Pueblo no había entregado un comunicado a la prensa después del 3 de mayo. Luego los ocho muertos adicionales de RT fueron inventados. ¿O quizás RT copió la cifra dudosa de Los Ángeles Times y agregó por su cuenta, sin más, tres muertos para darle un toque de realismo a su nota?
El Economista, de México, también se distinguió por su inclinación hacia las fantasías cifradas. El 3 de mayo dijo que hasta ese día las protestas en Colombia habían dejado 17 personas muertas. El 10 de mayo esa cifra saltó a 31: “30 civiles y un oficial de policía” los cuales, según esa publicación, habían sido “asesinados”. El Economista no citó su fuente pero terminó comparando a Colombia con Birmania “y otros países donde las juntas militares controlan el gobierno”. Y concluyó con el tradicional embuchado de las FARC: “El Gobierno actual está repitiendo errores del pasado, no solo al estigmatizar a las personas que protestan, sino también al no implementar los acuerdos de paz firmados en 2016”.
El premio a la inexactitud se lo ganó La Verdad, de Maracaibo, quien el 5 de mayo habló de 24 muertos (23 civiles y un policía) y prometió que sus fuentes eran “grupos internacionales y celebridades”. El 5 de mayo, La Verdad de Maracaibo citó a Amnistía Internacional quien habría dicho que la policía colombiana “disparó ráfagas letales contra una multitud de manifestantes en Cali”. ¿Fuente? Ninguna.
Anne Proenza, corresponsal en Bogotá del diario francés Libération, no dió cifra alguna pero pintó, el 10 de mayo, a la “guardia indígena” como “víctima de los habitantes de Cali”. Ese mismo día, Mikael Pouge, de Radio France Internationale, omitió los datos de muertos y heridos pero aseguró, sin explicación seria, que en Colombia “la contestación social es violentamente reprimida”.
Por fortuna, no toda la prensa ni todas las agencias de noticias dieron cifras cuestionables ni se dedicaron a cargar la barca de la fuerza pública. La venerable BBC de Londres, el 3 de mayo, retomó el dato dado por la Defensoría del Pueblo ese mismo día y dijo, en un artículo relativamente exacto, que las protestas habían dejado 19 muertos.
Expansión, de México, habló el 3 de mayo de 17 muertos basado en el informe de la DP. Y el 4 de mayo dio la cifra de 19 muertos. La Voz, de Florida, el 6 de mayo, habló de 19 muertos y citó a la Defensoría del Pueblo.
Lo curioso es que hoy, 11 de mayo, cuando traté de abrir de nuevo la página web de la Defensoría del Pueblo, para ver si había nuevos informes sobre el número de muertes producidas por las protestas, la respuesta del sistema fue “Ce site est inaccesible”. Traté durante varias horas de acceder a esa página con idéntico resultado: la página no abre, y no abre para nadie pues, desde un segundo país europeo, alguien trató de llegar a esa página y el resultado fue idéntico: “Safari Can’t open the Page”.
¿Raro? Rarísimo pues ese mismo día, precisamente, fue cuando apareció en la prensa de Bogotá un artículo que habla de un flamante organismo, para nada oficial, integrado por más de 60 grupúsculos, donde se destacan la Unión Patriótica, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Cinep, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras células menos conocidas como el Colectivo José Martí, Temblores y Boroló.
Ese grupo dice que desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo se han registrado en Colombia 52 muertos civiles “por el accionar de la fuerza pública” en el “marco de la protesta social”. Admite rápidamente la muerte de “un policía” pero silencia el hecho de que éste fue ultimado por un vándalo manifestante. También afirma que hay 489 personas heridas “por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad”. El grupo no menciona ni comenta las masivas agresiones realizadas por las turbas fanatizadas de izquierda, donde hubo el uso de varios tipos de armas, incluidas las de fuego. Tampoco utiliza los datos de la Defensoría del Pueblo ni dice qué otras fuentes respaldan sus cifras y sobre todo si las acusaciones contra la Policía Nacional provienen de una investigación seria producida por una entidad judicial estable y creíble.
Que rara coincidencia. La Defensoría del Pueblo es silenciada y al mismo tiempo aparece un “colectivo” mamerto que pretende asumir el cargo de única fuente de las cifras de los muertos y heridos generados por las bárbaras protestas de la CUT, Fecode y el Cric.
Seguiremos de cerca la actitud de la prensa internacional ante las valoraciones insensatas del nuevo “colectivo” mamerto.
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