Pues bien, en Ecuador primero y en Chile después, se han sucedido hechos que se puede caracterizar, por un lado, como protestas multitudinarias por alzas en los combustibles en Ecuador y en el servicio de metro en Santiago y, por el otro, asonadas acompañadas de ataques a bienes privados y públicos y de acciones terroristas. En ambos casos, los cuerpos policiales fueron desbordados, los gobiernos debieron sacar las fuerzas militares a la calle, y echaron para atrás los aumentos.
Para quienes sostienen que las manifestaciones son una reacción a las políticas de gobiernos de “derecha”, hay que recordar que, en Ecuador, Rafael Correa entregó el poder en el 2017 y Lenín es de su mismo partido y apenas lleva dos años en el cargo. Moreno decidió subir la gasolina en USD 0,50 por galón. Ecuador ha gastado en subsidios a los combustibles, solo desde 2005, USD 54.269 millones, el 50% del PIB y prácticamente el valor de toda la deuda externa del hermano país. El 85 % de la gasolina subsidiada beneficia exclusivamente al quintil más rico de la población, que es el que la consume, y el subsidio del gas beneficia cinco veces más al quintil más rico que al quintil más pobre.
Y en Chile, desde la transición a la democracia en 1990, la Concertación, coalición del centro a la izquierda, ha gobernado por 24 años, de ellos los últimos 14 por socialistas. De hecho, el último gobierno de Bachelet, 2014-2018, contó con participación del partido comunista y la izquierda radical. Solo cinco años y unos meses, incluyendo este último año y medio, han sido de la derecha de Renovación de Piñera. La decisión de aumentar la tarifa del metro en 30 pesos chilenos, USD 0,04 centavos, la tomó un panel de expertos, creado por ley, no Piñera. La de la luz, que parece irritó más que la del metro, la tomó Bachelet.
Un examen más a fondo muestra una conjunción de factores más allá de la respuesta a las alzas. Por un lado, está claro que, tanto en Ecuador como en Chile, además de manifestantes legítimos y pacíficos, hay agitadores profesionales apoyados por el régimen chavista. En Ecuador fueron deportados medio centenar de venezolanos que tenían planos con identificación de los puntos institucionales y de infraestructura más críticos. Y se incendió la sede de la Contraloría, donde se adelantan las investigaciones de corrupción contra Correa. En Chile, los incendios en 19 estaciones de metro se han producido de manera premeditada con materiales altamente inflamables y acelerantes. Y Diosdado Cabello ha anunciado que la “brisa bolivariana se convertirá en huracán”. Sería estúpido desconocer que hay una estrategia chavista para la desestabilización de sus contradictores políticos en la región.
También está fuera de duda que en ambos países delincuentes comunes han aprovechado para saquear comercios de todo tipo y que a los robos se han unido ciudadanos del común.
Pero sería un grave error reducir el fenómeno de las protestas a la influencia, estratégica u oportunista, de extremistas de izquierda o al aprovechamiento de las mismas por los malandros. Expresan también el descontento de un sector importante de la población que, aunque no mayoritario si es sustantivo, con el sistema democrático y sus resultados económicos y sociales.
El examen de esos resultados, en especial en Chile, bien vale una nueva columna. Pero es claro que hay que profundizar sobre las razones por las cuales protestan violentamente en un país que ha conseguido bajar la pobreza del 36% en el 2000 al 8,6% en el 2017, que tiene una tasa de desempleo del 7,2%, y una esperanza de vida de 80,6 años. Para comparar, en los mismos años nosotros bajamos la pobreza del 59% al 26,7%, la esperanza de vida en el 2017 era de 76,9 años y el desempleo del 9,4%. En ambos casos, la mejora fue sustantiva, aunque las cifras de Chile lo acerquen ya a los países desarrollados.
Mientras tanto, unas conclusiones rápidas: a) Lo ocurrido en Chile espantará la inversión extranjera y frenará su economía. ¿Seremos capaces de atraer parte de esa inversión o el impacto negativo incluirá a toda la región y a nosotros? b) La penetración chavista en Colombia es mucho mayor que en Ecuador y Chile. ¿Estamos en capacidad de responder aunque los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública fueron desmantelados durante Santos? c) En nuestro país operan factores adicionales que hacen más complejo el panorama: narcotráfico y grupos armados organizados muy bien financiados. ¿Cómo puede enfrentarse eficazmente esa múltiple amenaza? d) ¿El Gobierno ya tiene preparados los decretos de estado de excepción, en caso de que fueran necesarios, ha hecho un inventario de puntos críticos y ha elaborado un plan de respuesta? e) ¿Se ha aumentado la capacidad de la Policía Nacional y el ESMAD y están las fuerzas militares capacitadas y cuentan con medios no letales en caso de que la Policía sea desbordada?
